Triunfo migratorio para Biden: Corte Suprema le autoriza establecer sus prioridades para deportaciones
La Corte Suprema dio nueva vida a una política del gobierno de Biden que le permitirá establecer las prioridades de deportación centrándose en las amenazas a la seguridad pública
Exterior de la Corte Suprema de Estados Unidos. Crédito: OLIVER CONTRERAS | AFP / Getty Images
La Corte Suprema dio nueva vida a una política del gobierno de Joe Biden que establecerá las prioridades de aplicación de la ley de inmigración centrándose en las amenazas a la seguridad pública.
Las directrices establecen prioridades para decidir cuáles inmigrantes indocumentados deben ser detenidos, resumió The New York Times.
Los jueces, en una votación de 8 a 1, anularon el fallo del juez federal Drew Tipton con sede en Texas de junio del año pasado que bloqueaba esa política en todo el país. Anteriormente había estado en vigor por menos de un año, detalló NBC News.
Anunciado en septiembre de 2021, el plan del presidente Biden se alejó del enfoque de aplicación de línea dura que adoptó su predecesor Donald Trump y argumentó que con un estimado de 11 millones de inmigrantes indocumentados en EE.UU. el gobierno debe priorizar ciertos casos porque no tiene los recursos para detenerlos y deportarlos a todos. Texas y Luisiana impugnaron inmediatamente ese plan en los tribunales.
El juez conservador de la Corte Suprema Brett Kavanaugh ahora argumentó que la demanda presentada por Texas y Louisiana era “extraordinariamente inusual” y buscaba “ordenar al poder ejecutivo que modifique sus políticas de arresto para realizar más arrestos”. Pero los tribunales federales normalmente no escuchan tales casos, agregó.
Kavanaugh dijo que “otros foros permanecen abiertos” para que los estados expresen sus preocupaciones, señalando las acciones que puede tomar el Congreso. “No opinamos sobre si tales acciones son apropiadas en este caso”, señaló.
El juez conservador Samuel Alito fue el único disidente en la votación 8-1 y dijo que el tribunal había concluido que “el único límite al poder de un presidente para desobedecer una ley como la importante disposición en cuestión es el poder del Congreso para emplear las armas de la guerra entre poderes”.
