Entrevista: Paridad en fondos SNAP y Medicare, otras dos prioridades de director de PRFAA, Luis Dávila Pernas
En entrevista exclusiva con El Diario de Nueva York, el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFAA), aseguró que su oficina continúa en comunicación con líderes en el Congreso como parte de los esfuerzos para que la isla transicione del programa PAN al de SNAP
John Fetterman (D-PA) lidera una audiencia del subcomité senatorial de Agricultura, Nutrición y Silvicultura, el año pasado, como parte de la evaluación de "Farm Bill". Crédito: Chip Somodevilla | Getty Images
Nueva York – Luis Dávila Pernas, director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C., aseguró que su oficina continúa en comunicación con líderes en el Congreso como parte de los esfuerzos para que la isla transicione del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), cambio que buscan sea incluido en la nueva Ley Agrícola (Farm Bill).
“Farm Bill” fue extendida el año pasado hasta septiembre del 2024 y se espera que las negociaciones sobre el contenido final del paquete avancen en los próximos mes.
La legislación es una de tipo ómnibus y su vigencia se reevalúa cada cinco años. El conjunto de medidas establece las pautas y el financimiento para diversos programas de agricultura y alimentos.
Mediante su evaluación, los legisladores y grupos de interés examinan en profundidad y atienden asuntos relacionados con esos temas.
En entrevista exclusiva con El Diario de NY, el funcionario que representa a la Administración del gobernador Pedro Pierluisi en la Capital federal, reveló que se mantiene en contacto con legisladores como el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, en relación con el tema.
“La Ley Agrícola se aprueba cada cinco años. Tocaba que se aprobara en el 2023. En el Congreso, hubo mucha incertidumbre, particularmente, en la Cámara; destituyeron al ‘speaker’, estuvieron mucho tiempo con los trabajos paralizados. Ellos llegaron a un acuerdo en el que lograron extender provisionalmente la Ley Agrícola hasta septiembre de este año. Eso nos ha dado más espacio para poder continuar trabajando, convenciendo a miembros del Congreso a que se unan a este esfuerzo; y lo último que hemos recibido, las declaraciones del líder Schumer, es que esta es una de sus prioridades más importantes para este 2024, y que espera que una vez empiece a salir cualquier texto de legislación propuesto, que esté incluido este tema como parte de esa Ley Agrícola”, destacó Dávila Pernas.
Transición de PAN a SNAP solo sería posible mediante Ley Agrícola
El entrevistado insistió en que el proceso para una transición de PAN a SNAP solo podría realizarse a través de la referida ley ómnibus.
“Tiene que ser mediante la Ley Agrícola porque está compuesta en su gran mayoría del título de asistencia nutricional (Nutritional Assistance Tittle), y es el vehículo donde se regula la asistencia nutricional que se les da a los estados; en el caso de Puerto Rico, inclusive los fondos del PAN, están incluidos también en esa legislación. Así que no habría otro vehículo que se mueva en el Congreso mediante el cual uno podría alterar, por ejemplo, o cambiar el hecho de que Puerto Rico no participa en el programa SNAP”, abundó.
Mediante el Título 4 de la Ley de Mejoras a la Agricultura (Farm Bill) de 2018 se reautorizan varios programas de asistencia nutricional y alimentaria incluyendo SNAP.
Discrimen desde el 1981 contra los ciudadanos en la isla
El funcionario explicó que una decisión “discriminatoria” de la Administración del presidente republicano Ronald Reagan en el 1981 llevó a que se reemplazara, un año después, SNAP por PAN, que funciona como una asignación en bloque.
“Puerto Rico no participa por una sencilla razón: que en el 1981, cuando se estuvo debatiendo los recortes contributivos en ese entonces bajo la administración del presidente (Ronald) Reagan, el Congreso entendió y encontró que quitándole a los puertorriqueños la igualdad de beneficios en asistencia nutricional podían pagar parte de esos ajustes contributivos; y desde entonces, Puerto Rico ha sido relegado a un programa distinto, discriminatorio, que es lo que se conoce como el programa del PAN y por esa razón no estamos en SNAP”, expuso el director de PRFAA.
