DACA: 10 años de esperanza y angustia constantes para ‘dreamers’

El perfil de Jessica Márquez, una ‘dreamer’ de 31 años, empata con los datos que demuestran los beneficios que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) ha dado a miles de jóvenes: terminó estudios universitarios, logró aumentar sus ingresos y está cursando su maestría, pero podría perderlo todo.

“La noche que les escribí acosté a mi niña y estoy estudiando mi maestría en administración pública… y pues iba a hacer mi tarea, tenía que escribir un ensayo, y me puse a pensar… estoy tratando de avanzar, pero tengo ese pensamiento de tengo DACA, si me lo quitan, ¿qué voy a hacer?”, compartió Márquez en entrevista.

La conversación surgió luego de que la joven socióloga y madre de una bebé de 15 meses escribiera a esta redacción para compartir con otras personas los sentimientos de esperanza y angustia que desatan estar en una especie de limbo migratorio, debido a que DACA podría desaparecer en cualquier momento.

Sobre todo, si el Quinto Tribunal de Apelaciones así lo decide, luego de una demanda del fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, presentada junto a sus homólogos de los estados de Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.

El programa iniciado por el presidente Barack Obama en 2012 ha enfrentado varios desafíos en tribunales, incluso llegó a la Corte Suprema cuando el presidente Donald Trump intentó terminar con el programa, pero los jueces no tomaron una decisión en firme y dejaron a otros tribunales menores el futuro de los ‘dreamers’.

Un reciente golpe ocurrió el 16 de julio de 2021, cuando el juez federal Andrew Hanen, consideró que la Administración Obama había violado la ley de procedimientos administrativos al establecer la protección migratoria que ha beneficiado a más de 800,000 jóvenes.

Aunque dejó que el programa continuara, el juez Hanen prohibió nuevas aplicaciones de protección ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), afectando a casi 80,000 posibles beneficiarios.

La Administración del presidente Joe Biden presentó una nueva propuesta para mantener el programa, pero también podría enfrentar desafíos legales.

El valor de los ‘dreamers’

Durante los momentos más complicado de la pandemia de COVID-19 miles de inmigrantes fueron trabajadores esenciales, incluidos ‘dreamers’.

Según un reporte del Center for American Progress (CAP, en inglés), 202,500 receptores DACA y 131,300 extranjeros adscritos al Estado de Protección Temporal (TPS) de El Salvador, Haití y Honduras, fueron trabajadores esenciales en colegios, supermercados, granjas y otros servicios.

Al menos 27,000 ‘dreamers’ tienen distintas habilidades para atender como médicos y personal de enfermería y pusieron en riesgo su salud durante los primeros brotes de COVID-19.

La edad promedio de los beneficiarios de DACA es 28 años y el 85% son parte de la fuerza laboral.

De 2012 a la fecha, los ‘dreamers’ han aumentado sus ingresos más de cinco veces, según un reporte de Fwrd.us, una coalición que presiona para lograr el camino a la ciudadanía de estos inmigrantes.

El 99% de los beneficiarios de DACA se ha graduado de escuela secundaria, agrega el reporte, mientras que el 47% ha completado alguna educación universitaria, como el caso de Jessica, quien también se encuentra entre el 42% de los que tienen hijos estadounidenses.

“A pesar de que las estadísticas pintan un cuadro vívido de los beneficios de la política, es crucial recordar que en riesgo hay vidas y familias de personas verdaderas si el Congreso no actúa para brindarles a los Dreamers una vía a la ciudadanía”, dijo el demógrafo principal de FWD.us, Phillip Connor.

La historia de Jessica

Jess, como le dicen sus familiares y amigos, fue traída por su mamá a EE.UU. cuando tenía tres meses, pero desde entonces, su situación como inmigrante indocumentada la ha marcado, aún cuando ha tenido la posibilidad de avanzar personal y profesionalmente.

Recuerda que su mamá tenía varios trabajos, limpiando casas, en tiendas o cuidando niños, pero procuró que sus hijos fueran al colegio.

“Cuando empecé la escuela me sentía diferente, especialmente porque hablaba español, porque es mi primera lengua, tenía que aprender inglés, no tenía esa conexión con los niños”, recuerda Jess, quien vive en San Dimas, California.

Una de las anécdotas que más le pesan en el alma es el momento en que debía demostrar al director del colegio que podía leer en inglés, estaba en segundo grado y su maestra puso especial atención en ella.

“No pude, se me olvidó todo”, contó. Ese recuerdo la sigue desde entonces, pero no la detuvo. Logró terminar en un año tres años de ‘highschool’, justo antes de que su madre le informara que debían volver a México, porque su abuelo estaba enfermo.

Volvió a EE.UU. como indocumentada, por segunda vez. Terminó la preparatoria, consiguió un trabajo en un restaurante y pensaba que hasta ahí llegarían sus sueños como inmigrante, pero ella quería estudiar y encontró el impulso en una consejera escolar.

“Conocí a una consejera que me dijo: ‘Jessica tienes que estudiar’. Le dije que no podía”, reconoce Jess, pero su consejera insistió con su propia historia: “Te voy a decir algo, yo no tenía mis papeles, tú no sabes lo que va a pasar, tú siempre ponte eso en la mente, sigue tus sueños, no sabes qué va a cambiar, busca becas, ponte las pilas”.

Cuando se enteró de DACA estaba trabajando en el restaurante, donde vio al presidente Obama decir que los niños no habían decidido llegar a este país, por ello debían ser protegidos.

A Jess le costó trabajo obtener la protección, debido a que había salido del país y volvió como indocumentada. Su madre salió de nuevo e intentó volver, pero fue detenida por ICE y deportada. Jess tenía 17 años y tuvo que hacerse cargo de sus tres hermanos menores.

Aunque tuvo que pagar $1,500 dólares y lograr juntar la documentación requerida, como reportes escolares del kínder –los cuales estaban perdidos–, Jess logró la protección a la deportación y un permiso laboral. Eso le cambió la vida, logró graduarse en Sociología en la Universidad de California en Riverside y avanzar con la maestría en Administración Pública en la Universidad Bautista de California en Riverside.

Sin embargo, lamenta que las amenazas constantes para terminar con el programa la mantengan en angustia, sobre todo porque ahora tiene a su bebé, por eso pide al Congreso tomar una decisión en firme.

“No estoy contenta al ciento por ciento… siempre tengo algo en mi mente de que me lo van a quitar, siempre pienso en que es temporal, me pregunto, ¿por qué no estoy feliz?, y es por eso”, reconoce Jess.