Leyes de Florida discriminan y atemorizan minorías, según Human Right Watch y Stanford

Una serie de leyes aprobadas en Florida durante los últimos cinco años han creado una “atmósfera de discriminación”, desigualdad y temor entre grupos minoritarios, según una investigación que Human Rights Watch (HRW) y la Universidad Stanford divulgaron este miércoles a propósito del festivo de Juneteenth que se celebra en Estados Unidos.

Los investigadores realizaron decenas de entrevistas con estudiantes, padres, maestros y dirigentes comunitarios locales y concluyeron que las leyes promulgadas en Florida desde 2019 “restringen la capacidad de los estudiantes de escuelas públicas de acceder a información vital sobre raza, historia, orientación sexual e identidad de género”.

El reporte se publicó intencionalmente este 19 de junio, en conmemoración de Juneteenth, que recuerda la fecha en 1865 cuando los esclavos en Galveston, Texas, se enteraron de que eran personas libres.

Con el título ‘¿Por qué nos odian tanto?: Las leyes de censura discriminatorias dañan la educación en Florida’, la investigación detalla que estas medidas “generan temor”, especialmente entre los afroamericanos y la comunidad LGBTQ.

La investigación fue gestionada también por Florida Rising, un grupo político independiente enfocado en ayudar a comunidades históricamente marginadas.

Dwight Bullard, asesor político principal de Florida Rising, afirmó que “los afroamericanos y la comunidad LGBTQ de Florida están cansados de líderes que utilizan sus identidades e historias como armas para ganar puntos políticos”.

Según el Buró del Censo (2020), casi 3.3 millones de afroamericanos residen en Florida, representando el 16 % de la población estatal.

En el sur del estado, en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, se concentran 1,2 millones de afroamericanos. En el condado de Gadsden, al noroeste de Tallahassee, la capital estatal, los afroamericanos representan el 56 % de la población.

Trey Walk, investigador de Human Rights Watch, enfatizó la importancia del festivo de Juneteenth para considerar “los costos devastadores de suprimir información sobre la esclavitud y su legado”.

Además, junio es el Mes del Orgullo, un tiempo para reconocer la libertad de las personas LGBTQ de ser representadas y valoradas, incluso en sus escuelas.

Según el Movimiento Proyecto Avance (MAP), el 4 % de los 23.3 millones de habitantes en Florida, es decir, unas 930.000 personas, son LGBTQ. No obstante, no existen leyes en Florida que protejan a padres LGBTQ y algunas leyes permiten que ciertos grupos religiosos se nieguen a ofrecer servicios a esta comunidad, incluyendo tratamientos médicos.

Investigadores del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Universidad Stanford concluyeron que las nuevas leyes de Florida “infringen los derechos a la libertad de expresión y a la igualdad de trato ante la ley”.

En 2021, el Departamento de Educación de Florida restringió el debate sobre raza y racismo en las aulas, prohibiendo hablar sobre la “teoría crítica de la raza”.

En 2023, la Legislatura aprobó la Ley “Stop W.O.K.E”, limitando la instrucción sobre racismo en lugares de trabajo y escuelas.

Aunque algunas demandas judiciales han anulado ciertas disposiciones de estas leyes, otras leyes, como HB-1557 y HB-1069 de 2023, siguen vigentes. Estas imponen serias restricciones a la educación sexual, debates sobre identidad de género y recopilación de datos sobre salud mental juvenil. También prohíben ciertos libros en bibliotecas y el uso de lenguaje inclusivo.

El reporte concluye que “la censura discriminatoria durante los años escolares de un estudiante suprime la libre expresión y el acceso a la información, lo que puede frustrar la participación política informada necesaria para que la democracia estadounidense prospere”.

Las organizaciones mencionadas llaman a una respuesta federal audaz para abordar esta crisis en las escuelas públicas. Instan a los Departamentos de Educación y Justicia a educar al público sobre los mecanismos de derechos civiles y responder a las quejas de manera transparente y oportuna.

Amrit Singh, directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Universidad Stanford, enfatizó la necesidad de “protecciones sólidas de los derechos civiles para combatir la censura discriminatoria y la prohibición de libros en las escuelas”. Concluyó que “los niños deben tener acceso a una educación imparcial para que puedan prosperar y ocupar el lugar que les corresponde como líderes del mañana”.

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