Secretario de Estado de Puerto Rico: “La Junta tiene la última palabra” sobre la reestructuración de la deuda en la isla

NUEVA YORK – A pesar de la aprobación el año pasado del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) del Gobierno central de Puerto Rico para adelantar el proceso de reestructuración del crédito de la isla con los bonistas, Omar Marrero, representante de la Administración del gobernador Pedro Pierluisi ante la Junta de Control Fiscal, estimó que el organismo federal podría estar administrando las finanzas del territorio hasta por cuatro años más.

“Este año debemos reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y unos créditos menores. Ya poniéndonos al día con los estados financieros, podemos demostrar que cumplimos con los requisitos y estamos en ese camino para cumplir con los últimos”, declaró Marrero en entrevista con El Diario de Nueva York.

A la pregunta de cuándo sería lo más pronto que la Junta podría irse de Puerto Rico en caso de que el Congreso de Estados Unidos no legisle para obligar su salida anticipada, contestó: “Nosotros entendemos que estamos hablando del próximo término; básicamente, los próximos cuatro años, estaríamos hablando de 2024 al 2028 que se darían los objetivos puntuales que requería PROMESA en cuanto a reestructuración, acceso al mercado, estados financieros auditados y que demuestren un presupuesto balanceado conforme a las reglas contables”.

“Nosotros llevamos dos presupuestos balanceados; aunque llevamos otros adicionales, la realidad es que desde el pago al servicio de la deuda que es desde el año pasado, pues tenemos dos presupuestos balanceados. PROMESA establece que son cuatro (presupuestos balanceados), y aunque podemos querer que la Junta culmine su mandato lo más pronto posible y podamos recuperar el control de nuestras finanzas, reconocemos que la receta está establecida o las reglas están establecidas en Promesa“, abundó Marrero.

Sin embargo, el también secretario de Estado de la isla y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) reconoció que al final del día es la Junta, creada a través de la referida ley federal, la que tiene la última palabra en cuanto al tema de la reestructuración de la deuda.

“La realidad es que Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos y (la ley) PROMESA se aprueba en virtud de la cláusula territorial; y a pesar que nos ofende  a muchos, incluyéndome a mí…, la realidad es que nuestro estatus actual es territorial, por definición está sujeto a los poderes plenarios del Congreso, y eso significa que el Congreso puede legislar cuando le parezca y eso fue lo que hizo con PROMESA. Aprobó una ley sin nuestro consentimiento, donde estableció una Junta compuesta por miembros no electos ni sujetos a nuestro consentimiento, y donde le da unos poderes supra parlamentarios porque no tenemos injerencia en lo que son los negocios y quehaceres de la Junta. Así que para que tenga una idea, si tenemos una discrepancia sobre presupuesto, la última palabra la tiene  la Junta“, expuso.

Añadió: “Sin embargo, reconozco que la ley establece un proceso deliberativo en el que el Gobierno y la Legislatura tienen una participación, aunque es más menguada de lo que permitía el proceso legislativo y el proceso presupuestario en la Constitución de Puerto Rico. Así que eso parte de nuestra condición territorial, muy lamentable, como muchos los reconocemos”.

Una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos la pasada semana precisamente reafirmó lo que Marrero señala y otros sectores vienen cuestionando desde la aplicación de la ley PROMESA en la isla en el 2016: la posición soberana de la Junta en términos de los asuntos de Puerto Rico. En la reciente decisión a raíz de una solicitud de documentos por parte del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el máximo foro decidió que la Junta, como parte del Gobierno de Puerto Rico, disfruta de “inmunidad soberana”, lo que le permite no someterse al derecho de acceso a la información de las autoridades en el territorio. A raíz del fallo, a la entidad se le exime de entregar al CPI cientos documentos relacionados con sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de EE.UU., contratos, minutas e informes financieros, entre otros.

Las declaraciones de Marrero se dieron en anticipo a la celebración en Nueva York, mañana y el viernes, de la cumbre “PR Now”, en la que representantes de las principales agencias fiscales de la isla exponen a la comunidad financiera en Wall Street la situación en términos de la reestructuración de la deuda, luego de que en enero del año pasado la jueza federal Laura Taylor Swain aprobara el PAD para reestructurar unos $33,000 millones en obligaciones del gobierno central.

