Entra en vigencia en NYC plazo de 30 y 60 días para que inmigrantes desalojen los albergues en medio de un airado forcejeo político

“¡Aquí son bienvenidos! ¡NYC es tierra de inmigrantes! ¡El derecho al albergue no se toca!”, gritaba un grupo de manifestantes este lunes al frente de la sede del Tribunal Supremo de Nueva York, en el Bajo Manhattan. A la par, se entrelazó otro grupo más pequeño, pero muy estruendoso que coreaba: ¡Cierren la frontera! ¡No respalden el tráfico humano de niños! ¡Están destruyendo a Nueva York!

El telón de fondo de este “choque” de opiniones, es que los inmigrantes solicitantes de asilo siguen arribando por miles a la Ciudad de Nueva York, en un momento en el cual se eleva la temperatura de un forcejeo político sobre el derecho al albergue de los recién llegados. 

Por un lado, el alcalde Eric Adams persiste en su posición de acortar el tiempo de permanencia en los albergues municipales. Y por otro, una coalición de organizaciones comunitarias y líderes electos se movilizan para que se derogue esta nueva norma.

Esta semana, seguían rodando las notificaciones y las órdenes de desalojo de familias inmigrantes, que en algunos casos, tienen más de un año viviendo en hoteles- albergues de emergencia y cuyas primeras salidas empezarían a concretarse este martes 8 de enero.

La nueva norma da un plazo de 30 días a las personas solteras para permanecer en los refugios y una ventana de 60 días a las familias con niños. Este grupo deberá solicitar nuevamente su reasignación a otros centros de alojamiento de emergencia.

En paralelo, centenares de personas recién llegadas aguardan en largas filas, bajo el frío, esperando albergue. 

El equipo jurídico de la Alcaldía, además espera una decisión en tribunales para cambiar el fondo de la norma municipal, aprobada hace 42 años, que garantiza el “derecho a la vivienda”, para cualquiera que solicite una cama, bajo el argumento que no fue diseñada para responder a una crisis migratoria y humanitaria global.

“En los últimos veinte meses, la ciudad de Nueva York ha recibido a más de 100,000 solicitantes de asilo, en un momento en el que no sabíamos cómo nos recuperaríamos de la pérdida de casi medio millón de residentes durante la pandemia. En lugar de cerrar las puertas a los nuevos neoyorquinos, nuestra ciudad, nuestro estado y el gobierno federal deben trabajar juntos para mantener la tradición de aceptar la inmigración”, esgrimió Brad Lander, el contralor municipal.

El funcionario además fundamenta que la gran mayoría de los solicitantes de asilo que han llegado a la ciudad de Nueva York provienen de países como Venezuela, Mauritania y Haití, donde el Departamento de Estado ha identificado abusos terribles contra los derechos humanos, incluida la tortura, el encarcelamiento ilegal y la esclavitud.

“Merecen un lugar donde dormir”

Asimismo, la concejal de Brooklyn, Alexa Aviles describió que innumerables familias se enfrentan ahora a traumas innecesarios en las calles de la ciudad, en pleno invierno, para ser reasignadas a otros refugios, una práctica que calificó como propia de gobernantes “racistas” del sur.

¿Cómo puede generar estabilidad o tener sentido financiero obligar a las personas a abandonar sus situaciones de vida, sólo para realojarlas en otro lugar? No es así. Necesitamos detener la miseria humana y este círculo vicioso de desplazamiento. Este es un imperativo moral”, reclamó.

La posición de José López, portavoz de la organización Make the Road NY, que junto a la Sociedad de Ayuda Legal, Coalición de Desamparados y la Coalición de Inmigrantes de NY están defendiendo los derechos de los recién llegados, es que “todos los neoyorquinos, incluidos los más nuevos, merecen un lugar seguro para dormir y descansar”.

Acusan al mandatario municipal de convertir a los solicitantes de asilo en chivos expiatorios en su intento de suspender las protecciones del derecho a un refugio que dejarían a las familias en el frío y desarraigarían a los niños de sus escuelas.

“Hacemos un llamado al alcalde Adams para que detenga estos avisos de desalojo de 30 y 60 días y finalmente se centre en soluciones reales a largo plazo”, coincidieron.

