Congreso de Florida aprueba ley de Ron DeSantis contra inmigrantes indocumentados
El Congreso de Florida aprobó el proyecto de ley que criminaliza ayudar a inmigrantes indocumentados en ese estado, incluso las personas que los transportan en autos pueden enfrentar cárcel; la norma será enviada a la oficina del gobernador Ron DeSantis para su firma
Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida. Crédito: Elijah Nouvelage | AFP / Getty Images
A pesar de severas críticas de defensores de inmigrantes, el Congreso de Florida aprobó un proyecto de ley que complicará la vida de indocumentados en la entidad, incluso podría poner en prisión a quienes los ayuden de alguna forma.
El proyecto es impulsado por el gobernador republicano Ron DeSantis, quien se espera que firme la ley en los próximos días.
La nueva ley contempla hasta 15 años de cárcel a quien, por ejemplo, transporte a Florida inmigrantes irregulares, así como multas a empleadores que contraten a indocumentados.
La pena por transportación podría caer incluso en los padres de familia que lleven en auto a sus hijos al colegio.
El proyecto llegará al escritorio de DeSantis tras su aprobación el pasado viernes en el Senado estatal y luego de que el lunes la Cámara de Representantes floridana, controlada por el Partido Republicano, desestimara 19 enmiendas propuestas por la oposición demócrata.
“Este proyecto de ley de inmigración no resuelve ningún problema; simplemente deshumaniza a las personas en función de cómo llegaron a este país”, criticó la representante demócrata Rita Harris.
La iniciativa que ha aprobado el Legislativo estatal, de mayoría republicana en ambas cámaras, impone hasta 15 años de prisión a quien transporte a Florida a inmigrantes indocumentados, así como multas y revocación de licencias a las empresas que no aseguren la legalidad migratoria de todos sus trabajadores.
Establece además la obligatoriedad de los hospitales y centros médicos del estado de recoger información sobre el estatus migratorio de sus pacientes, e invalida en Florida las licencias de conducir emitidas a indocumentados en otros estados.
El texto aprobado hoy impedirá igualmente que los abogados amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), conocidos como “soñadores”, puedan ejercer a partir de noviembre del año 2028.
“Casi el 20 por ciento de los floridanos son inmigrantes. Un proyecto de ley que daña directamente a una quinta parte de nuestra población no tiene cabida en nuestro estado. En pocas palabras, este proyecto de ley es vergonzoso”, dijo hoy Kirk Bailey, director político de la filial en este estado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).
Bailey agregó que el proyecto incentiva la elaboración de perfiles raciales de una variedad de floridanos y crea una cultura de “muéstrame tus papeles”, además de perjudicar a las empresas, la economía local y el sistema de sanidad pública.
Señaló que una ley similar en Arizona condujo a una pérdida de 141 millones de dólares en gastos directos y ocasionó 253 millones de dólares en “producción económica perdida”, entre otros apartados.
“No está destinado a brindar la protección que reclaman, y no brindará una solución al sistema federal de inmigración que no funciona. La crisis fronteriza es propaganda que fomenta el miedo y se utiliza como excusa para aumentar la extralimitación del Gobierno”, dijo por su parte Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, en inglés).
La semana pasada, un grupo de 80 médicos y profesionales de la salud remitieron cartas a los titulares de ambas cámaras del Legislativo floridano, es decir, a la senadora Kathleen Passidomo y al congresista Paul Renner, para advertir que la propuesta conlleva un poderoso riesgo de socavar las políticas sanitarias.
Recordaron que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ha establecido en una guía las llamadas “áreas protegidas”, las cuales se hallan lejos de los alcances de las leyes migratorias, entre las que figuran de forma explícita los hospitales y centros médicos.
“Un hospital no es un lugar apropiado para involucrar a una persona en asuntos privados de inmigración”, señalaron los firmantes de la carta.
Con información de EFE
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