CPD Action: Ningún nuevo miembro en la Junta de Control Fiscal mejorará la situación de Puerto Rico
La organización, que encabezó la campaña de firmas "Abolish La Junta: Support TRUST FOR PUERTO RICO", insistió en que el organismo federal ha empujado una agenda que prioriza pagarle a los fondos de inversión de Wall Street a expensas del bienestar de los puertorriqueños
Una protesta de maestros en Puerto Rico en reclamo de beneficios laborales. Crédito: Ricardo Arduengo | AP
Nueva York- En medio de la expectativa ante la posibilidad de que las autoridades en Estados Unidos, nombren próximamente a nuevos miembros a la Junta de Control Fiscal (FOMB), organismo federal que maneja las finanzas de Puerto Rico, la organización CPD Action insistió en la “abolición” del organismo.
Julio López Varona, codirector de Campañas de la organización progresista, indicó a El Diario de NY, que por los pasados años lo que ha hecho la Junta es privilegiar los intereses de los bonistas y de Wall Street.
“Por los pasados 5 años, los miembros no electos de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico consecuentemente han empujado una agenda que prioriza pagarle a los fondos de inversión de Wall Street a expensas del bienestar de los puertorriqueños. Mientras hacen esto, los miembros de FOMB no han logrado equilibrar las finanzas, con expertos que anticipan que el archipiélago caerá nuevamente en una quiebra en la próxima década”, consideró López Varona.
“Ha quedado claro que la Junta ha fallado, y que ningún nuevo miembro ayudará a mejorar la Junta, y que es el momento para abolirla y permitirle al pueblo de Puerto Rico escoger a aquellos que supervisarán su desarrollo económico en el futuro”, puntualizó el activista.
CPD Action junto a su organización hermana Center for Popular Democracy encabeza una agenda que busca promover la equidad, las oportunidades y la justicia económica para diversos grupos como trabajadores y migrantes.
Al menos desde el 2022, la entidad lleva presionando para que la Junta creada en el 2016, a raíz de la aprobación de la Ley PROMESA en el Congreso federal, abandone cuanto antes la isla.
El grupo inició una campaña de firmas nombrada “Abolir La Junta: apoyo a TRUST para Puerto Rico” (“Abolish La Junta: Support TRUST FOR PUERTO RICO”). La iniciativa busca que se considere la legislación del mismo nombre para agilizar la salida del ente fiscal.
“La gente de Puerto Rico repetidamente ha tomado las calles para exigir la salida de la Junta y defender su autodeterminación para el futuro de la isla. Seguimos sus pasos al tiempo que urgimos al Congreso a aprobar la Ley de Alivio Territorial Bajo una Transición Sustentable para Puerto Rico o ‘TRUST for Puerto Rico Act’ (TRUST Act), para enmendar PROMESA y acelerar la salida de la Junta tan pronto como el 2024”, lee la descripción de la campaña en el sitio web de la CPD.
“La legislaciós propuesta también le proveerá autonomía a las autoridades en Puerto Rico para autorizar a la Legislatura aprobar una resolución que crearía un camino para que las funciones de la Junta sean transferidas al gobierno de Puerto Rico cuando sea firmada por el gobernador”, añade la entrada que ya no acepta más firmas.
¿Qué es TRUST for Puerto Rico Act”
En resumen, la legislación dispone para que la Junta abandone la isla no más tarde de 90 días luego de que certifiquen dos presupuestos balanceados. Actualmente, la Ley PROMESA requiere que sean cuatro los presupuestos balanceados certificados.
Sin embargo, la propuesta de ley no avanzó en el trámite legislativo.
La pieza legislativa fue avalada por políticos en la isla como el gobernador Pedro Pierluisi y presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández.
Actualmente, líderes en el Congreso federal junto a la Casa Blanca discuten posibles nombramientos a la Junta, ya que cinco de las siete posiciones caducaron y queda una vacante por llenar.
Bajo PROMESA, el presidente de EE.UU., en este caso Biden, hace una designación directa, mientras que las otras seis posiciones se asignan con base en recomendaciones del portavoz de la mayoría en la Cámara, quien sugiere dos. Otros dos lo propone su homólogo en el Senado; mientras que los líderes de minoría tanto en Senado como en la Cámara, uno, respectivamente.
Mientras este proceso se da a nivel de la Legislatura y el Ejecutivo, la Junta busca que la jueza del distrito sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, confirme el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) que propusieron para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Las recomendaciones de la Junta para pagarle a los bonistas y revivir el Sistema de Retiro de la corporación incluyen aumentos en las facturas de electricidad para los puertorriqueños por al menos 30 años.
A finales de diciembre pasado, líderes sindicales de la isla se unieron al representante demócrata Jesús “Chuy” García y al exrepresentante Luis Gutiérrez, ambos de Illinois, en el Capitolio en Washington D.C. para pedir que se retomen los esfuerzos para agilizar la salida del organismo federal.
La visita de los activistas puertorriqueños encabezados por Emilio Nieves Torres, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), buscaba aumentar el apoyo para que PROMESA sea derogada.
“Ante la dictadura colonial de la Junta de Control Fiscal, hoy nos unimos trabajadores y el pueblo, en una sola voz, para reclamar ante el Congreso de Estados Unidos que derogue la Ley PROMESA, y la imposición de la Junta, para dar paso a un proceso justo que conduzca a ejercer como pueblo nuestro derecho a la justicia salarial, un retiro digno, proteger servicios esenciales e impulsar un plan de desarrollo económico sostenible”, compartieron los sindicalistas a distintas oficinas del Congreso.
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