Los análisis también apuntan a que algunos legisladores, particularmente republicanos, tienen reservas con el impacto económico de la transición. Sin embargo, a juicio de Dávila Pernas, será mayor el beneficio por efecto en cadena, lo que podría hacer cambiar de opinión a miembros de esa colectividad, que son mayoría en la Cámara de Representantes.
“Otro factor que incide muchísimo en el apoyo que hemos estado recibiendo de algunas oficinas republicanas es que existe una actividad agrícola importante en muchos de estos estados; hay muchos productos que se exportan a Puerto Rico, que se consumen en Puerto Rico por nuestra naturaleza de ser una isla pequeña… y ven una oportunidad que si Puerto Rico recibiera un incremento en la cantidad de fondos de asistencia nutricional también aumentarían las compras que hace Puerto Rico en cuanto a esos productos en particular que a su vez beneficia a sus constituyentes en sus estados”, planteó.
Si se aprueba el cambio, Puerto Rico recibiría aproximadamente el doble de lo que recibe actualmente bajo PAN, o $4,500 millones al año, en comparación con los $2,900 millones anuales actuales.
PAN es herramienta clave para atajar el problema de la pobreza en Puerto Rico
Programas como PAN son esenciales para el bienestar de los ciudadanos en el territorio debido a los altos niveles de pobreza. Para el 2018, un 43% de los residentes en Puerto Rico vivían bajo los niveles de pobreza; mientras que más de la mitad de los niños, o un 57% de esa población, batallaban contra ese mal.
Los datos que maneja el instituto independiente de investigación, Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), revelan que un tercio de los adultos residentes en la isla sufren de inseguridad alimentaria. El panorama en la isla se agrava si se suman otros factores como inflación y el impacto de fenómenos naturales como huracanes y sismos.
El caso de los estudiantes universitarios que reciben PAN
Dávila Pernas añadió que, en caso de concretarse la transición, las autoridades deben trabajar de manera administrativa para lograr la flexibilidad necesaria de modo que poblaciones como la de estudiantes universitarios que reciben fondos del PAN no queden excluidos de la ayuda.
“La realidad es que eso es algo que se puede ajustar. Si bien esos estudiantes universitarios actualmente reciben fondos del PAN, lo reciben porque hay flexibilidad de parte del territorio de poder utilizar esos fondos y crear ese tipo de programas dentro de la sombrilla del PAN. El SNAP ya se tendría que reglamentar bajo un proceso nacional, donde ese grupo no está cobijado; pero nada impide que el Gobierno, la Legislatura, la Junta Fiscal, por ejemplo, creen un programa aparte donde se le dé asistencia nutricional a los estudiantes universitarios que no trabajan, y que eso se sufrague o se pague con fondos estatales”, consideró.
Un clamor que se refuerza en Washington
Particularmente desde el año pasado, el llamado para que Puerto Rico participe en igualdad de condiciones que los estados en SNAP se ha reforzado.
Durante la primavera, más de 200 organizaciones se unieron en una coalición para presionar por la integración de los ciudadanos en Puerto Rico al programa SNAP.
Al momento, son dos las legislaciones en el Congreso que buscan facilitar el proceso, el H.R.253 y el S.949.
El H.R. 253 fue presentado por la comisionada residente en Washington, la republicana Jenniffer González; y el proyecto hermano en el Senado fue presentado por la demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand.
Organizaciones como el Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ) anticiparon a El Diario de Nueva York que, como parte de sus esfuerzos en Washington este año, se enfocarán en educar a los legisladores republicanos sobre los beneficios económicos de la transición.
El caso de la disparidad en fondos Medicare y Medicaid
Otro programa con fondos federales al que PRFAA le está prestando especial atención es Medicare Advantage (MA).
Según indicó Dávila Pernas, el fin es que las autoridades federales equiparen lo que se le paga a proveedores y hospitales en Puerto Rico con el desembolso a las Islas Vírgenes.
“En el caso de Medicare y Medicare Advantage en particular, existe una reglamentación que se aprueba todos los años; esto es una cuestión administrativa, se hace a través de HHA (Cobertura de servicios de asistencia médica a domicilio) y CMS (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid), donde se establecen las tasas de reembolsos en cuanto a los planes médicos en Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, la isla recibe una tasa que 39% más baja que la que reciben los estados, y un 23% más baja de la que reciben las Islas Vírgenes. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos equipare a las Islas Vírgenes. No estamos ni siquiera pidiendo la igualdad que merecemos, que es la que reciben los estados, pero, ‘por lo menos, equipárame a las Islas Vírgenes, y ponme una limitación en la regulación para que cualquier incremento que haya o fondos que lleguen a Puerto Rico, vayan directamente para pagar servicios de Parte A y B, que son los hospitales y los proveedores”, explicó Dávila Pernas.
El programa Medicare brinda seguro médico a personas que tienen 65 años o más; o más jóvenes que sufren alguna discapacidad. También son elegibles los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal.
Medicare Advantage viene a ser una extensión del Medicare original que incluye la partes A, B, y D. Bajo Advantage, los planes ofrecen algunos beneficios adicionales que Medicare Original no cubre.
La brecha de desigualdad que impacta a pacientes en Puerto Rico a su vez provoca que los planes de salud limiten sus pagos a los proveedores.
En noviembre pasado, 21 organizaciones en la isla enviaron una carta al secretario del Departamento de Salud federal (HHS), Xavier Becerra, para solicitar que evalúe el impacto de las nuevas fórmulas que aplicará el gobierno de EE.UU. en cuanto al pago a proveedores.
Este tema es de particular importancia si se toma en cuenta que Puerto Rico lleva años batallando con el problema de la falta de médicos especialistas en varias áreas.
“En Puerto Rico, ahora mismo hay un solo neurocirujano pediátrico. Hay solo dos cirujanos cardiovasculares que hacen trasplantes. Hay una serie de especialistas que no hay en Puerto Rico. Esto provoca un éxodo, no solo de nuestros médicos, estudiantes y profesionales, sino de la población que necesita esos servicios, que dice, ‘espérate, yo me estoy poniendo viejo. Yo necesito tener un buen hospital, un buen especialista que me pueda chequear. De nada me vale estar aquí, si pongo en riesgo mi vida, porque no tengo esa atención médica. Yo creo que ese es el efecto cascada que estamos tratando de revertir”, expuso el director de PRFAA.
En cuanto a Medicaid, las autoridades legislativas en Washington extendieron la vigencia de los fondos para Puerto Rico hasta el 2027.
La medida forma parte de la ley ómnibus de presupuesto aprobada a finales de diciembre de 2022.
La asignación de más de $19,000 millones en fondos aplicará por cinco años.
La legislación dispone el desembolso de $3,650 millones para este año fiscal. Mientras, que $3,700 millones sería destinados para el año fiscal federal 2024; $3,850 millones en el 2025; a $4,020 millones en el 2026 y $4,200 millones en el 2027.
Cada cinco años, el Congreso debe legislar para extender la vigencia de los fondos Medicaid en la isla. A esto se le conoce como “abismo fiscal” de Medicaid.
“En el Congreso no existe tal cosa como una extensión en bloque permanente, no existe. La ley lo que dice es que los estados van a recibir el dinero de Medicaid a base de una fórmula, y esa es la fórmula que le corresponde a un estado. Hasta que Puerto Rico no sea un estado no va a poder entrar ahí, y va a estar sujeto a los vaivenes del Congreso”, puntualizó.
Medicaid es un programa estatal y federal que brinda cobertura médica a personas de bajos ingresos.
Medicaid ofrece beneficios que, en general, Medicare no cubre, como cuidados en asilos de ancianos.
Esta es el segundo de una serie de artículos sobre las gestiones de PRFAA en Washington D.C.
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