Soberanía alimentaria en Puerto Rico: la más reciente batalla de activistas en el Congreso en medio de la discusión por SNAP
Zacha Muñiz, presidenta de Agroempresarias de Puerto Rico, habló con El Diario sobre la importancia de que cualquier cambio en "Farm Bill" incluya disposiciones para incentivar a agricultores locales
Un puesto de venta de productos locales en La Placita de Santurce. Crédito: Carlos Giusti | AP
Nueva York – Aunque están a favor de la transición de Puerto Rico a SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), activistas en pro de la soberanía alimentaria en la isla consideran que cualquier cambio a nivel federal debe incluir disposiciones para incentivar a productores locales como los que trabajan la agroecología.
“La realidad es que nosotros estamos a favor de la transición a SNAP, porque va a ser mucho más equitativo…Ahora bien, lo que queremos es que se incentive la producción local de alimentos frescos para poder suplementar ese programa de SNAP. Actualmente, el 4 % de esos fondos del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) se reservan para los Mercados Familiares”, expuso Zacha Muñiz, presidenta de Agroempresarias de Puerto Rico.
“Ese 4 % que se reserva para los Mercados Familiares, por qué proyectos como el mío no pueden suplirle ese alimento a las personas de la región. Yo ahora mismo no cuento con la cuerda de plátano como para que me digan, ‘sí, puedes participar; ven y vende tus cosechas’”, argumentó la portavoz en entrevista con El Diario NY.
PAN es la versión reducida de SNAP o la subvención en bloque que aplica a Puerto Rico. Líderes de varios sectores llevan meses presionando por una transición que permita la paridad en fondos de asistencia alimentaria para la isla acorde con la asignación en los estados, e incluso en otros territorios como Guam o Islas Vírgenes.
Muñiz fue una de las activistas que acudió junto a representantes de la organización Power4PuertoRico a principios del mes pasado al Congreso de Estados Unidos para exponer a legisladores las necesidades de los agricultores en P.R., así como para impulsar medidas que incentiven la soberanía alimentaria.
Los requisitos de los Mercados Familiares del PAN
Junto a su esposo, Muñiz es la dueña de la finca Flor del Ají en Corozal. La pareja inició el proyecto en el 2013 como una manera para pagar gastos asociados a los estudios universitarios de ambos en la Universidad de Puerto Rico en Cayey. Sin embargo, no pueden participar de los Mercados Familiares del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) porque no cosechan monocultivos.
A través de los Mercados Familiares, los beneficiarios del PAN utilizan los fondos para adquirir productos de los agricultores locales.
Muñiz explicó que, para poder participar de los Mercados Familiares, el Departamento de Agricultura le requiere a los productores desarrollar monocultivos (la siembra de un solo tipo de cultivo) en grandes cantidades, imposición con la que muchos agroecólogos actualmente no pueden cumplir.
La agroecología se enfoca en procesos naturales de producción dirigidos a la autosustentabilidad incorporando el cuidado al medioambiente y mitigando el impacto en los recursos naturales.
Los alimentos cultivados bajo este sistema requieren más trabajo y especialización, ya que los productores no usan herbicidas ni pesticidas, por ejemplo.
“Lo que pasa es que para participar de los mercados del PAN, el Departamento de Agricultura requiere una serie de requisitos. Por ejemplo, hay que tener una cierta cantidad específica sembrada, y al nosotros ser un proyecto agroecológico, nosotros no trabajamos monocultivo. Esto significa que si nos dicen, ‘necesitas tener una cuerda de plátano’, pues no la tenemos, porque no trabajamos una cuerda extensa de un solo producto. Eso realmente no aporta a la soberanía alimentaria, muchas diferentes cantidades y cosechas que puedan entonces agregarse a una canasta básica”, argumentó.
“Sí tenemos compañeros que participan de Mercados Familiares avalados por el Departamento de Agricultura, pero también reconocemos que ellos mismos no dan abasto para los requisitos de Agricultura, así que buscan a otros agricultores del área que les vendan sus cosechas para entonces ellos revender”, explicó la agricultora.
“¿Qué se tendría que hacer en el Farm Bill para que ustedes se beneficien más de cualquier aumento bajo SNAP en Puerto Rico?”, indagó El Diario.
“Puede haber lenguaje a nivel federal para que se incluya a los agricultores que ganamos menos de $50,000 dólares, que es la realidad promedio de la agricultura en P.R. a pequeña escala. Proyectos agroecológicos, por ejemplo, que ganan entre $10,000 a $50,000, que son medianos y pequeños proyectos”, contestó.
“Es una cuestión de hacer unas definiciones más específicas, culturamente competentes, donde la realidad puertorriqueña también sea representada”, continuó.
Farm Bill (Ley Agrícola) es la ley omnibús que se supone se reautorice cada cinco años, y que abarca el financiamiento de programas y proyectos agrícolas como SNAP.
La inclusión de Puerto Rico en el programa SNAP fue descartada en la versión de la legislación aprobada en la Cámara de Representantes.
La semana pasada, el Comité de Agricultura de ese cuerpo legislativo votó a favor de la pieza legislativa que asigna unos $50 millones adicionales anuales para el PAN. Sin embargo, la medida excluye el proceso de transición a SNAP.
En el borrador del Comité de Agricultura del Senado se incluyó la disposición de SNAP para Puerto Rico.
En vista de las divisiones entre demócratas y republicanos, las negociaciones para llegar a un consenso final se anticipan arduas.
La imposibilidad de participar en los Mercados Familiares es solo uno de los retos que enfrentan miles de agricultores en la isla para poder vender sus productos e incrementar la producción, pieza esencial en un sistema de soberanía alimentaria.
USDA debe proveer documentos en español
Otro de los pedidos que llevó Muñiz a las autoridades en la capital federal fue la necesidad de que los documentos y recursos del Departamento de Agricultura federal (USDA) estén disponibles en español para beneficio de los productores en la isla.
“Una de las peticiones mayores que tenemos para el Congreso es la inserción del lenguaje español dentro de las políticas de USDA y todas sus otras agencias. ¿El español por qué?, porque la mayoría de los puertorriqueños hablamos español, y no nos parece que sea equitativo el trato que se le da al agricultor puertorriqueño en comparación con un agricultor que esté, digamos, en Indiana. Yo tengo la dicha de que puedo dominar los dos idiomas, pero esa no es la realidad del agricultor promedio acá. Tener que llenar documentación, subvenciones y propuestas en un idioma que no es su principal, pues hace que automáticamente seamos desventajados en este tipo de fondos que son altamente competitivos”, abundó la entrevistada.
Otro punto colateral al del idioma es que P.R. compite por fondos a nivel nacional o con los 50 estados.
“Existen programas que se abren que son competitivos; por ejemplo, ‘Beginning farmers’. Eso es un programa para el que yo puedo hacer una propuesta, y, dependiendo de la cantidad de experiencia que tenga o no tenga, o de la propuesta que yo presente como tal, es que se me deja saber si se acepta o no. Pero esto no es específico para P.R.; estamos compitiendo a nivel nacional. Todos los estados pueden presentar su propuesta. Ese es uno de los detalles de por qué (los recursos deben ser) en español…”, explicó.
Lo antes mencionados se suma a los tecnicismos en los procesos de solicitud que desalientan a agricultores de aplicar a fondos federales para sus proyectos, señaló la graduada de biología y humanidades.
“Hay muchos fondos de USDA que no se están utilizando o se utilizan por debajo de su potencial, esto porque el puertorriqueño común no accede a este tipo de propuesta, pero son fondos que ya están asignados a P.R.”, destacó.
Muñiz mencionó, como ejemplo, el programa “Increasing Land Access” para aumentar el acceso a la tierra, capital y al mercado a través de acuerdos de cooperación o subvenciones.
“Cómo va a traducirse eso para los agricultores en la isla, todavía no sabemos. Nosotros lo que estábamos planteando es que la Universidad de Puerto Rico puede aceptar las subvenciones, y de esa manera, y junto a sus estaciones agrícolas, se puedan utilizar para que los fondos vayan directamente a los agricultores locales”, recomendó.
“Nosotros creemos fielmente que el pequeño y mediano agricultor es aquel que está proveyendo lo más cercano a la soberanía y seguridad alimentaria de la isla. Somos los que no estamos exportando las cosas y los que estamos trabajando para alimentar nuestras comunidades”, agregó.
Otro asunto que complica el panorama es que el Departamento de Agricultura federal trabaja independiente al local.
“Esa es una de las primeras disyuntivas. Ir a una de las regiones agrícolas del Departamento de Agricultura. En mi caso, por ejemplo, yo voy a la región de Naranjito, que es la que le toca a Corozal. Yo tengo una excelentísima agrónoma, y para programas de nivel estatal, excelente; pero no es que ellos nos incentiven sobre registrar las fincas a nivel federal”, mencionó.
Aunque los agricultores pueden registrar sus fincas a nivel federal y estatal, por las barreras de idioma, en muchas ocasiones desisten de hacerlo, lo que les impide participar en programas de USDA.
