Reporte confirma que ‘guillotina’ de Rikers Island está más afilada por fallas de personal penitenciario
En promedio 30% de oficiales de custodia siguen en casa con licencia de enfermedad. Si la Ciudad no muestra cambios, el gobierno federal podría tomar el control del penal
Una cuarta muerte el pasado fin de semana, en lo que va de 2022, en los calabozos de Rikers Island, apuntó nuevamente el dedo con mucha fuerza hacia el Departamento de Correcciones de la Ciudad (DOC) y despeja más el camino para que eventualmente una comisión del gobierno federal asuma el control de la cárcel más grande de Nueva York, marcada ascendentemente por la violencia.
“El informe de la Junta Correccional de Nueva York (BOC), inmediatamente después de la muerte por suicidio de Deshawn Carter, de 25 años, subraya las recurrentes fallas de las cárceles de la Ciudad de Nueva York y la persistente incapacidad del DOC para mantener a los internos seguros”, reaccionó Tina Luongo, abogada de la unidad de Defensa Criminal en The Legal Aid Society (Legal Aid)
El reporte detallado sobre los decesos de otros tres hombres en Rikers Island este año, Tarz Youngblood, George Pagan y Herman Diaz, vincula a todas las fatalidades con fallas administrativas en la garantía de servicios médicos esenciales y vacíos en el personal en algunas áreas que se han convertido en una “guillotina”.
BOC concluyó que esta secuencia de fallecimientos fueron consecuencia de fallas y vacíos de oficiales penitenciarios en secciones enteras del centro de reclusión ubicado en Queens, el cual alberga a la fecha a 5,400 detenidos de Nueva York.
Además, con base a este reporte, áreas de vivienda y reclusión enteras ni siquiera tienen un oficial de servicio para brindar asistencia médica de emergencia o llevar a los internos a las clínicas.
30% del personal en casa
En este sentido, de acuerdo con las consideraciones presupuestarias del año fiscal 2023, la Alcaldía planea contratar 598 oficiales correccionales adicionales.
“Si bien la Ciudad de Nueva York tiene el contingente más grande de oficiales correccionales por persona encarcelada de cualquier cárcel en el país, se ha permitido que aproximadamente el 30 por ciento de esos oficiales se queden en casa con licencia por enfermedad ilimitada o trabajos de escritorio fuera de las cárceles”, explicó Luongo.
Se especifica que bajo la administración del comisionado del DOC, Louis Molina, quien asumió esta posición en enero, se perdieron 12,745 citas médicas programadas solo en el mes de marzo.
En un día cualquiera, alrededor de un tercio de los aproximadamente 7,700 miembros del personal uniformado de la agencia, reportan que están enfermos o que debido a lesiones u otras afecciones médicas no pueden trabajar con personas bajo custodia.
Fallas en protocolos de suicidios
La Junta también notó fallas continuas para brindar atención en casos de salud mental.
“No sorprende que los informes noticiosos sobre la muerte del Sr. Carter, durante el fin de semana, sugieran que padecía una enfermedad mental pero, sin embargo, fue colocado en un área de población general, en donde según los informes, murió ahorcado sin que el personal lo notara”, destacó en un comunicado Legal Aid.
En un testimonio ante el Concejo de la Ciudad de Nueva York hace dos semanas, Legal Aid denunció las fallas en los protocolos de detección de suicidios de la Ciudad de Nueva York e hizo recomendaciones concretas para salvar vidas.
Momento crítico para el cambio
Solo unos días después de que Dashawn Carter se convirtiera en la cuarta persona en perder la vida en Rikers Island este año, el Defensor del Pueblo Jumaane Williams repitió sus llamados a tomar medidas urgentes para abordar las condiciones inhumanas de ese recinto.
“Llama la atención que la Ciudad se está preocupando por contratar más oficiales correccionales cuando hay cientos de funcionarios que no van al trabajo. La administración debe ser preventiva, no punitiva. Esta prisión requiere más trabajadores sociales e interruptores de violencia”, consideró Williams.
Ante la inminente intervención de una comisión del gobierno federal que asumiría el control de este centro penitenciario, ante la ola indetenible de violencia y suicidios, la postura del Defensor del Pueblo es que la Ciudad no debería nunca dejar de trabajar para realizar cambios.
“Deberíamos tomar una administración judicial federal, como una acción seria sobre la mesa. Debería empujarnos a tomar esto como un momento crítico final para el cambio. No debe verse como continuar haciendo lo mismo que antes”, concluyó.
Empezarán a suspender a oficiales
El comisionado del Departamento de Correcciones de la ciudad de Nueva York, Louis Molina, deberá presentar un plan claro antes del 17 de mayo, que permita detallar cómo superar la ola de ataques, vacíos de personal y suicidios en Rikers.
Si no logra convencer a un juez federal que puede detener la violencia y redirigir la fuerza laboral, en cuestión de semanas, podría llevar a la asignación de un funcionario federal para administrar uno de los sistemas penitenciarios más grandes del país.
El mes pasado, el Departamento de Justicia de EEUU sugirió la posibilidad de una intervención federal mediante el nombramiento de un síndico que despojaría a la ciudad del control del problemático complejo carcelario.
Molina ha advertido ante medios locales que empezará a suspender a los oficiales que abusen de las licencias por enfermedad.
“No estamos en el punto de agotamiento. No estamos en el punto en el que no hay retorno. Debemos pensar en la suspensión de pagos. Hemos hecho esto antes”, refirió el jefe máximo de las prisiones a The New York Times.
Se pudo conocer que en 2020, Molina enfrentó una situación similar y evitó que la cárcel del condado de Westchester en Nueva York pasara a supervisión federal.
Muerte en ‘Rikers’:
- 16 internos murieron en 2021 en diferentes circunstancias bajo posesión del Departamento de Correcciones de la Ciudad de Nueva York.
- 4 fallecimientos en lo que va de 2022. El último deceso confirmado fue de un joven de 25 años, Dashawn Carter, quien murió el pasado sábado. Estuvo bajo custodia por cargos de robo en tercer grado y robo en primer grado desde el 5 de mayo.