FEMA anuncia nueva reglamentación para simplificar y agilizar la asistencia y distribución de fondos por desastres
La administradora de FEMA, Deanne Criswell, catalogó la reforma como la más importante en los últimos 20 años
Foto del 18 de septiembre de 2019 que muestra varias viviendas en San Juan, Puerto Rico, impactadas por el huracán María (2017) con carpas azules como techo. Crédito: RICARDO ARDUENGO | AFP / Getty Images
Nueva York – La Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) anunció este viernes cambios al Programa de Asistencia Individual por desastres con el fin de simplificar los procesos de solicitud, ampliar la elegibilidad y agilizar el desembolso de dinero a damnificados que incluyen a residentes en territorios como Puerto Rico.
Los cambios son resultado de información recopilada por FEMA por décadas en comunidades afectadas y grupos de interés, incluyendo los comentarios públicos que la agencia solicitó en 2021 sobre cómo mejorar el programa de Asistencia Individual.
“Los colaboradores estatales y miembros del Congreso se han hecho eco de estas preocupaciones y presionado para que los programas de asistencia individual sean más simples y ágiles para ayudar a las personas en todo el país durante su proceso de recuperación. Estas experiencias compartidas sirven como la base de las actualizaciones de FEMA”, explicó la agencia en un comunicado.
Uno de los cambios más destacados que se espera entre en vigor a partir del 22 de marzo próximo es el reemplazo del programa de Asistencia para Necesidades Críticas por el de Asistencia para Necesidades Graves.
Anteriormente, estos fondos se otorgaban tras una evaluación de cada desastre.
Cambios en la ayuda de $750 para gastos de alojamiento
Desde marzo, la Asistencia para Necesidades Graves estará disponible para los casos de desastres que reciban Asistencia Individual. A las familias elegibles se le suministra $750 para cubrir los gastos inmediatos relacionados con alojamiento, evacuación o desalojo y necesidades básicas del hogar. Este pago será adicional a otras ayudas para sobrevivientes, según cada caso particular.
FEMA además anunció el nuevo beneficio conocido como Asistencia para Personas Desplazadas.
Mediante este programa se busca ayudar a los damnificados que no pueden regresar a su vivienda después de un desastre.
“La Asistencia para Personas Desplazadas proporcionará a los sobrevivientes elegibles fondos por adelantado para ayudarles con opciones de vivienda inmediata…, como cubrir los costos que conlleva alojarse con familiares y amigos, hasta que puedan obtener una opción de alquiler que les permita centrarse en su recuperación a largo plazo”, especificó la agencia.
Eliminación de requisito de solicitud de préstamo a la SBA
La eliminación de los requisitos de solicitud de préstamo a la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA) es otro de los cambios anunciados. FEMA decidió dejar sin efecto la imposición de solicitar uno de estos préstamos antes de que el sobreviviente fuera considerado para ciertos programas de ayuda económica.
“Anteriormente, FEMA requería que los sobrevivientes solicitaran estos préstamos antes de recibir asistencia para la propiedad personal y otras pérdidas no relacionadas con la vivienda. Los sobrevivientes informaron de mucha confusión por el hecho de que los procesos de FEMA les exigían solicitar un préstamo que no deseaban. Este cambio simplificará el proceso de asistencia por desastre y permitirá que los sobrevivientes tengan la opción de solicitar asistencia de FEMA y SBA al mismo tiempo”, apostó la entidad.
Las personas con cobertura insuficiente por parte de compañías de seguros privados también se verán beneficiadas con la reforma. Previamente, si un sobreviviente recibía $42,500 de su compañía de seguros (la cantidad máxima de dinero que el Congreso autoriza a FEMA a proporcionar para reparaciones en 2024), no era elegible para recibir asistencia adicional.
Bajo la regla anterior, no importaba si el seguro no cubría todos los gastos o si el sobreviviente tenía pérdidas no cubiertas. Ahora, la ayuda económica estará disponible hasta el límite de $42,500, para cubrir los costos no reembolsados por el seguro, incluyendo deducibles y pérdidas no aseguradas.
FEMA busca facilitar proceso de reapertura de negocios
Otro cambio que se espera entre en vigor en dos meses va dirigido a simplificar el proceso para que los empresarios, trabajadores por cuenta propia y otros independientes puedan reabrir más fácilmente sus negocios. La oficina ya no le exigirá a esta población solicitar un préstamo por desastre de la SBA para cubrir las pérdidas.
“Como parte del nuevo reglamento, FEMA puede proporcionar a los sobrevivientes que son trabajadores autónomos ayuda económica inicial para reemplazar las herramientas y los equipos dañados por el desastre, u otros artículos necesarios para un oficio o profesión específica. Esta ayuda está sujeta al límite máximo de $42,500, por encima del cual los préstamos por desastre de SBA seguirán proporcionando apoyo federal adicional”, detallaron.
Expansión de criterios de habitabilidad
Por otra parte, los criterios de habitabilidad serán expandidos para incluir las reparaciones de viviendas con condiciones preexistentes para que más hogares cualifiquen. Esto quiere decir que las personas que necesiten reparar su vivienda dañada por un desastre pueden cualificar para la ayuda de FEMA independientemente de las condiciones en las que estaba la vivienda antes de la emergencia.
