Recluso de Alabama que terminó en el corredor de la muerte, eligió comer tortilla y papas fritas antes de su fatal destino
James Barber, quien confesó el crimen por la golpiza fatal de Dorothy Epps, de 75 años, recibió 32 visitas en los dos días previos a su ejecución, de los cuales 22 lo vieron el jueves
Barber aprovechó de disculparse en los momentos previos a su ejecución. Crédito: Departamento de Prisiones de Alabama | Cortesía
Un preso condenado a muerte de Alabama eligió como su última comida una tortilla occidental, papas fritas y otras especias para el desayuno antes de ser ejecutado este viernes por la mañana, informaron las autoridades.
James Barber, de 64 años, recibió la inyección letal en el Centro Correccional William C. Holman, en Atmore, justo antes de las 2:00 a.m. del viernes.
Asimismo, Barber, quien confesó el crimen por la golpiza fatal de Dorothy Epps, de 75 años, recibió 32 visitas en los dos días previos a su ejecución, de los cuales 22 lo vieron el jueves, de acuerdo con el Departamento Correccional del Estado de Alabama.
La muerte del sentenciado se produjo dos décadas después de ser condenado tras el crimen de Epps con un martillo de orejas, informó New York Post.
Asimismo, Barber recibió dos llamadas telefónicas el jueves y seis el miércoles. Pidió además salchichas picantes y tostadas, aparte de la tortilla y las papas, apuntaron las autoridades.
Las autoridades precisaron que Barber se negó a desayunar antes, pero tomó bocadillos y bebidas a lo largo del día, y aprovechó de disculparse en los momentos previos a su ejecución, aunque también le dijo a los agentes: “Los persono por lo que están a punto de hacer”.
“Quiero decirle a la familia de los Epp que los amo. Lamento lo que pasó”, apuntó Barber. “Ninguna palabra encajaría con lo que siento”.
La ejecución de Barber fue la primera desde otoño pasado, cuando Alabama detuvo sus actos después de dos inyecciones fallidas. El caso también llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde los jueces negaron su solicitud.
Se conoció que Barber, a través de sus abogados, instó a su juez a detener la ejecución, y argumentó que el estado tiene un patrón conocido de negligencia en llevar a cabo una ejecución por inyección letal de forma constitucional.
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