Grupos boricuas en la isla y en la diáspora demandan a FEMA por no destinar fondos suficientes para proyectos de energía renovable en Puerto Rico tras huracanes
Activistas presentaron esta semana una demanda contra la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Seguridad Nacional ante el Tribunal de Distrito en el Distrito de Columbia en la que solicitan a las agencias que se enfoquen en el desarrollo de iniciativas de este tipo en lugar de asignar más dinero para la reconstrucción de la red eléctrica con combustibles fósiles
Personal de Luma Energy realiza reparaciones en San Juan, Puerto Rico. Crédito: José Jiménez | Getty Images
NUEVA YORK – Grupos de puertorriqueños dentro y fuera de la isla preocupados por el estancamiento en proyectos de energía renovable presentaron una demanda contra la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Seguridad Nacional ante el Tribunal de Distrito en el Distrito de Columbia para pedirle a las agencias que se enfoquen en el desarrollo de iniciativas de este tipo en lugar de asignar más dinero para la reconstrucción de la red bajo un modelo centralizado y basado en combustibles fósiles.
El recurso presentado esta semana está encabezado por el Comité Dialogo Ambiental, organización sin fines de lucro con sede en Puerto Rico que busca el desarrollo sostenible de la isla.
“Las plantas de producción de energía basadas en combustibles fósiles producen agentes contaminantes que envenenan la salud y matan a nuestros vecinos y a todos los demás seres vivos que viven alrededor”, declaró Víctor Alvarado Guzman de Comité Dialogo Ambiental en un comunicado este martes. “Las toxinas que producen estas instalaciones también perjudican el aire, el agua y la tierra. Por esta razón, los fondos procedentes de agencias como FEMA se deben usar en proyectos de energía renovable, especialmente de energía solar en techos”, añadió el activista.
Además de la alegación de que FEMA viola leyes federales al no considerar el daño medioambiental que implica el uso de combustibles fósiles en Puerto Rico, en la demanda se argumenta que la agencia, adscrita al Departamento de Seguridad Nacional, no ha prestado la suficiente atención a la asignación y liberación de fondos para proyectos de energía renovable a más de cinco años del embate del huracán María y siete meses de Fiona.
A juicio de los demandantes entre los que se encuentran otras nueve organizaciones y entidades como el Centro para la Diversidad Biológica, el Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, El Puente de Williamsburg y Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, las prioridades de FEMA no se ajustan a la necesidad de mitigar los efectos del cambio climático y promueven la desigualdad en términos de justicia ambiental para las comunidades afectadas más directamente por este mal.
“La dirección planteada por FEMA y el gobierno local para restaurar la infraestructura de producción de energía en Puerto Rico, una infraestructura desfasada y contaminante, es contraria a la necesidad de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos”, expuso Federico Cintrón Moscoso, director de programa de la Red de Acción Climática Latina de El Puente, en Brooklyn. “Esta dirección extiende la vida de los combustibles fósiles y frena cualquier progreso hacia las energías renovables. También perpetúa la desigualdad hacia las comunidades de justicia medioambiental que se ven afectadas desproporcionalmente por el cambio climático. Hay otras alternativas, y exigimos un cambio de rumbo que promueva soluciones reales y justicia climática.”
Los demandantes argumentan que en lugar de invertir fondos para proyectos de energía limpia, FEMA asigna y distribuye millones de dólares para iniciativas que promueven la dependencia en los combustibles fósiles.
El proyecto de FEMA entra en conflicto con la Ley 17 de Puerto Rico de 2019 que establece el objetivo de basar el 100% de la producción energética en fuentes renovables para 2050 y el propio plan energético de Puerto Rico basado en la producción y almacenamiento de energía solar, señalaron.
A juicio de los activistas, la agencia federal necesita enfocarse en el desarrollo de paneles fotovoltaicos y baterías en los techos de viviendas, por ejemplo.
Al llamado de estos grupos se unió la oficina de la representante de origen boricua en la Cámara federal, la demócrata de Nueva York, Nydia M. Velázquez, quien incluso compartió la noticia en un tuit desde su cuenta.
“FEMA tiene una oportunidad única para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico en uno más resiliente que proteja a los puertorriqueños de futuros huracanes”, consideró Velázquez. “Si bien es cierto que el gobierno local tiene amplia discreción sobre la reconstrucción del sistema eléctrico, FEMA puede hacer mucho más para considerar seriamente las alternativas de energía renovable distribuida y sus beneficios a largo plazo para Puerto Rico. El mejor uso de los fondos para recuperación de desastres, y la búsqueda de justicia ambiental para la isla, requieren este curso de acción”, sostuvo.
Son varias las iniciativas que están corriendo al momento en la isla como parte de la reconstrucción del sistema energético, aunque a paso lento.
A finales de la sesión pasada en el Congreso, se aprobaron $1,000 millones en fondos federales para la instalación de sistemas solares y de almacenamiento de baterías en techos de hogares de ingresos bajos como parte de la ley de presupuesto para el año fiscal 2023, conocida como ómnibus.
