Cónsul de México y activistas condenan nueva ley migratoria de Georgia

Javier Díaz de León, cónsul general de México en Atlanta, y organizaciones pro inmigrantes denunciaron la nueva ley migratoria de Georgia, que valoró él, se presta para abusos y tiene en ascuas a la comunidad hispana.

En la comunidad de Georgia se mantiene a la expectativa luego de la entrada en vigencia de la HB 1105, impulsada por el Partido Republicano luego del homicidio de una estudiante universitaria perpetrado supuestamente por un migrante irregular venezolano.

Díaz destacó que México condena este tipo de medida contra los migrantes que “pueden conducir al acoso, a la detención, a la expulsión y criminalización indebida de personas inmigrantes”.

“También puede detonar un ambiente de incertidumbre, temor y vulnerabilidad entre la comunidad mexicana en Estados Unidos“, aseguró el cónsul en un mensaje publicado en redes sociales.

Díaz prometió que se usarán todos los recursos a su disposición consulares y legales para proteger los derechos de los migrantes en el estado.

Aunque la medida entró en vigor el pasado 1 de mayo, mismo día que fue decretado por el gobernador Brian Kemp, de acuerdo con la Oficina del mandatario estatal, la prensa hizo eco de que se hizo efectiva el lunes 1 de julio, como generalmente sucede con la mayor parte de las nuevas leyes.

La revelación causó la preocupación en la comunidad hispana, ya que los activistas temen que la nueva legislación conlleve un alza de la discriminación racial y de los ataques contra las personas de color.

Asimismo, la HB 1105 exige a los departamentos de policía y sheriff que revisar el estatus migratorio de los arrestados y que se le informe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si están indocumentados, y que además pidan su participación en el polémico convenio federal, que establece un acuerdo de colaboración con esta agencia.

De incumplir las disposiciones, las agencias locales podrían perder fondos estatales y sus oficiales enfrentar cargos en su contra.

La decisión cobró fuerza y se volvió en prioridad para el gobernador y los legisladores republicanos tras la muerte de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años.

José Ibarra, un migrante indocumentado de origen venezolano, está acusado de la muerte de Riley, quien fue asesinada a principios de año cuando trotaba en el campus de la Universidad de Georgia (UGA) en Athens.

Organizaciones como la Alianza Latina Pro-Derechos Humanos de Georgia (GLAHR) están recorriendo el estado para informar a la comunidad sobre la ley y para que los inmigrantes conozcan sus derechos en caso de que se cometan arbitrariedades en su cumplimiento.

“La comunidad está inquieta por saber exactamente cómo funciona esta ley y por eso hemos estado viajando y haciendo reuniones comunitarias para que sepan cómo impacta la ley en la vida de cada uno de nosotros como inmigrantes. Hay mucho ruido porque es un año electoral y ya no es nuevo que usen como su plataforma política“, dijo Adelina Nicholls, directora ejecutiva de GLAHR.

De acuerdo con la activista, hasta ahora, desde que entró en vigor la ley hace dos meses, “todo está como tranquilo, aunque hay algunos casos en el área de Greensboro y Eatonton, donde la policía está preguntado el país de origen a las personas detenidas, no necesariamente indocumentados”.

Con información de EFE

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