Nydia Velázquez se suma a organizaciones en EE.UU. que buscan detener desplazamiento de boricuas por “inversionistas” extranjeros con exenciones contributivas bajo Ley 22
La campaña “Not Your Tax Haven” (No tu paraíso fiscal) a la que se sumaron 10 organizaciones en Estados Unidos, varias de la diáspora boricua, busca asegurar que desde Washington D.C. se vigile el cumplimiento de la Ley 22 o Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico
Turistas en el Viejo San Juan, zona colonial de la capital puertorriqueña. Crédito: RICARDO ARDUENGO | AFP / Getty Images
Nueva York – Una coalición liderada por el Centro para la Acción de la Democracia Popular (CPDA) anunció este martes que ejercerá presión en el Congreso de Estados Unidos para que se fiscalicen en Puerto Rico los decretos de exención contributiva otorgados bajo la Ley 22 a supuestos inversionistas, mayormente estadounidenses, para que se establezcan en la isla a cambio de crear empleos y aportar al desarrollo económico.
La Ley 22 o Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, contenida en el Código de Incentivos (Ley 60-2019), exime del pago de impuestos por ingresos pasivos a individuos que no hayan sido residentes de Puerto Rico por los últimos 10 años antes de la aprobación de la ley. Los beneficiarios deben establecer residencia en la isla.
El fin del incentivo, aprobado en la Legislatura de Puerto Rico y vigente desde el 2012, es promover la inversión en la isla, el empleo, y por ende, impulsar la economía.
El problema es que muchos de estos supuestos inversionistas, algunos reconocidos magnates del bitcoin como Brock Pierce, no están cumpliendo estrictamente con los requisitos de la ley en varios aspectos, lo que ha llevado desde el 2021 hasta la actualidad a la revocación de cientos de decretos por parte del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico (DDEC), agencia encargada de fiscalizar los mismos. Antes, ese proceso prácticamente no se estaba realizando. Las razones para el incumplimiento en la fiscalización no están claras.
Ante la presión pública que ha generado el tema en Puerto Rico y entre organizaciones de la diáspora, el verano pasado, la agencia informó que había dejado sin efecto 311 decretos de Ley 22 por incumplimiento con la radicación de informes anuales.
Adicional, se notificó que el DDEC trabajaba con el Reporte Anual que establece la ley para medir el retorno de inversión con base en lo que sus recipientes tributan y aportan al fisco.
Precisamente, otro problema relacionado con la ley es que, en algunos casos, estos inversionistas están incumpliendo con los trámites ante el Servicio de Rentas Internas (IRS). En diciembre de 2019, esa oficina realizó un análisis sobre este grupo que concluyó que cientos de estadounidenses que se han mudado a Puerto Rico por la Ley 22 dejaron de pagar al fisco federal. En el 2021, el IRS inició una auditoría a beneficiarios de dicha ley para corroborar si están o no cumpliendo con el estatuto.
A finales del 2020, trascendió que el Congreso, a través del Comité de Asignaciones de la Cámara Representantes, le había solicitado a las autoridades en la isla información tanto sobre la Ley 22 como la 20, que otorga exenciones contributivas a corporaciones que exportaran servicios. La intención era establecer cómo se habían reducido los recaudos del IRS como resultado de la aplicación de las leyes.
La campaña “Not Your Tax Haven” (No tu paraíso fiscal) a la que se sumaron 10 organizaciones en Estados Unidos, varias de la diáspora boricua, busca asegurar que desde Washington D.C. se vigile el cumplimiento de la ley.
Iris Figueroa, estratega sénior de políticas de CPDA, destacó que el efecto de esta ley es desplazar a puertorriqueños con menos poder adquisitivo que no pueden comprar viviendas debido al alto precio que están dispuestos a pagar, en muchos casos en efectivo, los extranjeros.
“Una década después de su creación, está claro que la Ley 22 es una mala propuesta para las comunidades tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos: individuos que no quieren contribuir a sus propias comunidades de origen se mudan a Puerto Rico para no pagar impuestos, mientras que los puertorriqueños enfrentan costos de vida cada vez más altos a medida que los salarios se estancan, los vecindarios se gentrifican y el medioambiente queda desprotegido”, planteó Figueroa en un comunicado enviado a El Diario NY. “La Ley 22 ha aumentado los costos de la vivienda local, al mismo tiempo que otorga un trato favorable a extranjeros adinerados”, añadió.
La representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, se unió a los esfuerzos para indagar sobre el impacto de la ley.
“Cuando se aprobó la Ley 22, los proponentes afirmaron que la ley impulsaría la inversión en Puerto Rico y traería beneficios incalculables a la economía de la isla. Desafortunadamente, la Ley 22 solo ha profundizado la marginación, el desplazamiento y la desigualdad socioeconómica y ha ayudado a convertir a la isla en un paraíso fiscal para los ricos”, expuso la congresista.
“Cualquier beneficio que se pudiera haber obtenido de esta ley ha sido empañado por la mala supervisión y, en última instancia, por la falta de voluntad política para poner a los puertorriqueños en primer lugar. El gobierno local y federal tienen la gran responsabilidad de brindarles a los puertorriqueños y miembros del Congreso resultados tangibles de sus esfuerzos de auditoría sobre la Ley 22. Más importante aún, es hora de tener un análisis serio sobre los efectos perjudiciales de la ley para el territorio y los contribuyentes estadounidenses y cuestionar su capacidad para promover el desarrollo económico”, puntualizó.
Al momento, la coalición está compuesta por The Puerto Rican Alliance, Mi Patria, Diáspora en Resistencia, Abolish Act 60, CASA, Make the Road Family, Churches United for Fair Housing, NY Communities for Change, Action NC y Florida Rising.
Aparte de estos grupos, otros dentro y fuera de la isla como “El otro Puerto Rico”, “Losing Puerto Rico” y “Puerto Rico Not For Sale” han iniciado sus campañas en meses recientes contra el impacto de la ley en el territorio.
Cabe señalar que es la Legislatura de Puerto Rico la encargada de enmendar o derogar leyes como las mencionadas. Aunque tanto en Cámara como en Senado hay propuestas de enmiendas, al momento ninguna de las iniciativas legislativas ha avanzado en el Capitolio.
Sigue leyendo:
