Puerto Rico: ante Justicia funcionaria que firmó salida de Hermes Ávila, reo que fingió paraplejia antes de matar a Ivette Joan Meléndez Vega
Tanto el Senado de Puerto Rico como el Departamento de Justicia estatal tienen en curso investigaciones sobre las circunstancias que llevaron al excarcelamiento del asesino convicto meses antes de que presuntamente matara a Ivette Joan Meléndez Vega
El feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega ha indignado a la sociedad puertorriqueña. Crédito: Policía de Puerto Rico | Cortesía
Nueva York – La empleada del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en Puerto Rico que firmó el “pase extendido” que facilitó la liberación del asesino convicto Hermes Ávila Vázquez bajo el argumento de una condición de paraplejia antes de que este fuera acusado de matar a Ivette Joan Meléndez Vega en abril pasado, compareció este viernes al Departamento de Justicia para responder a la investigación criminal por el manejo del caso.
La directora del Programa de Desvío de Corrección, Celia Cosme, llegó acompañada de su abogado Héctor Castro Pérez y no hizo declaraciones a la prensa.
Ayer, la funcionaria se negó a declarar en las vistas públicas organizadas por la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, organismo que investiga las circunstancias de la excarcelación en el 2023 de Ávila Vázquez, aproximadamente un año antes de que presuntamente asesinara a Meléndez Vega en Manatí.
La mujer se amparó en su derecho a no autoincriminarse o en la Quinta Enmienda de la Constitución para no contestar preguntas de los senadores.
Cosme no respondió, por ejemplo, interrogantes sobre una reunión de funcionarios correccionales, el 22 de abril, a las 4 a.m., el día después del feminicidio de Meléndez Vega.
Castro Pérez, por su parte, se limitó a indicar que aún no se puede tomar una decisión sobre si su clienta cooperará con la pesquisa de Justicia debido a que desconoce en calidad de qué se le estaba citando.
“Lo que pasa es lo siguiente: todo va a depender de en qué concepto y calidad a ella se le citó. Si a ella se le cita como acusada, no va a declarar. Si se le cita en otro concepto, ella no tiene nada que ocultar y ella puede ofrecer la información que ella tenga. Pero va a depender del concepto en que a ella se le cite”, declaró el abogado según citado por El Nuevo Día.
“¿Usted asegura que (Cosme) no hizo nada contrario a la ley?”, le cuestionó la prensa al representante legal.
“Yo aseguro de lo que yo he investigado del caso”, contestó. “De eso no puedo hablar contigo ni con nadie”, puntualizó.
Castro Pérez añadió que en instancias como esta “la cuerda siempre la tratan de romper por lo más fino”.
Secretaria de Corrección reconoce fallas
Previamente, la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, reconoció, ante la comisión senatorial, fallas en el manejo del caso a nivel administrativo, ya que no se establecieron criterios específicos para identificar una “condición fisiológica limitante” que lleve a la liberación de convictos como Ávila Vázquez acorde con la Ley 25 de 1992 o “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras Enfermedades en su Etapa Terminal que están confinados”.
“Reconozco y acepto que se produjo un fallo significativo en nuestro sistema, especialmente, en la evaluación médica, que permitió que una persona manipulara una alegada condición de salud para obtener beneficios indebidos. Este error tuvo consecuencias devastadoras”, admitió la secretaria en la audiencia pública la semana pasada.
En un intercambio con la prensa tras la vista senatorial, Escobar Pabón indicó que, con base en la información que maneja la agencia, la mujer que le abrió su hogar a Ávila Vázquez cuando salió en libertad era amiga de la enfermera del DCR con la que el hombre presuntamente mantenía una relación íntima.
“(La enfermera del DCR) no es la misma persona que ofreció su hogar para recibirlo. Es amiga de ella, de la enfermera. Tomaremos este asunto con la seriedad que amerita para trabajar el proceso de decisión disciplinaria, comenzando el proceso de destitución”, planteó al tiempo que señaló que este tipo de relación está prohibida en el Departamento.
Physician Correctional se defiende de cualquier acto impropio
En las audiencias trascendió que el panel de médicos que recomendó la excarcelación de Ávila Vázquez no lo evaluó físicamente en el 2022, y supuestamente no tenía conocimiento de los crímenes en los que había incurrido. La revelación la hizo Raúl Villalobos, el presidente de Physician Correctional, empresa encargada de la administración y operación de servicios de salud a la población de confinados en Puerto Rico.
“No lo vio, y es lo usual. Lo ve el médico evaluador inicial (en 2021), y lo que ve ese panel médico (en 2022) es la determinación de ese médico especialista”, estableció Villalobos.
Adicional, Villalobos aseguró que la excarcelación no la autorizaron ellos y responsabilizó a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado por el error de haber diagnosticado con paraplejia al convicto.
En febrero de 2022, un panel de médicos determinó que Ávila Vázquez cumplía con la “categoría de condiciones deformantes e incapacitantes severas, en estado avanzado o condiciones fisiológicas limitantes”.
Villalobos alegó que su empresa desconocía sobre el récord criminal de Ávila Vázquez, ya que, por cuestiones éticas, no cuentan con datos sobre la convicción o peligrosidad de los reos.
“Dicha determinación médica no considera y no puede considerar, para evitar conflictos de ética médica, aspectos profesionales de seguridad, como sentencia, peligrosidad, ajuste correccional o contacto con las víctimas e investigación comunitaria”, enumeró el presidente de Physician Correctional.
La investigación de Justicia sobre el manejo del caso por parte de las autoridades busca determinar si algún funcionario o proveedor incurrió en un acto de naturaleza criminal como parte de los procesos que condujeron a la liberación del feminicida.
Limitadas declaraciones del Departamento de Justicia sobre pesquisa por manejo del caso
Unas declaraciones del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, compartidas por el Departamento en sus redes sociales el 9 de mayo (las más recientes disponibles sobre la investigación a funcionarios y entidades ligadas a Corrección) señalan que la agencia se encuentra citando a todas las personas que puedan brindar información o evidencia que contribuya al esclarecimiento del caso y al descubrimiento de la verdad.
“Hemos actuado desde el primer momento desarrollando la estrategia investigativa más efectiva y adelantando requerimientos de documentos e información necesaria”, lee la publicación en Facebook.
“Reitero que la investigación será abarcadora y meticulosa para que quien haya fallado asuma las consecuencias y esta situación no repita”, añadieron desde Justicia.
“Debido a que la investigación está en curso, no emitiremos detalles adicionales para no afectar el proceso investigativo”, concluye el comunicado.
El Diario contactó el miércoles a personal de prensa del Departamento de Justicia para pedir una actualización sobre el rumbo de las citaciones y el estatus de la pesquisa administrativa. Al día de hoy no hemos recibido respuesta, aunque se nos indicó que nos darían una respuesta actualizada.
Ávila Vázquez fue acusado el 22 de abril por el feminicidio de Meléndez Vega. El hombre enfrenta cargos de asesinato en primer grado (modalidad de feminicidio íntimo), destrucción de pruebas, portación y uso de arma blanca y apropiación ilegal de vehículo.
Este periódico supo que para finales de este mes se espera que la defensa del hombre lo entreviste.
Una audiencia relacionada con el caso criminal contra Ávila Vázquez estaba agendada para el 7 de mayo.
Sin embargo, la defensa solicito tiempo adicional y la repautaron para el 3 de junio, revelaron fuentes a El Diario.
Antes de ser liberado el 19 de abril de 2023, Ávila Vázquez empeñó buena parte de su tiempo en la cárcel presentando demandas contra el DCR, así como empresas y entidades que prestaban servicios de salud a la población penal como Physician.
En todas las instancias, el prisionero se describió como un paciente de paraplejia, y denunció impericia médica y violación de derechos civiles, entre otras causales.
Entre el 2018 y 2023, demandó a la agencia y a sus proveedores de salud en al menos 15 ocasiones, detalla un reporte de El Nuevo Día.
Ávila Vázquez, de 52 años, se encontraba en la libre comunidad a pesar de haber sido sentenciado en el 2005 a 122 años de prisión tras declararse culpable por el asesinato en Caguas de Celia López García, de 28 años y madre de dos niños.
Meléndez Vega, de 56 años, fue asesinada el 21 de abril, a eso de las 4:29 a.m., en la carretera PR-686, cerca de la playa Los Tubos, según reportó la Policía de Puerto Rico.
El cuerpo de la víctima presentaba heridas en el cuello y la cabeza que le habrían provocado la muerte instantánea.
El sospechoso, presuntamente, interceptó a Meléndez Vega luego de que esta saliera de un negocio en Vega Baja en el que este laboraba.
