Cámara Hispana de Comercio afirma que la ley SB1718 es un castigo al empresario latino
Las nuevas medidas migratorias de Florida afectarán directamente al trabajo para personas indocumentadas, la escolaridad de sus hijos y su acceso al sistema de salud pública
La suspensión del Título 42 impulsó el surgimiento de programas que faciliten la inmigración de ciertos ciudadanos. Crédito: Drew Angerer | Getty Images
El presidente de la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos (USHCC), Ramiro Cavazos, condenó en una entrevista con EFE la nueva ley antiinmigrante impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por “retrógrada” y por ser un castigo al empresariado latino.
Este miércoles, El presidente de la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos (USHCC), Ramiro Cavazos, condenó que la Ley SB1718, que es impulsada por Ron de Santis, es una medida antimigratoria, retrógrada y un castigo al empresario latino en suelo estadounidense.
La polémica norma de Florida SB 1718, que, entre otras cosas, penaliza a las empresas que contraten indocumentados, hospitales y personas que colaboren con migrantes, ha hecho que, temerosos de una posible deportación, miles de indocumentados se hayan mudado ya a otros estados en medio de un éxodo interno de Estados Unidos.
La llamada obliga a la empresa de Florida de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno de sus empleados extranjeros. Además de eso, puede tener una pena de multas y de retirada de los permisos para operar, entre otras medidas draconianas y antiestadounidenses. “No creemos que sea justo que la misma comunidad que trabaja todos los días para fortalecer la economía del estado, ahora sea posicionada como el enemigo”, afirmó en una entrevista a la agencia de noticias EFE.
Cavazos, que representa a más de 250 cámaras latinas del país, instó al gobierno de DeSantis a que reconsidere su enfoque y sus políticas retrógradas y consideró realmente irónico lo que está sucediendo en Florida, donde el 20 % de la población es inmigrante.
La ley SB 1718 dificulta además el acceso de los indocumentados a la atención médica y desconoce las licencias de manejar expedidas por otros estados a personas sin estatus inmigratorio legal. La SB 1718 amenaza a casi 400,000 indocumentados que trabajan en seis importantes sectores en Florida, lo que supone casi el 10% de la fuerza laboral del estado.
Las nuevas medidas migratorias de Florida afectarán directamente al trabajo para personas indocumentadas, la escolaridad de sus hijos y su acceso al sistema de salud pública.
Con información de EFE