A finales de febrero, el Departamento de Energía de Estados Unidos solicitó a grupos en Puerto Rico recomendaciones sobre cómo utilizar ese dinero.
Hace unas dos semanas, la secretaria de la agencia Jennifer Granholm visitó Puerto Rico, y se reunió con representantes de las distintas agencias que manejan el sistema eléctrico en el territorio, tales como Luma Energy, así como organizaciones sin fines de lucro, entre otros sectores, para discutir los avances en esa dirección.
De lo más relevante fueron las declaraciones de la funcionaria en el sentido de que Luma, compañía privada encargada de la distribución y transmisión de la energía eléctrica a los boricuas, tiene un déficit de 600 celadores o encargados de construir, mantener y operar la red eléctrica.
Como parte de la visita, se anunció la aprobación de $10.2 millones en fondos federales para la primera etapa del proyecto de instalación de microrredes solares en las islas municipios de Vieques y Culebra.
Una microrred es una red local de producción y distribución de energía que opera de forma independiente de la red eléctrica principal en casos de crisis.
Esto busca que los puertorriqueños dejen de sufrir los efectos de los apagones, principalmente en momentos de desastres naturales como huracanes.
Será a través del programa de subvenciones para la mitigación de riesgos (HMGP) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que se financiará en su totalidad el proyecto.
Durante su visita relámpago a Puerto Rico, el presidente Joe Biden reconoció que hay que avanzar con la reconstrucción en la isla y destacó que un grupo liderado por Granholm se dedicará a ese fin.
“Por ejemplo, hemos iniciado 313 proyectos financiados por FEMA, los que representan más de $8.2 mil millones en mejoras. Como parte de este esfuerzo, lanzamos la Iniciativa de Modernización de Subestaciones y la Iniciativa de Alumbrado Público Comunitario. Ambas son proyectos de mejoras financiados por FEMA. Gracias a ellos, se aumentará la resiliencia y confiabilidad de la red durante emergencias y otros eventos. Además, LUMA está instalando tecnología innovadora como aparatos para automatizar la red, que detectan las averías en las líneas eléctricas remotamente en segundos y reducen la cantidad de clientes afectados en caso de una interrupción de servicio”, indicó Abner Gómez, gerente del Departamento de preparación para emergencias de LUMA, en una columna reciente en El Vocero.
Sobre proyectos de energía renovable, Juan Rodríguez Rivera, vicepresidente de Programas de Capital de LUMA Energy, destacó en otra columna en El Nuevo Día, destacó el desarrollo de microrredes.
“Para transformar la red eléctrica y brindar un servicio más confiable a largo plazo, LUMA, con el apoyo de FEMA, está adoptando tecnología y soluciones innovadoras. Por ejemplo, estamos fomentando el desarrollo de microrredes para proporcionar generación de energía renovable a comunidades individuales a gran escala, y estamos instalando aparatos para automatizar la red y así identificar las interrupciones y restablecer el servicio rápidamente. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el apoyo de FEMA está ayudando a LUMA a implementar tecnologías avanzadas que incrementarán la energía limpia e identificarán y reducirán el impacto de las interrupciones de servicio cuando ocurran”, planteó Rodríguez Rivera.
Hace poco más de una semana, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) advirtió a través de una serie de mociones que 18 proyectos de energía renovable a gran escala corren peligro por retrasos en la interconexión a la red.
En mociones sometidas al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) citadas por el periódico El Nuevo Día, la AEE señaló los múltiples cambios de postura de LUMA Energy como la principal causa de los retrasos en la culminación de las obras de energía solar.
Ante esto, LUMA la pasó la responsabilidad a los desarrolladores de los proyectos que, según la entidad, son los que propusieron los proyectos y adquirieron los terrenos.
Por otro lado, FEMA anunció hace una semana una alianza con el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM) y el de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez (AGM-Gurabo) en conjunto con Sandia National Laboratories para apoyar los esfuerzos del Gobierno federal para modernizar la red energética y fomentar el uso de energía renovable en infraestructura crítica.
Clave el plan PR100
El Plan Puerto Rico 100 que es base en la reconstrucción y desarrollo de proyectos de energía renovable en la isla es otra de las iniciativas prioritarias de las autoridades federales.
Bajo este estudio sobre la red eléctrica en Puerto Rico y vías para transicionar completamente a fuentes renovables, es que se toman varias de las decisiones relacionadas con la asignación de dinero.
“El ‘Estudio de resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico y transiciones a energía 100% renovable (PR100)’ es un estudio de dos años dirigido por el Grid Deployment Office (GDO) del Departamento de Energía Federal (DOE, por sus siglas en inglés) y un equipo de múltiples laboratorios para analizar exhaustivamente los caminos para transicionar a la energía renovable, informado por ciudadanos de Puerto Rico. Lanzado el día 2 de febrero del 2022, PR100 consiste de cinco actividades, con énfasis en la confiabilidad, resiliencia y asequibilidad del sistema eléctrico”, detalla la página web del DOE.
PR100 ha sido financiado principalmente mediante un acuerdo interagencial entre FEMA, DOE, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y el Gobierno de Puerto Rico.
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