“La mayor parte de los agricultores registran su finca a nivel Puerto Rico y se quedan ahí, porque para hacerlo a nivel federal, necesitan llenar una cantidad inmensa de documentos…No son cosas que son difíciles de obtener, pero si es bastante tedioso en cuanto a la cantidad de pasos o documentación. Y eso se le añade entonces la barrera en el idioma”, insistió.
La organización sin fines de lucro Agroempresarias de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Agricultura local, se creó mediante la Ley Núm. 58 de 1 de agosto de 2017 para destacar e impulsar el aporte de la mujer en la agricultura.
La “Ley del Programa Mujeres Agricultoras” provee ayuda, orientación, y servicios esenciales a mujeres agricultoras “bona fide”. Algunos son seminarios y talleres dirigidos específicamente a mujeres agricultoras en áreas de mercadeo, aspectos de producción y calidad, seguridad y administración de negocios agrícolas. La ley además dispone para acuerdos de cooperación entre ambos departamentos de Agricultura, el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico y la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, así como con el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico.
El estatuto surgió del problema de invisibilidad de la mujer en la industria agrícola a pesar de ocupar un papel central.
“Típicamente, la mujer en la agricultura es quien hace muchos de los papeles, y, tristemente, no siempre somos reconocidas por las labores que ejercemos en la finca”, manifestó Muñiz.
“De mi caso, yo te puedo decir que, a veces, he ido a supermercados o inclusive a mercados donde yo vendo, y se acercan y me preguntan, ‘y eso, ¿quién lo sembró?’; ¿lo sembró tu esposo?”, relató.
En ese sentido, a líderes como Muñiz además les toca educar a la ciudadanía sobre la importancia de la gestión femenina en la agricultura.
“La mujer, muchas veces, es la que hace la parte de la administración; lleva la parte administrativa. Típicamente, asocian a la mujer con las labores de la casa; ‘si ella está en la finca, pues ella está en la cocina’…Nos toca entonces a nosotras desmentir esos pensamientos”, indicó.
Al momento, Agroempresarias de Puerto Rico cuenta con 55 miembras activas. Marcas exitosas como Vaca Negra (quesos) y Amasar (harina de pana) han sido creadas por integrantes de la entidad.
“A mí no me gusta limitar el tipo de proyecto que entra a la organización. Yo creo firmemente en sumar; especialmente, si es en beneficio del pueblo en general. Ahora bien, dentro de mi práctica como proyecto agroecológico, reconozco el valor que eso tiene para el consumidor puertorriqueño. No solo porque es más fresco y nutritivo, sino que también es consciente y respetuoso con el medioambiente”, remarcó Muñiz.
Muñiz además confirmó que cada vez hay mayor apertura y concientización por parte de los boricuas del valor de los productos agroecológicos.
Parte de esa apertura responde a los esfuerzos por vender los productos a costos competitivos sin menospreciar el trabajo que conlleva su cultivo.
“Nosotros tenemos unos precios que sean competitivos con los de los supermercados, pero igual sin desvalorizar el trabajo en el que nosotros incurrimos para la cosecha. Previo al COVID, el consumidor puertorriqueño era más de comprar lo que estaba en el supermercado…Pero, genuinamente, después de COVID, se ha visto un cambio enorme, significativo, en la manera en que el consumidor promedio compra. Todavía hay clientes que te puedan decir, ‘ah, eso está muy caro’. Lo que hacemos es que decimos, ‘en vez de venderte una libra (del producto), pues media libra’”, explicó.
“Nosotras como productoras también reconocemos que todo el mundo merece comer. Eso es básico y universal. Pero si nosotros podemos ajustarnos de una manera en que no perdamos, pero también el consumidor pueda adquirir ese alimento fresco y de calidad, lo vamos a estar tomando como primera prioridad”, añadió.
Al final del día todo va alineado a los tres pilares de la soberanía alimentaria. Salud, economía circular y seguridad nutricional funcionan de manera orgánica para el bienestar general de los puertorriqueños.
“La soberanía alimentaria se traduce en tantas cosas. La soberanía alimentaria se traduce en una mejor calidad de vida, porque en términos de salud, el puertorriqueño va a estar consumiendo cosas más frescas y más nutritivas. Pero, también se traduce en una economía circular bien robusta para la isla. El dinero que se genera aquí, se mantiene aquí…No es solamente una cuestión de la seguridad alimentaria o asegurarnos que tenemos suficiente para comer; sino también que el dinero que se genere se mantenga aquí; que el trabajo que se genere, se mantiene como trabajo de aquí. Y también la parte de la salud que eso sigue traduciéndose en muchas otras cosas”, enumeró.
