Denuncian abuso a internos con condiciones mentales en cárceles estatales de Nueva York y exigen tratamiento y no prisiones

El castigo y los abusos extremos a reclusos con necesidades de salud mental se han convertido presuntamente en pan de cada día en las llamadas Unidades Residenciales de Salud Mental (RMHU) en varias cárceles del estado de Nueva York, donde este tipo de internos en vez de recibir tratamientos, padece actos de aislamiento severo y otras medidas, incluso más punitivas que en otras instalaciones del sistema de prisiones.

Así lo denuncia un reciente reporte presentado por la coalición “Halt Solidarity Campaign y Mental Health Alternatives to Solitary Confinement (MHASC)”, en el que señalan la implementación de prácticas de abuso a largo plazo y castigos severos a personas con necesidades mentales, que afectan de manera desproporcionada a reclusos negros y latinos.

El informe, que analizó registros disciplinarios del Departamento de cárceles estatales de Nueva York (DOCCS) desde enero de 2017 hasta mayo de 2019, destacó que los presuntos actos de abuso tuvieron lugar en prisiones que manejan diferentes tipos de opciones terapéuticas para los internos con condiciones mentales, pero se usó mayormente el recurso de aislamiento, cuando los comportamientos violentos o agresivos fueron escasos.

El estudio de los datos encontró que el 81,7 % de las personas con acciones disciplinarias puestas en las Unidades Residenciales de Tratamiento de Salud Mental fueron negras o latinas, en comparación con el 69,5% en unidades de salud mental no disciplinarias; el 72,3 % en todas las prisiones del DOCCS y solo el 37% en el estado en general.

Los castigos de aislamiento por conductas no agresivas indicaron según el reporte un abuso potencial del personal de las cárceles y unidades de tratamiento y castigo contraproducente. Y los tipos de cargos impuestos fueron vistos como abuso y castigo excesivo ante manifestaciones relacionadas con necesidades de salud mental.

Asimismo se reveló que el 94% de las audiencias disciplinarias en las Unidades Residenciales de Tratamiento de Salud Mental (RMHTU) concluyeron en una declaración de culpabilidad, y algunas RMHTU tuvieron índices de culpabilidad de hasta el 98,4%.

Por otro lado, el reporte determinó que el 64% de todas las sanciones disciplinarias para personas en las RMHTU fueron por conducta no violenta y la mayoría de las sanciones más frecuentes fueron por presuntamente desobedecer una orden directa (15,2 %), crear disturbios (11,6 %) e interferir con el personal (10,3 %).

La Senadora Julia Salazar, presidenta del Comité de Víctimas de Crimen, delitos y Correccionales, del Senado Estatal se mostró alarmada por el panorama que enfrentan cientos de reclusos con condiciones mentales, quienes no reciben el tratamiento que necesitan, y en cambio son puestos en calabozos aislados, empeorando su estado.

“Es profundamente preocupante que algunos de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad estén sujetos a castigos y abusos extremos en nuestras prisiones estatales”, dijo la legisladora de Brooklyn. “El informe documenta lo que sabemos desde hace mucho tiempo: las prisiones y las cárceles no son lugares para personas con necesidades de salud mental”.

La líder política de nuevo manifestó la necesidad urgente de que personas con problemas mentales reciban tratamiento y no castigos tras las rejas, que no contribuyen a ninguna mejor ni rehabilitación, y exigieron acciones a Albany.

“La legislatura estatal debe aprobar la ‘Ley de Tratamiento, No Cárcel’, como un paso fundamental para garantizar que las personas con necesidades de salud mental reciban los apoyos que necesitan en lugar del castigo y el abuso del encarcelamiento”, dijo la senadora. “Al mismo tiempo, la Ley de Confinamiento Solitario HALT recientemente promulgada brinda a las prisiones y cárceles estatales la oportunidad de un enfoque fundamentalmente diferente para todas las personas que permanecen bajo su cuidado y custodia”.

