Gobernador republicano de Luisiana firma ley que clasifica dos píldoras abortivas como peligrosas
Jeff Landry, gobernador de Luisiana, aprobó una ley convirtiendo a su estado en el primero del país en establecer sanciones penales para cualquiera que manipule la mifepristona y el misoprostol sin la autorización adecuada
La medida, impulsada por los republicanos, fue aprobada en menos de una semana. Crédito: Michael Johnson/The Advocate | AP
El gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, convirtió en ley una medida que agrega dos medicamentos para inducir el aborto a la lista estatal de sustancias peligrosas controladas, y castigará así su posesión sin receta médica con cárcel y multas.
Con la aprobación de la ley, Luisiana se convierte en el primer estado en el país en establecer sanciones penales para cualquiera que manipule la mifepristona y el misoprostol sin la autorización adecuada.
“Exigir que un medicamento para inducir el aborto se obtenga con receta médica y criminalizar el uso de un medicamento abortivo en una madre desprevenida es nada menos que sentido común“, dijo Landry en un comunicado. “Este proyecto de ley protege a las mujeres en toda Luisiana y me enorgullece poder promulgarlo hoy”.
La medida, impulsada por los republicanos, fue aprobada en menos de una semana. La Cámara Baja votó el martes y ayer jueves la mayoría del Senado estatal la apoyó.
Por su parte, el presidente Joe Biden criticó en un comunicado la aprobación de la ley. “Este es un momento aterrador para las mujeres en todo Estados Unidos. Si Donald Trump recupera el poder, intentará hacer realidad a nivel nacional lo que está sucediendo en estados como Luisiana” valoró el demócrata.
Los médicos y defensores de los derechos reproductivos han expresado alarma por la polémica medida, que incluye los dos medicamentos usados para interrumpir el embarazo en el Anexo IV de la Ley Uniforme de Sustancias Peligrosas Controladas de Luisiana.
En este estado el aborto está prohibido, y por ello lo está recetar ambos medicamentos.
La nueva ley, que entra en efecto el 1 de octubre, castiga hasta con cinco años de cárcel la posesión de alguno de estos fármacos sin recetas u órdenes válidas de profesionales médicos.
Sin embargo, las mujeres embarazadas que obtengan los medicamentos para su propio consumo no estarían sujetas a procesamiento, según la legislación.
Los médicos critican que estos medicamentos tienen usos críticos fuera de la atención del aborto, incluida la ayuda en el parto, la prevención de úlceras gastrointestinales y el tratamiento de abortos espontáneos.
Otras de las sustancias de la Lista IV incluyen algunos narcóticos; depresores como Xanax y Valium; relajantes musculares; ayudas para dormir, y estimulantes que pueden usarse para tratar el trastorno por déficit de atención/hiperactividad y la pérdida de peso.
La medida cuenta con el apoyo de grupos antiaborto y el rechazo de profesionales médicos y defensores de los derechos reproductivos.
En contraste, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, promulgó una medida que permite temporalmente a los proveedores de abortos de Arizona realizar el procedimiento en el Estado Dorado hasta el 30 de noviembre.
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