!Nadie está en contra de la inmigración!

Mientras los manifestantes trataban de esbozar los argumentos por los cuales se debía mantener la “puerta abierta” a los inmigrantes, un grupo de manifestantes que se autocalifican como “espontáneos”, repudiaron con gritos esa posibilidad.

Tal es el caso de la puertorriqueña, Alexa Cruz, residente de un complejo de vivienda pública (NYCHA) de Manhattan, quien se acercó con un megáfono para contrariar al grupo de organizaciones y líderes electos que exigen al gobierno municipal que no toque una letra de la norma del derecho al albergue.

“No es posible que le estén quitando fondos a los pobres, que pagamos impuestos que pagamos nuestra renta, para costear todos los gastos de una oleada que sigue llegando sin ningún control. Nadie en Nueva York está en contra de la migración. Todos aquí venimos de algún lado. Pero no se había visto que llegaran miles pidiendo que le pagaran todo”, aseveró Alexa.

La isleña asegura que su voz es la de miles de residentes de NYCHA, que tienen años esperando reparaciones y mejoras en los edificios, pero reciben una “cachetada” al saber que las necesidades acumuladas por décadas, se estancan para atender otras prioridades, que no son de los neoyorquinos que tienen un historial de esfuerzo. 

“No se trata de un acto de mezquindad. Miles de personas llegan huyendo de cosas horribles. Tienen derecho a tener una vida mejor, como han venido varias generaciones. Lo que no es justo es que nos corten servicios a los contribuyentes más pobres, que cuando llegamos, nadie nos regaló nada”, ponderó la manifestante quien aclaró a El Diario que no responde a los intereses económicos y políticos de ningún grupo.

¿Quién tiene la prioridad?

Más de 3,500 familias que recibieron notificaciones de abandonar los albergues, deben aplicar nuevamente para ser reasignados a otros centros que no necesariamente quedan en el mismo condado en donde están hospedados. Esto significa un desafío para los niños que ya están en las escuelas públicas.

Una madre soltera quien prefirió reservar su identidad, vive con su hijo en un hotel de emergencia en Queens, desde hace 11 meses, opina que la nueva norma es “inhumana”, porque en su caso ha sido muy complicado conseguir trabajo para poder aspirar rentar una habitación.

“Me parece a mi, que en este caso deberían dar prioridad a los que llegamos primero y ya tenemos niños en las escuelas”, razonó la inmigrante.

En efecto, la nueva estrategia municipal busca movilizar a los que tienen más tiempo en estos hospedajes, para poder recibir a miles de personas que siguen llegando a un ritmo cada vez más acelerado.

Fuentes municipales reaccionaron advirtiendo que ninguna ciudad del país ha atendido con “tanta humanidad”, en medio de esta crisis migratoria global, a más de 170,000 personas en los últimos dos años.

“Como advertimos oportunamente se agotó el espacio. Siguen llegando y debemos seguir cumpliendo con nuestro compromiso legal. Hemos tenido que tomar medidas duras, pero racionales”, dijo el portavoz municipal.

Claves del laberinto migratorio hoy:

• Este capítulo de la ya indescriptible crisis migratoria en la Gran Manzana, se podría explicar así: Más de 70,000 inmigrantes que en muchos casos llegaron desde la primavera de 2022, que todavía se encuentran bajo el cuidado municipal, empezarán a recibir notificaciones de desalojo para abrir espacios a miles que siguen arribando.

• Este primer grupo, que ya tiene meses en los albergues, exige no ser desalojados porque “tienen prioridad”, porque llegaron primero.

• En este rompecabezas, los portavoces de organizaciones comunitarias y líderes electos consideran que la Ciudad debe disponer de fondos y ayuda para todos. Además de no poner límites al flujo de miles de personas que aspiran a convertir a Nueva York en su nueva casa.

• El alcalde Adams sigue firme en su posición de limitar el tiempo de cada solicitante de asilo en los albergues municipales y su máxima ambición es que se termine judicialmente la norma que obliga a la Ciudad de Nueva York, a proporcionar vivienda a quien lo solicite, pues no fue concebida para hacer frente a una crisis humanitaria mundial.