Gobierno de Puerto Rico y la Junta celebran confirmación de plan para reestructurar deuda en la isla mientras opositores lo tildan de “sentencia de muerte”

El gobernador Pedro Pierluisi consideró como trascendental y un gran avance el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) en el proceso para salir de la bancarrota; mientras varios grupos que apoyan una auditoría a la deuda anticipan recortes a las agencias públicas y a las pensiones, impacto en los servicios a la ciudadanía, aumento de impuestos y un desangramiento del Fondo General, principal fuente de ingresos del Gobierno de Puerto Rico

El "Plan de Ajuste de la Deuda" (PAD) que ratificó una jueza federal fue aprobado por la Legislatura de Puerto Rico.
El "Plan de Ajuste de la Deuda" (PAD) que ratificó una jueza federal fue aprobado por la Legislatura de Puerto Rico.
Foto: GETTY IMAGES

NUEVA YORK – Mientras el Gobierno de Puerto Rico aplaudió la decisión, activistas dentro y fuera de la isla tronaron contra la confirmación por parte de la jueza federal Laura Taylor Swain del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) para reestructurar el compromiso con los bonistas por entender que pone en riesgo las pensiones de los trabajadores y que agravará la situación fiscal de instituciones clave como la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Este martes, la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York dio su autorización para que las disposiciones del PAD, con el que se busca reducir la deuda pública de $70,000 millones de dólares a unos $34,000 millones, sean aplicadas.

La decisión de Taylor Swain se da casi cinco años después de que la Isla, territorio de Estados Unidos por más de un siglo, se declarara en bancarrota.

Bajo el convenio, se recortarán unos $21,000 millones en obligaciones generales, bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), así como millones de dólares en deudas con contratistas del Gobierno.

Lo anterior implica una reducción del 80% en la deuda, y le ahorrará al Gobierno central más de $50,000 millones en el pago a acreedores.

Anticipan recortes que impactarán los servicios básicos a la ciudadanía

Sin embargo, los detractores del acuerdo, además, consideran que el mismo implicará recortes en agencias públicas que impactarán directamente los servicios a la ciudadanía, mientras compromete el Fondo General o la principal fuente de ingresos del Gobierno de Puerto Rico.

En el Fondo, ingresan los dineros recaudados por el Departamento de Hacienda. De ese pote, la Asamblea Legislativa asigna a las distintas agencias gubernamentales para sufragar los distintos programas de servicios y de inversiones públicas cada año fiscal.

Julio López Varona, portavoz de Center for Popular Democracy, advirtió que la decisión de la jueza llevará a la isla por un camino de austeridad y a una nueva quiebra ya que el acuerdo sigue siendo insostenible.

A juicio de López Varona, la determinación judicial agudizará la situación económica de los boricuas que por los pasados años ha obligado a miles a abandonar la isla.

“Estamos hablando de más recortes de fondos, comprometer más nuestros servicios y potenciales aumentos como los que hemos visto por los pasados 10 años”, indicó el también abogado en referencia a los altos costos de la electricidad en Puerto Rico y la llegada de LUMA Energy, actual operador privado del sistema.

“Nosotros sabemos que el acuerdo es insostenible. Muchos, muchos economistas han dicho que Puerto Rico no está recortando suficiente deuda, es una receta para el desastre”, agregó López Varona según citado por The New York Times

Por su parte, el economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico José Caraballo-Cueto anticipó un incremento en impuestos como resultado de la resolución de la jueza.

“Lo que está pasando con el Fondo General se traducirá en medidas de mayor austeridad en los servicios esenciales e impuestos más altos para cumplir con los pagos”,  resumió.

Aprobación del PAD es una sentencia de muerte para Puerto Rico

El Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, entidad que lideró protestas a finales del año pasado contra el acuerdo mientras se realizaban audiencias en el Tribunal Federal de Puerto Rico para su evaluación, también tronó contra el fallo y lo describió como una sentencia de muerte para Puerto Rico.

“Nos mantenemos en que este plan de pago no es viable ni sostenible. La reducción que se hace a la deuda en bonos nos deja en un lugar muy similar a donde estábamos antes de la quiebra, teniendo que seguir tolerando más pobreza para nuestra gente, implementando más medidas de austeridad y aumentos en el costo de vida para garantizar el pago a los bonistas buitres. Se perdió una importante oportunidad para darle un nuevo comienzo a nuestra isla”, indicó en un comunicado escrito Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda.

Cuestionan impacto en retiro de maestros

Por su parte, Mercedes Martínez, del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, argumentó que el acuerdo afectará directamente el retiro de miles maestros en Puerto Rico.

