Piden restaurar moratoria de rentas en NY y que cortes frenen casos de desalojo si inquilinos no tienen abogados

El pasado sábado 15 de enero expiró la moratoria de rentas en el estado de Nueva York que, en medio de la pandemia del COVID-19, protegió por más de año y medio a inquilinos morosos de ser desalojados de sus casas y apartamentos.

Y ahora, con los dueños de los inmuebles con vía libre para iniciar procesos de desalojo a quienes adeudan rentas, líderes políticos de Nueva York, activistas e inqulinos, hicieron este martes un llamado urgente a los gobiernos estatal, federal y municipal, para que adopten medidas inmediatas, a fin de frenar lo que se ve en el horizonte como una crisis sin precedentes que dejaría a miles de familias en la calle.

Así lo advirtió el presidente del condado de Manhattan, Mark Levine, quien pidió a la gobernadora Kathy Hochul que reinstaure la moratoria de rentas, al menos hasta junio del 2022, al igual que pidió a la Ciudad que inste a que los tribunales de vivienda a que no mueva ningún proceso de desalojo contra inquilinos que no tengan representación legal en sus casos.

“Estamos haciendo sonar las alarmas hoy ante lo que puede convertirse en una avalancha accidentada a gran escala contra inquilinos que pueden ser desalojados, con una magnitud que no hemos visto nunca antes en Nueva York”, dijo el líder político de Manhattan en conferencia de prensa con presidentes de otros condados y miembros del Concejo Municipal.

Levine advirtió que si no se aprueba pronto una extensión de la moratoria y si no se destinan más recursos para abogados, miles de familias, el 90% de ellas con casos de desalojo por no pago de rentas, estarán en riesgo inminente de sumarse a la ya alta población de desamparados en medio de la pandemia.

“Muchos inquilinos han perdido su sustento y tienen estrés, por lo que seguimos pidiendo acciones estatales justo cuando la moratoria de desalojos expiró el sábado y ya comenzaron los procesos de desalojo”, dijo el político, pidiendo además que el Concejo Municipal de Nueva York apruebe la llamda “ley de derecho a un abogado 2.0”, legislación que busca proporcionar abogados gratis a todos los inquilinos vulnerables que enfrentan desalojo.

“Estamos haciendo un llamado a que ningún caso en el tribunal de vivienda puede avanzar sin que un inquilino tenga derecho a un abogado. Muchos jueces hacen esto, pero exigimos que ese sea el caso para todos”, reiteró Levine, al tiempo que instó al gobierno federal también a inyectar fondos adicionales al programa de alivio de rentas ERAP, que ha ayudado a miles de familias a pagar sus rentas, pero cuyos dineros se han quedado cortos para tenderle la mano a todos los inquilinos que están atrasados en sus pagos en Nueva York, muchos de los cuales ni siquiera han aplicado todavía.

Antonio Reynoso, presidente del condado de Brooklyn, se sumó al mismo llamado y pidió a Albany que actúe cuanto antes con la extensión de la moratoria de rentas y la aprobación de leyes críticas como abogados para inquilinos y la ley de desalojo por causa justa que protegería a quienes no han podido pagar sus alquileres.

“Estamos en medio de una crisis extendida hacia el desamparo, que disparó el COVID y debemos tomar acciones inmediatas para proteger a las personas más vulnerables, pues si no lo hacemos va a exacerbar la crisis de desamparados”, aseguró el político. “Necesitamos mayormente que los gobiernos federal y estatal hagan más por ayudar a la gente atrasada en sus pagos. No es que estemos en contra de los caseros ni los dueños de las casas, pero sabemos que debemos encontrar más recursos para proteger a todos. Si no se extiende la moratoria veremos lo que ya estamos viendo en las cortes con requerimientos de desalojos”.

Janet Peguero, vicepresidenta del condado de El Bronx, manifestó que a pesar de que miles de inquilinos aplicaron al programa de ayudas ERAP, todavía los recursos no han sido asignados a sus caseros, por lo que también insisitió en la urgencia de aprobar leyes que aumenten el derecho de ayuda legal a arrendatarios que sean llevados a la corte, pues según dijo, datos demuestran que en el 84% de los inquilinos que pelearon desalojos con ayuda de abogados pudieron seguir en sus casas.

Los jefes de los condados pidieron además a los inquilinos que se vean en medio de órdenes de desalojo, que no se vayan de sus hogaes ni se llenen de miedo y por el contrario, los instaron a que llamen a la línea 311 y soliciten ayuda legal, pues como dijo el presidente Reynoso, “tienen derechos” que deben ser defendidos.

Randy Dillar, líder de la organización defensora de inquilinos CASA (Community Action for Safer Apartments), criticó fuertemente a la gobernadora Hochul y la instó a que se sume a los líderes de la Legislatura estatal para reinstaurar la moratoria de rentas, por seis meses más, mientras se aprueban más protecciones.