Es la segunda vez que se realiza este evento o “conferencia de crédito” (“credit conference”), al que también acudirán líderes de la política local como la gobernadora del estado, Kathy Hochul, quien participará en un panel con Pierluisi y Marrero. También se espera un mensaje introductorio del alcalde de la Ciudad, Eric Adams.

“El año pasado, luego de la confirmación del Plan de Ajuste (PAD); luego de tener la oportunidad de regresar al mercado, y no solamente volver a pagar nuestra deuda, haberla modificado sustancialmente para beneficio de Puerto Rico, entendíamos que era importante retomar ese diálogo. Así que comenzamos el año pasado, y este año es la segunda edición, y entendimos que era prudente que fuera en Nueva York. de forma tal que nos comunicáramos de manera directa a lo que es la comunidad financiera, las casas acreditadoras, los bancos de pensión y la comunidad de Nueva York en general”, explicó.

Como parte de los intercambios, la Administración Pierluisi buscará establecer contactos con compañías en Nueva York que puedan integrarse en la reconstrucción en la isla, proceso para el que se han destinado miles de millones en fondos federales desde el Congreso, pero avanza a paso lento.

Marrero indicó que la escasez de fuerza  laboral sigue siendo un problema en Puerto Rico.

“Después de la tormenta Sandy en NY, se dieron unas reconstrucciones noveles y de gran escala. Ese expertis y ese trabajo que han tenido con agencias federales como parte de la reconstrucción es un expertis que nosotros definitivamente podemos capitalizar. Nosotros la realidad es que vamos a tener esta labor titánica que, cuando tú lo miras, a nivel de capacidad local, tenemos un reto. Necesitamos más gente (para trabajar en la reconstrucción), aunque hemos visto que la participación laboral ha crecido y tenemos el desempleo más bajo en nuestra historia, la realidad es que necesitamos más gente, porque al final del día, la labor titánica que necesitamos realizar en el sector de la reconstrucción, al igual que otros sectores de la economía, necesitamos más compañeros y compañeras no solamente  puertorriqueños, sino también de otros estados que quieran ver a Puerto Rico como un lugar de trabajo y de vida”,

La batalla ante la Junta por las pensiones de los empleados públicos

Marrero insistió que la Administración que representa ha hecho todo lo que está a su alcance para proteger las pensiones de los empleados públicos en la isla, un reclamo constante del sector obrero.

“Hoy en día, 180,000 jubilados del Gobierno central siguen cobrando su cheque de pensión. Nunca vieron sus beneficios, ni reducirse ni paralizarse…Nosotros logramos la reestructuración del Gobierno central. Sí, fue un trabajo titánico de sentarnos con los acreedores, pero en todo momento sostuvimos que no íbamos a reducir lo que eran los beneficios a los trabajadores que ya habían sido jubilados. En cuanto a la congelación del sistema de pensiones, eso fue una decisión de la Junta de Supervisión Fiscal para reducir lo que eran los $50,000 millones de deuda. El sistema estaba colapsado, antes de que nosotros llegáramos ya el sistema estaba en negativo, no tenía activos para poder hacer valer esas pensiones. Por eso nosotros, básicamente, transferimos esa obligación al Gobierno central, y hoy como parte del presupuesto del Gobierno central, se pagan sobre $2,000 millones de dólares en las pensiones…”, expuso.

Por otra parte, el funcionario destacó la iniciativa del Fideicomiso de Reserva de Pensiones creado a través del PAD que recibirá más de $10,000 millones en los próximos 10 años para el pago de las prestaciones.

Aún con los ajustes, grupos como el de los maestros activos aún no tienen asegurado su retiro, ya que sus pensiones fueron congeladas.  

El magisterio también acudió al Tribunal Supremo, pero para impugnar los cambios al sistema de pensiones. La corte rechazó revisar los requisitos impuestos por el PAD.

A pesar de lo anterior, Marrero destacó el aumento de $1,000 mensuales a los maestros a través del  Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) efectivo desde julio del año pasado.

El funcionario descartó que el hecho de que se esté costeando el incremento salarial con fondos federales del “Plan de Rescate Estadounidense” implique que los fondos no estarán disponibles eventualmente.