“Repudiamos la decisión de la jueza Swain que no le hizo justicia a las maestras y maestros de este país avalando este terrible tumbe a nuestro retiro. Este plan de ajuste de la deuda es injusto y deshumanizante poniendo el peso del pago de una deuda sin auditar y la mayoría emitida ilegalmente en el magisterio que pierde su derecho a un retiro digno para pagarle millones de dólares a bonistas inescrupulosos”, planteó la vocera.

De paso, responsabilizó a los legisladores y al gobernador Pedro Pierluisi por su apoyo al plan y a la Junta de Control Fiscal, grupo establecido por el Congreso en Washington a través de la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) que monitorea las finanzas locales y que se cumpla con el pago de la deuda.

“Los verdaderos responsables de esta pésima decisión es la Asamblea Legislativa y el gobernador Pedro Pierluisi quienes brindaron su apoyo a la Junta de Control Fiscal en lugar de promover la cancelación de la deuda y defender las pensiones y los servicios esenciales como era su deber con el pueblo”, denunció Martínez.

PAD no protege pensiones futuras de empleados

Sonia Palacios, del Frente en Defensa de las Pensiones y Construyamos Otro Acuerdo, cuestionó que el acuerdo no protege las pensiones futuras.

“Aunque la confirmación del PAD protege las pensiones presentes, descarta el ajuste a las pensiones conforme al aumento en el costo de vida. Esto impone una reducción gradual a nuestras pensiones. Además, no se extendió el principio de ‘cero recortes’ a las pensiones futuras de maestros y otros servidores públicos. Los responsables de esto son el Gobernador y  los legisladores que traicionaron la Ley de Retiro Digno y no hicieron nada para defenderla. Vamos a fiscalizar y a reclamar justicia. No nos vamos a quitar”, alertó Palacios.

Pierluisi considera acuerdo un paso trascendental para salir de la bancarrota

Pero no todos se manifestaron en contra del PAD y su confirmación. Pierluisi indicó que, aunque el plan no es perfecto, es muy bueno, ya que supuestamente protege a los pensionados, a la Universidad y a los municipios.

El funcionario, quien catalogó el acuerdo como un gran paso para la recuperación económica, anticipó precisamente lo que niegan repetidamente los grupos que piden una auditoria de la deuda: que la isla se encamina a una clausura del proceso de quiebra.

“Reduce significativamente la deuda de nuestro Gobierno a un nivel sostenible que nos permitirá cumplir con nuestras obligaciones y, al mismo tiempo, tener los recursos para crecer nuestra economía y garantizar los servicios esenciales a nuestro pueblo”, afirmó el gobernador en declaraciones escritas.

En iguales términos se expresó la Junta de Control de Fiscal al indicar, mediante Twitter, que Puerto Rico comenzaba un nuevo capítulo en su historia.

“PR puede comenzar a pasar de la inestabilidad fiscal y la insolvencia a un futuro de oportunidades y crecimiento”, compartió la Junta en la red social.

Coalición de organizaciones de la diáspora en EE.UU. también truenan contra Swain y la Junta

Power 4 Puerto Rico, una coalición de organizaciones de la diáspora que abogan por la descolonización de la Isla, también repudiaron la decisión de Swain.

“Power 4 Puerto Rico ha pedido consistentemente la abolición de la conflictiva y antidemocrática Junta no electa por los puertorriqueños que gobierna la Isla. La ley federal que creó la Junta –PROMESA– no es más que otra muestra del colonialismo. Las acciones de Junta han impuesto austeridad a los puertorriqueños trabajadores, estudiantes y los más vulnerables. Ahora estamos cargados con el pago de deudas por décadas con pocas o ninguna reforma para mejorar el suministro de servicios esenciales, sin herramientas para el desarrollo económico, y sin un fin a la vista al yugo de la Junta sobre nuestra gente. Ahora es momento de auditar la deuda, cancelar los reclamos ilegales y devolverle la integridad a Puerto Rico”, indicó en un comunicado este martes, Erica González, directora de Power 4 Puerto Rico.

De paso, la coalición pidió acción del Congreso de Estados Unidos y del presidente Joe Biden para eliminar el organismo financiero y cancelar la deuda. “La jueza Swain y la Junta han fallado. El presidente Biden prometió evitar estas trampas y él también ha fallado. Ahora le toca al Congreso abolir la Junta y cancelar la deuda ilegal. Demasiadas vidas están en jaque si esta decisión prevalece”, puntualizó la portavoz del grupo.

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