“Tenemos un millón de inquilinos relegados y nadie ha hablado sobre cuántos de ellos han perdido a sus seres queridos en medio de la pandemia, nadie ha hablado de la gran crisis de los niños aprendiendo de manera remoto, nadie ha hablado del sufrimiento de los inquilinos y ahora les ponen otra carga: el desalojo, en medio de pandemia, con 214,986 inquilinos desalojados“, dijo el activista. “Seamos claros, estamos hablando de madres, padres, abuelos, niños. Sabemos que (el Estado) encontró dinero para todos menos para los inquilinos. Dieron ayudas a la MTA y no para los inquilinos. Ya tenemos un problema de desamparados y esto va a empeorar todo, Por eso exigimos al gobierno que extienda la moratoria hasta junio del 2022 y dé más recursos al fondo ERAP y que aprueben la ley de derecho a abogados a inquilinos”.

Shaun Abreu, quien se está estrenando como miembro del Concejo Municipal, y quien tiene experiencia como abogado de inquilinos, destacó también que junto a la extensión de la moratoria de rentas por parte de la Administración Hochul, será la ampliación de la ley de abogados en procesos de desalojos, lo que marcará una diferencia en medio del panorama preocupante que se ve con arrendatarios llevados a los tribunales.

“La ley aprobada en su primera versión por el Concejo hubiera hecho que en los 90′ familias como la mía, que fuimos desalojados cuando yo tenía 9 años, hubiéramos podido permanecer en nuestro apartamento, pues como abogado he visto el impacto que tiene la representación legal sobre inquilinos, donde sabemos que el 84% de las familias pueden permanecer dentro de sus hogares“, dijo el nuevo concejal. “Tenemos que asegurarnos de que todos tengan derecho a representación legal. Podemos lograr mucho trabajando juntos”.

La concejal por El Bronx Althea Stevens, calificó el fin de la moratoria de rentas como un golpe bajo a los inquilinos de Nueva York y pidió que los diferentes niveles de gobierno vean la gravedad de lo que está por suceder si no toman acciones.

“El fin de la moratoria fue un impacto y un trauma para familias y niños que ya están enfrentando traumas. Tener ahora desalojos es muy fuerte y realmente podemos evitar traumatizarlos más de lo que ya están proveyendo recursos, pues es 100 por ciento inaceptable que esto esté pasando cuando sabemos que la vivienda debe ser un derecho humano básico”, dijo la política de El Bronx.

Alejandra Marín, inquilina de un edificio en ese condado, quien debe más de un año en arriendos atrasados debido a pérdida de ingresos tras la pandemia del COVID, imploró a la Administración Hochul que extienda la moratoria, pues de lo contrario teme que miles de arrendatarios como ella terminen con sus cosas en la calla y echadas a su suerte.

“Sin protecciones qué va a pasar con nosotros. Vamos a terminar siendo desamparados y con más traumas de los que la pandemia nos ha dejado”, dijo la mexicana, quien se declaró muy angustiada. “Si no nos dan la mano con el pago de rentas va a haber una crisis peor en medio de esta pandemia”.

La exasambleísta y actual concejal Carmen de la Rosa, recordó a los legisladores estatales y a la gobernadora Hochul que está en sus manos el futuro de miles de familias y los exhortó a actuar rápido y respaldar una pieza de ley que prohíba desalojos en época de frío.

“Ellos tienen el poder de extender la moratoria y la realidad es que mandar a las calles a familias enteras cuando está frío afuera y en medio de semejante pandemia es una acción equivocada. Hay que recordarles el sentido de humanidad, por lo que necesitamos que se apruebe la moratoria y la ley de desalojo con causa justa”, dijo la política.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, criticó a la Gobernadora Hochul y aseguró que poner freno a la moratoria de rentas en pleno invierno, dando vía a eventuales desalojos en estampida, es grave.

“En medio del invierno, en medio de una oleada de coronanavirus, tener esta moratoria acabando, además de no apoyar las protecciones de desalojo de ‘buena causa’, me hace creer que la gobernadora puede no entender la magnitud del problema, o puede que no tenga la capacidad de cumplir”, dijo Williams.

Sobre la urgencia de que las cortes de vivienda de la Ciudad solamente atiendan casos de desalojo cuando los inquilinos cuenten con representación legal para pelear sus casos en los tribunales, la Administración del Alcalde Eric Adams dijo que la analizarán.

“Apreciamos la propuesta de los presidentes de los condados y la revisaremos a fondo”, aseguró Charles Lutvak, vocero del Alcade Adams.

La Oficina de la Gobernadora Hochul no respondió a los cuestionamientos de los presidentes de condado y concejales en concreto y tampoco se refirió a si hay o no un plan pronto para reinstalar la moratoria de rentas contra desalojos, pero destacó que han tomado medidas decisivas para proteger a los inquilinos del Estado.

“Desde romper el atasco de la asistencia de emergencia para el alquiler para pagar u obligar más de $2 mil millones en alivios del alquiler, hasta invertir $25 millones en servicios legales gratuitos para los inquilinos, hasta utilizar su dirección estatal para proponga una serie de medidas audaces y alcanzables que aborden las desigualdades de vivienda a largo plazo”, dijo Jim Urso, vocero de la Administración Hochul. “La gobernadora Hochul continuará trabajando con la Legislatura para proteger a los inquilinos y mantener a los neoyorquinos en sus hogares”.