“Anteriormente, si una vivienda tenía goteras en el techo antes de un desastre, esa zona de la vivienda no podía cualificar para reparaciones subvencionadas por FEMA”, ejemplificó la agencia.
Además, el nuevo reglamento otorgará mayor flexibilidad en cuanto a los documentos para confirmar que una residencia está ocupada por el propietario en el caso de las personas que no posean un título formal de propiedad o un contrato de arrendamiento.
La Ley de Seguridad Nacional de 2002 vinculó a FEMA con otras 21 organizaciones bajo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. Así las cosas, el Consejo de Seguridad Nacional y el Secretario de Seguridad Nacional son los principales administradores de FEMA.
El secretario actual de DHS, Alejandro N. Mayorkas, dijo estar confiado en que los cambios facilitarán ayudar a las personas cuando más lo necesitan.
“En el pasado, las limitaciones en la asistencia federal retrasaron la recuperación de desastres para muchas personas, especialmente para las comunidades que se ven afectadas de manera desproporcionada por los desastres. Debido a esto, la Administración Biden-Harris ha decidido actualizar nuestros programas para garantizar que brindemos asistencia por desastre a las personas que la necesitan, cuando más la necesitan”, planteó el funcionario en declaraciones escritas.
“El Departamento de Seguridad Nacional interactúa diariamente con más estadounidenses que cualquier otra agencia federal y continuáremos eliminando la burocracia para garantizar que nuestros servicios, recursos y apoyo lleguen a las personas a las que servimos”, añadió.
La reforma más importante en FEMA en 20 años
Por su parte, la administradora de FEMA, Deanne Criswell, describió la reforma como la más importante en los últimos 20 años. “Estamos a punto de realizar la actualización más importante de la asistencia a sobrevivientes en los últimos 20 años para llegar a más sobrevivientes y brindar asistencia con mayor rapidez“, apuntó.
“Las limitaciones en la asistencia federal han frustrado a sobrevivientes y demorado su recuperación demasiadas veces. La Administración Biden-Harris se propuso corregir esta situación y ayudar a llegar a más personas, con un enfoque particular en las comunidades que se ven afectadas de forma desproporcionada por los desastres. Desde la rápida asistencia a las personas desplazadas hasta la simplificación del proceso de solicitud, estamos cumpliendo el compromiso del presidente Biden de empoderar a las personas y a las comunidades para que puedan reconstruir sus vidas con mayor rapidez tras un desastre”, continuó.
El impacto de este nuevo reglamento en Puerto Rico
En territorios como Puerto Rico, azotado por varios huracanes y sismos, estas medidas pueden resultar esenciales para la recuperación efectiva de sus residentes.
Previo a este anuncio, FEMA informó que aprobó una prórroga para completar los proyectos de obra permanente en la isla a raíz de los sismos que se reportaron en Puerto Rico en el 2020, como solicitó la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).
El director ejecutivo de COR3, Manuel Laboy, le envió a FEMA una carta en la que exponía la necesidad de extender el plazo que vencía el 16 de enero. Algunas de las razones para la petición fueron la falta de recursos humanos para completar el trabajo, escasez de contratistas elegibles y la sobrecarga de trabajo de las autoridades gubernamentales en la isla al tener que manejar al mismo tiempo varios desastres.
FEMA es la encargada de obligar los fondos federales para proyectos de recuperación y reconstrucción en la isla, así como para obras permanentes, dinero que luego es administrado por COR3.
COR3 a su vez debe asegurarse de que las agencias, municipios y entidades sin fines de lucro elegibles reciban los fondos adjudicados.
Otro cambio en los procedimientos al que accedió FEMA en aras de reducir la burocracia fue la extensión del programa Working Capital Advance (WCA), que le permitirá a las agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro solicitar por adelantado hasta un 75% de los fondos adjudicados por la agencia para proyectos.
Cuando el programa empezó como uno piloto en el 2022 solo se permitía un anticipo un 25%, y, aplicaba únicamente, a los municipios.
El caso de los fondos a municipios en Puerto Rico
Precisamente, la situación con los fondos obligados a los municipios o pueblos de Puerto Rico es una de las piezas más complicadas del rompecabezas.
Hay ciertos reclamos planteados por alcaldes asociados del Partido Popular Democático (PPD) que aún no se resuelven.
Por ejemplo, este grupo, por medio de su presidente Luis Javier Hernández, ha pedido que se enmiende el acuerdo que establece costos fijos para los proyectos más grandes en vista de que la inflación ha elevado hasta en un 40% los costos.
Hernández incluso se ha reunido con personal de FEMA, Casa Blanca y líderes del Congreso para manifestarle que en muchos casos los contratistas no quieren comprometerse con proyectos porque consideran que va a salir más caro de lo que FEMA ha autorizado.
A lo anterior se suman los retrasos en el proceso de reconstrucción de la red eléctrica matizados por los reclamos de grupos ambientalistas que consideran que los más de $12,000 millones asignados a esos fines deben ser redirigidos para proyectos de energía renovable.
