México recibe “artillería” de apoyo en demanda contra productoras de armas en Estados Unidos

Desde organizaciones civiles hasta expertos en derecho, 13 entidades de los Estados Unidos y los gobiernos de Antigua & Bermuda y Belice respaldan la demanda del Gobierno mexicano contra productoras de armas y piden al juez Dennis Saylor rechazar la petición de los demandados para desechar la queja civil.

El respaldo ocurre luego de que se cancelara la audiencia programada para el 27 de enero, donde el juez tomaría una decisión sobre la petición de las ocho empresas y de que el Gobierno mexicano retirara de la demanda contra Glock, Inc. y Baretta Holdings SPA.

Sin embargo, organizaciones como Everytown for Gun Safety y Latin American and Caribbean Network for Human Security (SEHLAC), así como los gobiernos de Massachusetts, California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, y Oregon, establecen que la demanda expone preocupaciones reales sobre cómo las empresas demandadas han contribuido a la violencia con armas.

“Los Estados Amici… tenemos un interés primordial en preservar todas las herramientas legales, incluidos los remedios legales y de derecho consuetudinario para conductas ilegales, para disuadir la violencia armada dentro de nuestras fronteras”, indican los estados en un documento emitido a la Corte de Distrito de Massachusetts.

Señalan que la interpretación de los demandados –de que no tienen responsabilidad sobre quiénes compran armas– es una “interpretación simple” de la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) y aunque reconocen la posibilidad de que el juez decida que México no tiene jurisdicción para sustentar la demanda, consideran que sus argumentos sobre la actuación de las productoras son válidos.

“Incluso si esta Corte concluyera, contrariamente al argumento de México, de que la PLCAA se aplica extraterritorialmente, el estatuto no impediría los reclamos planteados aquí”, se apunta.
Los estados defienden su derecho a los reclamos por los efectos de la violencia causada por armas y violaciones a normativas estatales.

“La PLCAA, por lo tanto, no impide la demanda de México”, indican los estados. “Y una decisión contraria… daría lugar a serias preocupaciones sobre la Décima Enmienda”.

Cabe recordar que la Décima Enmienda permite a los estados establecer legislaciones no prohibidas en la Constitución.

Respeto a la vida

La organización Everytown for Gun Safety destaca que la defensa de los acusados intenta mostrar la demanda de México como una especie de invasión a los valores de EE.UU., en referencia a la Segunda Enmienda, pero consideran que la demanda se enfoca en la “defensa de la vida”.

“No mencionan nuestros valores compartidos: el respeto por la vida humana y el deseo de vivir libres de la violencia armada”, señala el documento que respalda al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Los acusados amenazan estos valores compartidos al diseñar, comercializar y vender sus armas de una manera que las canaliza hacia los cárteles de la droga en México”.

Un grupo de profesores en derecho transnacional también respalda a México y rechaza la postura de las productoras de armas de que ese país no tenga jurisdicción para el litigio en EE.UU.

“El derecho internacional reconoce la autoridad de un estado para aplicar su ley a una conducta fuera de su territorio que cause efectos sustanciales dentro de su territorio”, indican el grupo de 15 expertos, entre los que se encuentran George A. Bermann, de la European Union Law; Pamela Bookman de Law at Fordham University School of Law, y William S. Dodge, de University of California.

Otros gobiernos

El apoyo a México también llega de los gobiernos de Antigua & Barbuda y Belice, naciones de El Caribe. Su documento es emitido con respaldo de la SEHLAC, la cual coordina una coalición de organizaciones civiles sobre derecho internacional humanitario en América Latina y El Caribe (ALC).

“El crimen violento ha dañado gravemente a las naciones de ALC y a sus ciudadanos, especialmente en los últimos años”, indica el documento. “Una parte sustancial de esta violencia ha sido perpetrada usando armas de fuego traficadas ilegalmente desde los Estados Unidos”.

El argumento agrega que las naciones que integran el ALC, donde también participan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala y Perú han buscado “poner fin a este tráfico ilegal de armas”.

“El tráfico ilegal de armas de fuego estadounidenses debe reducirse en su fuente: la industria de armas en EE.UU.”, indican. “No se debe permitir que los fabricantes y distribuidores de armas de una sola nación tomen como rehenes a los ciudadanos respetuosos de la ley de toda una región del mundo”.

No hay todavía programada una nueva audiencia sobre el proceso judicial, pero es posible que el juez Saylor permita a las partes explicar sus argumentos, algo que habían solicitado los demandantes.

México ha logrado respaldo internacional contra el tráfico de armas, como lo marcó la firma de un acuerdo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en noviembre pasado, así como la postura del Gobierno del presidente Joe Biden para endurecer la lucha contra esa problemática, a través del nuevo plan contra el crimen organizado, conocido como Entendimiento Bicentenario.