La Senadora Jessica Ramos, patrocinadora del proyecto de ley de Tratamiento y no Cárceles, manifestó que los hallazgos del reporte presentado son una prueba más de las condiciones que sufren internos dentro del sistema carcelario del estado que requieren tratamiento.

“Los datos que se nos presentan en este informe ponen por escrito lo que he visto de primera mano durante mis muchas visitas a cárceles y prisiones en todo el estado de Nueva York: la salud mental de nadie se atiende o mejora en estas instalaciones”, dijo la senadora de Queens. “Simplemente no podemos continuar castigando y aislando a los neoyorquinos con problemas de salud mental y esperar resultados diferentes; no solo carece de compasión, tampoco es científico”.

En su reporte, la coalición MHASC recomendó también al Estado de Nueva York que cambie medidas de encarcelamiento para personas con necesidades extremas de salud mental, y pidió que el encierro en penales y penitenciarías no sea el recurso para manejar sus casos, sino que en vez de ello se implementen tratamientos.

La asambleísta Phara Souffrant Forrest, quien promueve la ley de tratamiento a internos con condiciones mentales, en la Cámara baja, advirtió que el informe aclara que ignorar, castigar o encerrar a las personas que sufren de una crisis de salud mental solo puede servir para exacerbar estos problemas.

“Este informe presenta información y análisis que van al corazón de nuestra actual crisis de salud pública, en la que vemos una falla sistemática de nuestro Estado para brindar opciones de tratamiento adecuadas para las personas con impedimentos funcionales”, comentó la política, acotando la urgencia de que se fomente mayor inversión para que las comunidades sean más saludables y seguras.

“En este momento, a nuestra sociedad simplemente le faltan las herramientas que necesita para abordar este problema vital, y hasta que creemos un sistema que saque a las personas del sistema legal penal y las coloque en el camino hacia un tratamiento real, nuestra crisis general de salud pública solo puede empeorar”, dijo Souffrant Forrest.

Jack Beck, experto en correccionales y defensor de los derechos de los internos, calificó de “indignante y una tragedia” que internos con necesidades graves de salud mental sean colocadas en unidades de terapia donde contrario a ese principio se traten de manera punitiva, incluso peor que en otras ubicaciones del sistema penitenciario.

“Tanto el DOCCS como la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York deben modificar drásticamente su enfoque de la atención de estas personas o liberarlas en la comunidad donde puedan recibir el tratamiento adecuado. Cualquier cosa menos es tortura”, advirtió el activista.

El reporte también citó al interno Jamahl Clarke, quien ha estado encarcelado en la Unidad de Salud del Comportamiento (BHU) y quien tras vivir en carne propia abusos y atropellos, exigió cambios en el enfoque de trato a internos con condiciones mentales.

“BHU es un lugar de trampa. Si quieren [llenarte] con tiempo, ahí es donde te envían. Harán todo lo posible para forzar tu mano para [llenarte] con tiempo con todo su abuso de brutalidad”, dijo el interno. “Represento a una clase particular de salud mental [personas en prisión] sujetas a castigos crueles e inusuales, y otros tormentos y oposiciones antagónicas, mientras elevamos nuestra humanidad y mantenemos nuestra dignidad lo mejor posible. Son capaces de salirse con la suya con el maltrato y la tortura de [personas en prisión]“.

Ante el reporte de que se están utilizando Unidades Residenciales de Salud Mental (RMHU) para castigar o abusar de personas encarceladas, las autoridades carcelarias del Estado de Nueva York rechazaron esos señalamientos y dijeron estar comprometidos en la defensa de la salud de reclusos y personal.

“Sugerir que el Departamento utiliza Unidades Residenciales de Salud Mental (RMHU), (por sus siglas en inglés) para castigar o abusar de personas encarceladas con enfermedades mentales perjudica al personal trabajador que se dedica al tratamiento especializado de estas personas”, manifestó el DOCCS, en un comunicado.

