Nydia Velázquez se une una vez más a organizaciones de la diáspora contra la Ley 22 que otorga exenciones contributivas a extranjeros para que se establezcan en Puerto Rico
Según expuso en un foro este martes en la Cámara de Representantes encabezado por Center for Popular Democracy Action, la Ley 22 que forma parte del Código de Incentivos o Ley 60 ha acelerado el desplazamiento de los boricuas de sus tierras y la evasión de impuestos por parte de los extranjeros beneficiarios
La representante demócrata Nydia Velázquez fue la invitada especial en un foro el martes sobre el impacto de Ley 22 en Puerto Rico. Crédito: PRÁ | Cortesía
La representante demócrata de Nueva York en Washington D.C., Nydia Velázquez, se unió una vez más a grupos de boricuas en la diáspora para tronar contra el impacto de la Ley 22 que otorga exenciones contributivas a extranjeros que se establezcan en la isla bajo la promesa de que invertirán para la creación de empleo y el desarrollo económico del territorio.
En una sesión informativa de la Cámara de Representantes federal, Velázquez insistió en que el estatuto que forma parte del Código de Incentivos del 2019 o Ley 60 no ha logrado el objetivo para el que se creó y más bien ha convertido a Puerto Rico en un paraíso fiscal, ha intensificado el desplazamiento y la desigualdad, ya que los boricuas no pueden competir en igualdad de condiciones con extranjeros en la adquisición de propiedades.
“Las políticas que han sido implementadas han forzado a muchas personas a abandonar la isla. Nosotros tenemos una responsabilidad de supervisión que no se ha hecho cumplir”, declaró Velázquez que fungió como invitada especial en el foro.
A juicio de la legisladora se debe seguir presionando para que se haga una revisión seria de la ley y su impacto en los recaudos del Gobierno federal y local.
En el evento, en el que participaron organizaciones como PRÁ, Center for Popular Democracy Action, Diáspora en Resistencia, New York Communities for Change, Action NC, Florida Rising, y Make the Road Action, entre otras, se abundó sobre las implicaciones para la política fiscal federal de la referida ley.
Estas entidades a su vez forman parte de la campaña “Not Your Tax Haven” (No tu paraíso fiscal).
“Hoy, estamos de vuelta en el Congreso para educar a los creadores de política pública tanto sobre el impacto local de la Ley 22/Ley 60 y sus implicaciones para la política fiscal federal con una coalición liderada por nuestros socios en el Centro para la Acción de la Democracia Popular (CPDA)…”, lee uno de los tuits de PRÁ relativos al encuentro.
“Lo que la Ley 22 está creando en este momento no es solo vivienda vulnerable…pero se está convirtiendo en una amenaza para instituciones como universidades…forzando a estudiantes, forzando a poblaciones locales fuera de los lugares donde tradicionalmente han vivido“, expuso la abogada Ariadna Godreau, de Ayuda Legal P.R.
“Probablemente, estemos hablando de miles de millones de dólares de pérdidas en ingresos por impuestos entre el Gobiernos federal y el estatal. Aún no está claro cuánto o si algo de ese dinero se está invirtiendo en las comunidades puertorriqueñas más allá del mercado inmobiliario de lujo”, añadió.
Organizaciones como PRÁ respaldan el llamado de grupos como “Abolish Act 60”, El otro Puerto Rico y “Losing Puerto Rico” para que se derogue la ley como primera opción para lidiar con la problemática.
“La manera más efectiva e inmediata de resolver los graves problemas que nos ha traído la Ley 22 / Ley 60 es pedir su eliminación, ya sea en P.R. o Washington, o exigirle al Congreso que los 22 paguen contribuciones federales, lo que no les haría atractivo mudarse a Puerto Rico”, planteó la organización que presiona en la Capital federal por los asuntos que afectan a los boricuas dentro y fuera de la isla.
A principios de junio, PRÁ envió una carta a los principales líderes en Cámara y Senado para que las disposiciones de la Ley 22 apliquen en igualdad de condiciones a los locales. La misiva fue enviada en medio de las expresiones del criptomillonario Brock Pierce, quien públicamente favoreció la transición del programa PAN (Programa de Asistencia Nutricional) a SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) para los puertorriqueños que residen en la isla.
Pierce aspiró al Senado en Vermont mientras se beneficiaba de las exenciones fiscales en la isla.
Desde el 2020, el Servicio de Rentas Internas (IRS) examina el impacto de la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” en los recaudos del Gobierno y en la economía federal y local en general.
Sin embargo, en junio pasado, trascendió en un reporte de Bloomberg que el IRS investigaba unos 100 casos de individuos pudientes por evasión de impuestos relacionado con su estancia en el territorio bajo sospecha de que habrían mentido sobre su presencia en la isla así como sobre sus ingresos, esto para
aprovecharse ilegalmente de las exenciones fiscales.
Las indagatorias presuntamente incluye a gestores de fondos de cobertura (hedge funds), inversionistas de criptomonedas y otros individuos acaudalados.
La Ley 22 ofrece la exención fiscal total para dividendos, intereses y ganancias de capital a los inversores que se instalen en Puerto Rico durante al menos 183 días al año.
En julio pasado, luego de las reseñas de medios sobre la pesquisa del IRS, Velázquez en asociación con el legislador de Arizona, Raúl M. Grijalva, miembro de alto rango del Comité de Recursos Naturales de la Cámara que evalúa los asuntos relacionados con Puerto Rico; y los otros dos de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez y Ritchie Torres, enviaron una carta a la Oficina de Contraloría General (GAO) para pedir que se examine el impacto fiscal de los incentivos otorgados a estos supuestos inversores.
