Caseros hispanos abusivos amenazaban a inmigrantes con reportarlos con ICE, ahora enfrentan demanda

Una pareja de inmigrantes que rentaba un apartamento de una habitación en un sótano a $600 dólares mensuales recibió amenazas de su casero de que los reportaría con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero ahora los arrendadores enfrentan una demanda, debido a que habría violado una ley contra discriminación de vivienda en Illinois.

La organización MALDEF (Mexican American Legal Defense and Educational Fund) presentó el proceso judicial en nombre de María Maltos Escutia y Gabriel Valdez García.

“La demanda es la segunda presentada por MALDEF en virtud de la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes (ITPA), una ley de Illinois de 2019 que prohíbe a los propietarios utilizar el estatus migratorio de una persona para discriminar o acosar a un inquilino“, indica la organización.

En 2017, Maltos Escutia y Valdez García alquilaron el apartamento en el sótano de la vivienda de Marco Antonio Contreras y Denise Contreras.

En ese momento, Maltos Escutia y Valdez García acordaron verbalmente pagar $600 de alquiler, que incluía los servicios públicos, el primer día de cada mes.

Una organización latina de derechos civiles está demandando a una pareja de Chicago que amenazó con denunciar a los inquilinos a los funcionarios de inmigración después de una disputa sobre el alquiler en

“Nunca se debe permitir que los propietarios exploten el estatus migratorio de sus inquilinos para obtener una ventaja injusta y coercitiva en el arreglo del alquiler de la vivienda”, consideró Thomas A. Saenz, presidente y consejero general de MALDEF. “Afortunadamente, la ITPA prohíbe esta conducta y debería hacer que todos los propietarios de Illinois abandonen tácticas como amenazar con contactar a ICE”.

Según la demanda, en febrero de 2020, los Contreras le pidieron a la pareja que firmara un contrato que describiera los términos del alquiler, bajo la excusa de que el acuerdo era necesario para que dueños de la vivienda obtuvieran un préstamo para comprar una segunda casa.

“La pareja firmó el contrato, que cambiaba la fecha de vencimiento del alquiler al 29 de cada mes y pagaba un depósito de $600. El contrato también requería que la pareja pagara sus propios servicios públicos”, indica el informe. “Dos meses después, los Contreras informaron a Maltos Escutia y Valdez García que aumentarían el alquiler a $800 mensuales; una suma que la pareja no podía pagar. A pesar del aumento del alquiler, los Contreras aceptaron $600 por mes de alquiler desde abril hasta junio de 2020”.

Aunque aceptaron el monto, los dueños de la vivienda dijeron a la pareja que debía mudarse en agosto de ese año, pero no dieron una notificación por escrito.

“Más tarde ese mes, los Contreras entraron al apartamento y le dijeron a la pareja que el alquiler de julio vencía el 29 de junio y exigieron que pagaran”, se indica. “Cuando la pareja ofreció pagar una cantidad prorrateada ya que planeaban mudarse, Marcos Contreras amenazó con denunciar a la pareja a los funcionarios federales de inmigración, en violación de la ley estatal de Illinois”.

Al final los inquilinos se mudaron del apartamento el 31 de julio de 2020.

“La ITPA garantiza que todos los inquilinos en Illinois, independientemente de su estatus migratorio, tengan un acceso significativo a un hogar seguro y estable”, dijo Susana Sandoval Vargas, Abogada de planta, MALDEF. “Es importante que los propietarios dejen de utilizar como armas el estatus migratorio percibido de los inquilinos en las disputas entre propietarios e inquilinos”.

La demanda busca una multa de $2,000 por cada violación de la ITPA y el reembolso financiero por la propiedad perdida de la pareja, indica la organización.

Illinois es el segundo estado en promulgar una legislación que protege los derechos de los inquilinos inmigrantes, la primera fue California con una norma de 2017.

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