“Eso que dicen algunos sectores que no es permanente porque inicialmente lo financiamos con fondos federales es incorrecto. Incluso esto fue hecho en coordinación con el Departamento de Educación federal. El mismo secretario (Miguel Cardona) cuando se nos concede estos fondos federales a través de las distintas leyes como el ‘American Rescue Plan’, nos reconoció que podíamos utilizarlos, incluso para dar bonificaciones adicionales para garantizar que teníamos el personal necesario para dar las clases. Así que es un uso legible, y lo más importante es que está ya el compromiso en el presupuesto que es un aumento permanente”,  expuso.

Nada malo con los fondos federales

A juicio del secretario de Estado, este dinero es una “bendición”, ya que evita una catástrofe mayor en la isla.

“Si brincamos el charco y nos vamos al otro lado del Atlántico, vemos cómo la Unión Europea le hace disponible fondos europeos a España, Grecia, Italia y muchos otros estados miembros para estrategias de desarrollo económico, así que de por sí no es nada malo. En el caso de Puerto Rico, estamos hablando de una cantidad de fondos federales que vamos a recibir para rehabilitar la infraestructura  que si no lo tuviéramos disponibles, tendríamos que ir al mercado para tomarlo prestado, cosa que no es una opción para Puerto Rico”, destacó el entrevistado quien equiparó la cantidad de fondos federales para Puerto Rico en los próximos 15 años con la cantidad de deuda de la isla.

Marrero reconoció que, en el caso de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aún batallan con la Junta para pagar las pensiones de unos 12,000 jubilados. La Administración Pierluisi le solicitó a la entidad utilizar ciertos fondos de la corporación pública y así cubrir el pago de esa obligación por unos meses.

La Junta por su parte indicó que busca la manera de asegurar fondos para retiro hasta finales del 2024.

¿Posible aumento en la factura de luz para pagar a los jubilados de la AEE?

En ese sentido, el funcionario agregó que aún está sobre la mesa un posible aumento en la factura de electricidad bajo Luma Energy (que algunos reportes estiman en $15%), la empresa canadiense a la que en diciembre pasado se le extendió el contrato para la transmisión de energía eléctrica a los residentes del territorio al menos hasta que culmine la reestructuración de la deuda de la AEE. Luma Energy ha sido centro de múltiples protestas desde que asumió el control de la Autoridad en el verano del 2021 en parte por los siete aumentos reportados en la factura de los abonados y por los apagones en la isla más allá del periodo de huracanes.

“Lo que estamos buscando, nuestro objetivo es reducir la cuantía de manera significativa y buscar la manera de que ese cargo a establecerse sea lo más mínimo posible. Reconocemos que en todas las jurisdicciones, tanto la deuda como las pensiones salen de estas tarifas. Sin embargo, lo que hemos recabado de la Junta de Control Fiscal es que le pida al  Negociado de Energía, que es el ente regulador en Puerto Rico independiente, que mire todas las iniciativas que se están implementando para poder determinar si es necesario un cargo adicional o si con los ingresos que se generen por la utilidad son suficientes para cubrir los cargos operacionales”, detalló.

¿Cuál es la estrategia de desarrollo económico?

Más allá de los esfuerzos para sacar a Puerto Rico de la deuda, a preguntas sobre la estrategia de desarrollo económico de la Administración Pierluisi, Marrero se refirió a la iniciativa “PRopósito” que lidera el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DECC) en coordinación con varios sectores. Cuando Pierluisi mencionó este punto durante su tercer mensaje de situación del Estado, varios opositores cuestionaron que se trató de una hoja de ruta, pero no de un plan concreto.

Marrero además destacó el impacto de la creación de la corporación “Discover Puerto Rico”, mediante la “Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino”.

“Desde entonces hemos visto no solo un récord sin precedentes. Esta año estamos mirando y pasamos los 12 millones de visitantes a través del Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Los ingresos al fisco de parte del sector turístico también han sido históricos. Así que vemos también cómo el renglón del turismo que anteriormente era un 6%, 7% de nuestro producto interno bruto ha tenido un crecimiento vertiginoso a nivel de que ya no hablamos de temporada alta…estamos hablando de una temporada de todo el año”, expuso.

