Biden le pide a la Corte Suprema que le permita avanzar con programa para condonar deudas por préstamos estudiantiles por hasta $20,000

La Administración Biden le pidió este viernes a la Corte Suprema que le permita avanzar con el plan para condonar deudas por préstamos estudiantiles por hasta $20,000 dólares.

El programa, al que ya han aplicado unas 26 millones de personas, fue paralizado por un juez federal el 10 de noviembre. Debido a lo anterior, el Gobierno dejó de aceptar solicitudes y ninguna deuda ha sido cancelada al momento.

Luego de que el máximo foro recibiera el insumo del Gobierno, le pidió a los demandantes que presentaran sus respuestas para el mediodía del miércoles, 23 de noviembre.

La Administración Biden plantea a través de la procuradora general Elizabeth Prelogar que el mandato erróneo de una corte federal de apelaciones deja a millones de prestatarios económicamente vulnerables en el limbo,  sin certeza sobre el monto de su deuda e incapaces de tomar decisiones financieras con una comprensión precisa de sus futuras obligaciones de pago.

Los abogados de Biden plantean que la medida se tomó para atender los daños financieros provocados por la pandemia y hacer que la transición al pago sea fluida para proveer alivio de deuda enfocado a ciertos prestatarios de préstamos estudiantiles afectados por la pandemia.

 La Administración Biden argumenta además que la autoridad para avanzar con el programa surge del Congreso de Estados Unidos a través de la Ley HEROES de 2003.

“Como los prestatarios que no pagan sus préstamos estudiantiles enfrentan severas consecuencias financieras incluyendo embargo de salario, daño a su crédito a largo plazo e inelegibilidad para beneficios federales, el Congreso específicamente autorizó al Secretario (de Educación) dejar sin efecto o modificar cualquier estatuto aplicable o provisión regulatoria que estime necesario para asegurar que los prestatarios afectados por una emergencia nacional no estén peor en relación con sus préstamos estudiantiles”, escribió Prelogar en el recurso ante el Supremo.

La disputa legal fue levantada por un grupo de estados liderados por Nebraska. Los demandantes argumentan que el plan de alivio de deuda estudiantil viola la separación de poderes del Gobierno y el Acta Administrativa de Procedimientos, una ley federal que organiza los procesos bajo los que las agencias federales operan y emiten regulaciones.

Bajo el programa, el Departamento de Educación proporcionaría hasta $20,000 en cancelación de deuda a beneficiarios que recibieron la Beca Pell y hasta $10,000 en cancelación de deuda a los beneficiarios que no recibieron esa ayuda.

Los prestatarios son elegibles para recibir el alivio si su ingreso individual es de $125,000 o menos ($250,000 para parejas casadas).

“Ninguna persona de altos ingresos ni hogar de altos ingresos (en el 5% superior de los ingresos) se beneficiará de esta acción. Para garantizar una transición fluida al pago y evitar incumplimientos innecesarios, la pausa en el pago de préstamos estudiantiles federales se extenderá por última vez hasta el 31 de diciembre de 2022. Los prestatarios deben esperar reanudar el pago en enero de 2023″, plantea la Casa  Blanca en un hoja informativa que circula desde agosto pasado.

El documento además destaca que, desde 1980, el costo por cuatro años de estudios en universidades públicas y privadas se ha triplicado, mientras que el apoyo financiero federal no se ha mantenido a la par. Las Becas Pell llegaron a cubrir casi el 80% del costo de estudios por ese periodo de tiempo. Actualmente, solo cubren un tercio.

“Esto ha dejado a muchos estudiantes de familias de bajos y medianos ingresos sin otra opción que pedir un préstamo si quieren obtener un título. Según un análisis del Departamento de Educación, el típico estudiante universitario que ha pedido préstamos ahora se gradúa con una deuda de casi $25,000”, detalle el informe.

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