“El Departamento (de Correccionales) se toma muy en serio la salud física y mental de las personas encarceladas y se compromete a brindar el estándar de atención comunitario a cada persona bajo la custodia de DOCCS, al mismo tiempo que mantiene la seguridad de todas las personas dentro del entorno correccional, incluido el personal, personas encarceladas, visitantes y voluntarios”, agregaron.

El DOCCS agregó que todos los internos en unidades RMHU reciben propiedades, servicios y privilegios similares a los que se encuentran confinados en la población general y mencionó que el equipo de tratamiento disciplinario múltiple evalúa y determina los incentivos, las restricciones basadas en el comportamiento que impone un riesgo irrazonable de seguridad y protección a otras personas.

Además manifestaron que el personal que trabaja en las RMHU recibe ocho horas de capacitación al año sobre los tipos y síntomas de enfermedades mentales, los objetivos del tratamiento de salud mental, la prevención del suicidio y cómo manejar de manera efectiva y segura a las personas con enfermedades mentales.

Datos revelados por el reporte sobre presunto abuso a presos con condiciones mentales

• 2 años de aislamiento adicional en personas disciplinadas en las RMHTU (Unidades Residenciales de Tratamiento de Salud Mental) fueron impuestas por el DOCCS
• 399 reclusos fueron sancionados en una RMHTU durante los 29 meses que recopiló el reporte
• 99% de ellos fueron sancionados con confinamiento segregado
• 85% recibió al menos seis meses o más de tiempo de segregación
• 81,7% de las personas en las RMHTU disciplinarias fueron negros o latinos
• 69,5% de internos fueron asignados a unidades de salud mental no disciplinarias
• 72,3% en todas las prisiones del DOCCS
• 14,5% de internos puestos en RMHTU disciplinarios fueron blancos
• 94% de audiencias disciplinarias en las RMHTU resultaron en hallazgos de culpabilidad, y la gran mayoría
• tuvo tiempo adicional en aislamiento
• 98,4% de algunas RMHTU tuvieron tasas de culpabilidad
• 64% de todas las sanciones disciplinarias para las personas en las RMHTU fueron por conductas no violenta.
• 15,2% de las sanciones fueron por supuestamente desobedecer una orden directa.
• 11,6% fueron por crear un disturbio
• 10,3% fueron por interferir con el personal
• 0,7 % fueron por cargos de agresión entre compañeros
• 3,5% fueron por cargos de agresión al personal

Recomendaciones promulgadas en el reporte

• Se pide que el Estado deje de encarcelar a las personas con necesidades de salud mental y, en su lugar,
• amplíe y mejore la atención de salud mental basada en la comunidad, la desviación, la respuesta a crisis, y alternativas al encarcelamiento.
• Solicitan que se apruebe la “Ley de Tratamiento, No Cárcel” como un buen comienzo
• Se recomienda que el Estado implemente la Ley Solitaria HALT para crear unidades rehabilitadoras y terapéuticas alternativas al aislamiento
• Se pide que se garantice al menos siete horas diarias de programación y actividades colectivas fuera de la celda
• Se solicita que se promuevan programas dirigidos por pares y fuera de la comunidad, al igual que el desarrollo terapéutico de respuestas e intervenciones en respuesta a las necesidades y comportamientos de salud mental de las personas
• Se pide que el Estado implemente protecciones contra el uso de medidas disciplinarias como sanciones y tiempo de aislamiento
• Se solicitan protecciones del debido proceso, el acceso a representación, criterios estrictos sobre las conductas que pueden dar lugar a tiempo de segregación, presunciones contra el uso de sanciones disciplinarias, y revisiones y plazos para estancias en las RMHTU, salvo en circunstancias excepcionales
• Se pide que el Estado evalúe y remedie continuamente los abusos y acciones no terapéuticas y se tomen medidas concretas para remediar cualquier falla o deficiencia