La Resolución de Año Nuevo: Afrontar las crisis ambientales o pagaremos un alto precio

Dejar de invertir en energía fósil es otra oportunidad para la política ambiental en 2022.

Cientos de defensores del medio ambiente reclaman en Nueva York políticas para que las empresas asuman su responsabilidad en la crisis ambiental.

Cientos de defensores del medio ambiente reclaman en Nueva York políticas para que las empresas asuman su responsabilidad en la crisis ambiental. Crédito: AFP / Getty Images

El 2022 traerá retos y expectativas significativas para nuestras comunidades con respecto al medio ambiente. En medio de una crisis climática y de injusticia ambiental, nuestro país—y el planeta—inicia un año clave para remediar, o al menos mitigar, las grandes catástrofes del futuro. Hasta el momento, la retórica en las promesas del Presidente Biden y su administración reconocen y afrontan estas emergencias, pero las palabras se las lleva el viento y requerimos de acciones concretas.  

Una de ellas es la aprobación del proyecto de ley conocido como “Build Back Better Act”, o BBBA. El BBBA, el cual sigue en negociaciones en el Senado, podría ser la legislación más importante en infraestructura y servicios sociales de los últimos casi 100 años.  Además de ayudar a las familias más necesitadas en educación y acceso a servicios de salud, la ley invertiría en tecnología para monitorear y limpiar el medio ambiente del cual dependen nuestras comunidades. Asimismo, invertiría miles de millones de dólares en reemplazar tuberías de plomo que a la fecha continúan sirviendo agua potencialmente contaminada a 22 millones de personas. De igual manera, proveerá cientos de millones de dólares para monitorear la calidad del aire y limpiar desechos tóxicos. Además, acelerará la transición al uso de energías renovables si se apoya la utilización de transporte eléctrico público y escolar.   

Pero todo depende de que el Senado apruebe este proyecto y que la administración Biden implemente estas medidas con equidad. Por experiencia propia, sabemos que comunidades de bajos recursos y de color son las que han heredado la mayoría de los daños causados por la contaminación industrial, así como la exclusión de servicios básicos. 

Si buscamos soluciones a nuestras crisis ambientales, el trabajo debe comenzar en estas comunidades. La administración Biden debe cumplir su promesa de invertir al menos 40% de los recursos federales en comunidades de color y bajos recursos–lo que llamó Justice 40–y solventar la injusticia ambiental y la crisis climática.  

Las inversiones federales deben ir acompañadas de medidas que reduzcan la contaminación y establezcan límites estrictos a industrias químicas, plásticas y energéticas para que eliminen o disminuyan sus emisiones. Lo mismo podemos decir de las industrias como las mineras que contaminan océanos, lagos y ríos. Las medidas son amplias pero la mayoría de ellas pueden ser efectuadas por la administración sin el aval del Congreso. Estas iniciativas empiezan con limitar las emisiones de tóxicos como el mercurio, el plomo, el ozono y otros contaminantes tan pequeños molecularmente que ningún filtro los puede capturar.  Igualmente, es necesario eliminar pesticidas tóxicos como los organofosforados que siguen envenenando no solo al consumidor, sino también a millones de trabajadores agrícolas y a sus familias.

Dejar de invertir en energía fósil es otra oportunidad para la política ambiental en 2022. El extraer energía del carbón, petróleo y gas, entre otros, nos seguirá pasando factura: estas industrias aceleran el cambio climático y envenenan nuestro aire y agua, por lo que deben eliminarse para contrarrestar la crisis actual. Biden debe dedicarse a hacer cambios verdaderos a políticas federales que aún favorecen a las industrias sucias, revertir decisiones como la de otorgar derechos para extraer petróleo de la costa del Golfo de México, y alejarse de alternativas falsas como la industria petroquímica y de gas natural. Su gobierno debe evitar inversiones en estas iniciativas e instituir cambios para que las leyes existentes favorezcan a los más vulnerables. 

Tenemos que prestar atención a temas que influyen en todo tipo de políticas — además de las ambientales– como la protección del derecho al voto y el acceso y transparencia de procesos políticos y civiles, particularmente para las comunidades históricamente desfavorecidas que suelen ser de color e inmigrantes. Es perentorio reforzar la capacidad del gobierno federal para alcanzar medidas protectoras del medio ambiente en nuestras leyes y castigar a aquellas industrias que no las respeten. 

Igualmente, el racismo y colonialismo tienen que ser erradicados totalmente. En particular, el trato que Puerto Rico recibe de nuestro sistema político debe ser reformado equitativamente para alcanzar energía de emisiones cero.  

Estas medidas requieren un gran esfuerzo del público y el gobierno federal para asegurar que el 2022 sea un año transcendental. No hay tiempo que perder ante las crisis ambientales que nos asedian, por lo que depende de nosotros el afrontarlas de forma contundente. De no hacerlo nosotros, nuestros hijos y las siguientes generaciones pagarán un precio catastrófico y nos juzgarán por no haber evitado una desgracia ambiental. 

Raúl García es director legislativo para comunidades saludables de Earthjustice. 

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