Florida pide al Congreso retirar el sueldo de Mayorkas al acusar que permite la inmigración irregular
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, pidió al Congreso de EE.UU. retirar el salario del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al afirmar que no ha hecho su trabajo en la frontera
El secretario Alejandro Mayorkas ha sido foco de críticas de republicanos sobre su labor en la frontera. Crédito: Drew Angerer | Getty Images
Surge un nuevo capítulo entre los gobiernos republicanos y la administración del presidente Joe Biden sobre asuntos migratorios: se pide al Congreso dejar de pagar el salario al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
La petición fue de la fiscal general de Florida, Ashley Moody, quien afirmó este lunes haber enviado la petición a congresistas, debido a que Mayorkas habría incumplido con su deber en la frontera en asuntos migratorios.
Moody recordó que el juez Kent Wetherell, que lidera un litigio entre el Gobierno de Florida y la Administración Biden, ha criticado la actuación de Mayorkas por ignorar “voluntaria e intencionalmente las demandas claras de la ley de inmigración de los Estados Unidos”.
Moody lo acusó de desmantelar “sistemáticamente” la seguridad en la frontera con México, tanto “solicitando menos recursos” para protegerla como “iniciando nuevos programas fuera de la ley federal para permitir y fomentar más inmigración ilegal”.
“Su título resume su responsabilidad -asegurar nuestra patria-y ha hecho lo contrario a propósito. Hago un llamado al Congreso para que reduzca a cero su salario hasta que cumpla con su juramento al pueblo estadounidense”, dijo Moody en un comunicado.
En su carta a los líderes del Congreso, la procuradora general Moody dice que desde su confirmación en el cargo, Mayorkas se ha “burlado de la clara orden del Congreso en detrimento de mis electores y de esta nación”.
“En lugar de detener a los delincuentes extranjeros y los que cruzan la frontera ilegalmente como lo exige la ley, el secretario Mayorkas ha liberado a millones de estos extranjeros“, asevera.
“Sorprendentemente” Mayorkas cuando se le preguntó en un tribunal por esas liberaciones culpó al Congreso, al que, según Moody, acusa de no asignar fondos suficientes para cubrir los centros de detención necesarios.
Sin embargo, agrega la carta, es Mayorkas quien solicita que se reduzcan los fondos para los centros de detención con el argumento de que eso “no impedirá la capacidad de ICE (la agencia de migración) para capturar, detener y expulsar a los no ciudadanos que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública”.
Además de poner a cero el salario de Mayorkas, la fiscal general de Florida solicitó al Congreso que proporcione fondos adicionales para la seguridad fronteriza, asigne dinero para apoyar los programas de cooperación estatal, proporcione “una causa de acción para que los estados demanden al secretario Mayorkas” y obligue al cumplimiento de la ley federal de inmigración.
La procuradora general Moody concluye la carta con un llamado a la acción.
“Independientemente de si está de acuerdo con las leyes de inmigración actuales, son la ley del país y el secretario Mayorkas juró respetarlas. El Congreso, más que cualquier otra rama del gobierno, está en una posición única para defender las leyes debidamente promulgadas de este país cuando el Poder Ejecutivo decide ignorarlas”.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuestiona permanentemente la política migratoria de la Administración Biden, incluso ante la justicia, y como candidato a las primarias republicanas ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal su caballo de batalla.
Desde el 1 de julio está en vigor en Florida una nueva ley de migración promovida por DeSantis que se considera la más dura del país en contra de los inmigrantes indocumentados y ha sido ya objeto de una demanda ante la justicia de parte de organizaciones civiles.
Florida tiene también un programa de “relocalización” de inmigrantes que le permite usar dinero público para enviar a extranjeros sin permisos desde la frontera de Texas a otros estados más tolerantes, como California y Pensilvania, y que también está cuestionado ante la justicia.
Con información de EFE
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