La Ley de Registro en el Congreso podría abrir camino a la ciudadanía para 8 millones de indocumentados

Este miércoles, congresistas demócratas presentaron el proyecto de Ley de Registro que podría beneficiar a unos ocho millones de inmigrantes indocumentados, para que puedan aplicar por una 'green card' y, eventualmente, obtener la ciudadanía; entre los requisitos se encuentran demostrar siete años viviendo en EE.UU. y no tener récord criminal

La representante Zoe Lofgren, presidenta del Subcomité de Inmigración en la Cámara.

La representante Zoe Lofgren, presidenta del Subcomité de Inmigración en la Cámara.  Crédito: Chip Somodevilla | Getty Images

Vanessa y Virgilio tienen una amplia diferencia de edad, pero algo en común: ambos son inmigrantes indocumentados, por lo que una reforma que impulsan demócratas en el Congreso podría abrirles el camino a la ciudadanía.

Ella fue traída a EE.UU. cuando tenía dos años, ahora tiene 20; es originaria de México. Él es de Honduras y llegó a este país hace 25 años y ronda los 70 años. Ambos tienen protecciones temporales con DACA y TPS, respectivamente, pero si estos programas son suspendidos serían personas elegibles para la deportación, por ello viven con miedo constante.

“No estoy segura de cómo mantener la esperanza de vivir en el limbo, porque vivir en el limbo desafía mi capacidad para mantener el optimismo”, dijo Vanesa. “Acabo de enterarme de que si actualizamos este Registro, es posible que no tenga que preocuparme sobre el futuro de DACA en los tribunales”.

Estos inmigrantes, al igual que Flor González, originaria de México, participaron en la presentación del proyecto de Ley de Registro o la “Renovación de las Disposiciones de Inmigración de la Ley de Inmigración de 1929”, como mencionó la representante demócrata Zoe Lofgren (California) al hablar el plan.

La gente debería saber que el Registro no es nada nuevo… lo que es nuevo es el fracaso del Congreso para renovar este derecho”, lamentó Lofgren.

La propuesta es sencilla, como los propios congresistas han descrito, ya que establecería que un inmigrante indocumentado que demuestre siete años viviendo en EE.UU. y sus contribuciones al país, además de no tener récord criminal, podría aplicar por la Residencia Legal Permanente o ‘green card’, el primer paso para obtener la ciudadanía.

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), dirigió la conferencia de prensa sobre la reforma, donde destacó una de las principales ventajas del plan: no requeriría otro esfuerzo en el Congreso para mantener este derecho.

“En este proyecto de ley, el requisito es continuo, es decir, a medida que avanzamos en el tiempo, también lo hace la fecha de registro, sin necesidad de nuevas actualizaciones”, indicó.

Es decir, de aprobarse en el Congreso y ser firmada por el presidente Joe Biden, tras los 60 días de su promulgación, la ley permitiría a quienes llevan siete años viviendo en EE.UU. aplicar por la ‘green card’ cubriendo los requisitos de ley, pero el siguiente año más inmigrantes podrían ser beneficiados sin que haya otra reforma.

Aunque parece que los 11 millones de indocumentados que hay en el país serían beneficiados inmediatamente, eso dependerá de varios aspectos, comenzando por el tiempo que llevan viviendo en EE.UU., pero también si son elegibles al no tener récord criminal, como cualquier inmigrante debe demostrar bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Quién apoya la reforma

La reforma presentada oficialmente por la representante Lofgren, quien es presidenta del Subcomité de Inmigración de la Cámara de Representantes, tiene el respaldo de varios demócratas.

Entre los co-patrocinadores se encuentran por los representantes Norma Torres (California), Grace Meng (Nueva York), Lou Correa (California), Adriano Espaillat (Nueva York) y Jesús “Chuy” García (Ilinois), estos últimos conocidos como “Los Tres Amigos” en el Congreso.

Torres recordó que este proyecto es similar al que fue rechazado por la parlamentaria en el Senado, Elizabeth MacDonough, durante el debate de la agenda Build Back Better (Reconstruir Mejor), pero confió en que ahora puede avanzar.

“Esta ley histórica proveerá a millones de [inmigrantes] una oportunidad por el estatus permanente, no más inestabilidad para estas familias”, expresó. “Vimos esto durante la pandemia de COVID-19, cuando estos trabajadores fueron los trabajadores que nos ayudaron a sobrevivir”.

El representante Espaillat, uno de “Los Tres Amigos”, disculpó a sus colegas Correa y García, pero agradeció a los inmigrantes que compartieron su situación en la presentación del proyecto, además de destacar que la reforma permitiría a EE.UU. enfrentar la falta de trabajadores.

“[La propuesta] dice que si has estado aquí por más de siete años, viviendo bajo las reglas, puedes acceder a tu tarjeta verde… y eso da una tranquilidad que tiene un valor tremendo”, consideró Espaillat, quien recordó la tranquilidad que a él mismo le dio obtener una ‘green card’. “Impulsemos la economía si vamos a una recesión, como alegan algunos… démosles a estos inmigrantes su tarjeta verde”.

El congresista de Nueva York, Adriano Espaillat, patrocina la reforma a la Ley de Registro. / FOTO: Cortesía CHIRLA Crédito: CHIRLA | Cortesía

De la mano con activistas

Además de CHIRLA, al menos 80 organizaciones civiles respaldan el proyecto, incluidos grupos como CASA y Make the Road.

En esos grupos, sus principales activistas son inmigrantes, varios con protecciones temporales, pero otros sin algún beneficio migratorio, como Flor González, líder comunitaria de Make the Road en Pensilvania, donde lleva viviendo 22 años.

“Tengo tres hijos… mi hija más pequeña me está acompañando hoy”, dijo desde el evento organizado frente al Capitolio. “He trabajado en la misma compañía por 10 años ganando $7.25 dólares la hora cosechando hongos. Trabajadores como yo fuimos llamados esenciales durante la pandemia, pero seguimos siendo tratados sin ser esenciales”.

Agregó que la reforma la ayudaría a tener mayor seguridad, por lo que urgió al Congreso “escuchar” su voz.

La reforma deberá pasar una primera prueba en la Cámara de Representantes, luego ir al Senado y finalmente ser firmada por el presidente Biden.

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