Ley contra inmigrantes en Florida afecta atención médica
La Ley SB 1718 ya empieza a tener efectos contra inmigrantes indocumentados en Florida, quienes temen recibir atención médica ante la obligación en hospitales de preguntarles por su estatus migratorio
Aunque la Ley SB 1718 en Florida parece no impedir la atención médica a inmigrantes indocumentados, el hecho de que los hospitales que acepten Medicaid deban preguntar el estatus migratorio de los pacientes ha generado preocupación.
Esto debido a que los no ciudadanos podrían temer solicitar atención médica, incluso en una emergencia, con tal de protegerse ante una posible deportación o detención.
“Conozco a mi gente. […] Ya tienen miedo”, dijo Juana Durán al portal Mother Jones, al referirse a pacientes de una clínica de maternidad.
La ley promovida por los republicanos y promulgada por el gobernador Ron DeSantis entra en vigor el 1 de julio.
“Este mandato sigue a los intentos anteriores del estado de examinar el uso de la atención médica por parte de los inmigrantes, incluida la orden ejecutiva de DeSantis del año pasado que instruye a las agencias estatales a realizar un seguimiento de los gastos en atención médica para pacientes indocumentados”, destaca Jones en su reporte.
La nueva ley tiene varios frentes: obligar a empresas con más de 25 empleados a utilizar el sistema E-Verify para contratar a personal, además criminaliza a quienes transporten a indocumentados al estado y desconoce las licencias de conducir que otros estados emiten a inmigrantes sin papeles.
lison Yager, directora ejecutiva de Florida Health Justice Project, también reconoció que la gente empieza a expresar su miedo a recibir atención médica a cambio de revelar su estatus migratorio.
Además de la atención médica, los dueños de diversos negocios han expresado su preocupación sobre los efectos de la Ley SB 1718, en sectores como la agricultura y servicios, donde un porcentaje importante de empleados son indocumentados.
“Todos los amamos hasta la muerte. […] No podríamos operar un negocio sin ellos”, reconoció Graves Williams, propietario de Quincy Tomato Company. El granjero incluso es republicano, pero rechaza la ley avalada por DeSantis.
Defensores de inmigrantes y otros empresarios han externado sus preocupaciones sobre la implementación de la ley, la cual afectaría a unos 800,000 inmigrantes y sus familias.