El impacto del Código de Incentivos y los cuestionamientos a la Ley 22 para inversionistas extranjeros

A juicio del entrevistado, incentivos como el de extranjero residente son parte esencial de la estrategia de desarrollo económico no solo de Puerto Rico, sino de otros países.

La Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico (conocida como la Ley 22) contenida en el Código de Incentivos (Ley 60) concede exenciones contributivas con respecto al ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que se conviertan en residentes de Puerto Rico hasta el 31 de diciembre de 2035.

Los opositores a los decretos otorgados bajo la Ley 22 alegan, entre otras cosas, que el estatuto ha provocado el desplazamiento de locales para privilegiar la presencia de extranjeros que llegan con la promesa de invertir y crear empleos, lo que no siempre se cumple.

Además, plantean que el Gobierno recibe menos ingresos debido a que este grupo no paga impuestos por ingresos de capital.

En ese contexto, Marrero se alineó con la postura de que son más los supuestos beneficios de la ley que sus fallas.

“El Código de incentivos que hoy es la Ley 60 recoge todos esos distintos incentivos que se proveen y hay que cumplir con ellos. En cuanto a la Ley 22 que es para inversionista residente…tengo que reconocer que ha dado resultado. Hay áreas en las que estos inversionistas han podido comprar y ubicar sus propiedades, y tenemos, de momento, vecindarios que, anteriormente, no se podían ni visitar y no tenían vida económica y ahora sí…así que en ese sentido, aunque tienen una exención contributiva en el área de ingresos pasivos, tienen que pagar contribución sobre ingresos como cualquier hijo de vecino, por ejemplo, cuando venden una propiedad, y eso se  ha visto”, argumentó.

Sin embargo, el director ejecutivo de Aafaf confirmó que hay cientos de decretos que se han cancelado y que el impacto del incentivo se evalúa anualmente con la Junta. “El Departamento de Desarrollo Económico y su secretario han establecido un récord en la cantidad de decretos que se han cancelado por incumplimiento o porque la persona que tiene el decreto no cumple con los objetivos del mismo. En ese sentido, se está fiscalizando y el Departamento de Hacienda también lo ha estado mirando“, aseguró.

Marrero mencionó varias enmiendas que podrían realizársele a la ley para que cumpla mejor con su propósito.

“Nosotros entendemos que una enmienda bien importante debe ser requerir una inversión mayor; y segundo, monitorear y requerir que estos inversionistas residentes de verdad cumplan los requisitos de ese inversionista que se está tratando de buscar. Por ejemplo, que se tenga un requisito mínimo de efectivo en caja, un requisito mínimo de ‘net worth’ (valor neto) de manera tal que se evite tener los casos de que cualquiera pueda solicitar el decreto”, enumeró.

Sobre el planteamiento de que la ley ha creado una burbuja inmobiliaria en la que los locales no pueden competir con los extranjeros en la adquisición de propiedades, declaró: “Es que yo no veo a un norteamericano extranjero. Mi prima que nació en Virginia yo no la veo como extranjera. Este concepto  que están tratando de crear de que se está desplazando, pues no; al final, son puertorriqueños que están vendiendo, que tenían una propiedad que por años no se había vendido, y, de momento, llega alguien que la compra. Si el que la compra es chileno, colombiano, americano, indio, esto es Estados Unidos; de la misma manera que no podemos pretender que en Florida se le niegue la vivienda a un puertorriqueño o que en Nueva York se le niegue la vivienda a un puertorriqueño; o a que los dominicanos se le niegue una vivienda en Puerto Rico”, consideró.

“Al final del día esto es una jurisdicción de ley y orden, democrática, donde la propiedad privada se respeta y que como ciudadanos americanos tiene unos derechos protegidos por la cláusula 14 de la Constitución de Estados Unidos que le permiten el libre movimiento en todo EE.UU., incluyendo Puerto Rico”, defendió.

Añadió que la mayoría de los decretos del DDEC están en manos de puertorriqueños como el de Jóvenes Empresarios, que otorga 100 porciento de exención en el pago de contribución sobre la propiedad mueble y 100 porciento de exención en el pago de contribuciones municipales, directamente relacionadas a la operación del negocio.

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