Cárcel “al estilo Nayib Bukele” que prometió Daniel Noboa en Ecuador costará $52 millones de dólares

Las obras comenzarán este mes en la provincia costera de Santa Elena, según informó Luis Zaldumbide, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad

Cárcel "al estilo Nayib Bukele" que prometió Daniel Noboa en Ecuador costará $52 millones de dólares

El presidente Daniel Noboa decretó en enero el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad Crédito: Dolores Ochoa | AP

El presidente de Ecuador Daniel Noboa anunció que la construcción de una nueva cárcel inspirada en el modelo penitenciario de El Salvador tendrá un costo de $52 millones de dólares.

Las obras comenzarán este mes en la provincia costera de Santa Elena, según informó Luis Zaldumbide, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, en una entrevista con TC Televisión.

Explicó que la construcción de esta prisión tomará aproximadamente 300 días, proyectando su inauguración para 2025, publicó la agencia de noticias Efe.

Inicialmente, se había propuesto una segunda cárcel en la provincia amazónica de Pastaza. No obstante, este proyecto está suspendido, según declaró el gobernador de esa localidad Rolando Ramos, en una reciente entrevista con Nina Radio.

Ramos detalló: “Por el momento el tema de la cárcel está suspendido. Se ha decidido iniciar la cárcel en Santa Elena. Es un tema que requiere aproximadamente $60 o $70 millones de dólares.

En Pastaza todavía no se determina la fecha en la que se va a construir. Agregó que el proyecto sigue vigente, pues los recursos necesarios ya están asignados al SNAI.

Cárceles en Ecuador con capacidad de 736 presos

Las dos nuevas cárceles tendrán capacidad para 736 presos, una cifra considerablemente menor comparada con la prisión estrella del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), con capacidad para 40,000 reclusos.

La policía busca armas o drogas durante requisa a un ciudadano en Guayaquil, en Ecuador. Foto: César Muñoz / AP

Ambos recintos en Ecuador contarán con inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos avanzados, control de acceso digital y analógico, triple seguridad perimetral y autogeneración eléctrica.

El presidente Daniel Noboa planea recluir en estas nuevas instalaciones a los líderes de las bandas criminales, buscando recuperar el control de otras cárceles, actualmente dominadas por estos grupos.

Desde 2021 hasta 2023, más de 500 presos fueron asesinados en cárceles ecuatorianas debido a enfrentamientos entre bandas rivales.

La militarización de las prisiones forma parte de un estado de excepción decretado por el presidente de Ecuador para combatir al crimen organizado, una medida que responde a la escalada de violencia en el país.

Corte Constitucional anuló el estado de excepción

La Corte Constitucional de Ecuador anuló el sábado el reciente estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, que denominó esta medida como la “segunda fase de la guerra” contra las bandas del crimen organizado, reseñó Efe.

El tribunal de garantías del país declaró inconstitucional, con la mayoría de sus integrantes, el decreto 275, que establecía el estado de excepción en siete provincias y un municipio. Esta medida se justificaba bajo la premisa de un “conflicto armado interno”.

Se argumentó que los hechos mencionados en el decreto no constituían un conflicto armado interno. En su fallo, el tribunal subrayó que ese argumento fue la única razón invocada por el presidente Noboa.

“Para que se configure la causal de conflicto armado interno se deben considerar dos parámetros: el nivel de organización del grupo armado y la intensidad de las hostilidades”, explicó la Corte. Sin embargo, en el decreto y en los informes que lo respaldan, no se mencionaron indicios relacionados con estos parámetros.

A pesar de la anulación del decreto, la Corte reconoció la gravedad de la violencia en el país y recordó que la decisión no afecta a las facultades del Ejecutivo para emplear a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía en operaciones contra el crimen organizado, según lo aprobado en un referéndum en abril.

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