Dominicanos son acusados de estafar a varios abuelitos en Estados Unidos
Los hombres se hacían pasar por algún familiar que había sufrido un accidente y les pedían dinero para que los ayudaran. Los ancianos cayeron en la trampa
Juan Rafael Parra Arias, Miguel Ángel Vásquez, y José Ismael Dilone Rodríguez, fueron extraditados a EE.UU. para enfrentar a la justicia. Crédito: John Moore | Getty Images
Tres personas originarias de República Dominicana fueron acusados de ser parte de una estafa fraguada desde su país, en contra de decenas de estadounidenses de la tercera edad. Según el Departamento de Justicia (DOJ) señaló que las estafas asciende a millones de dólares, por lo que tres sospechosos fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar a la justicia.
Juan Rafael Parra Arias, de 41 años; Miguel Ángel Vásquez, de 24 años, y José Ismael Dilone Rodríguez, de 34 años, residentes de Santiago de los Caballeros, comparecieron en el Tribunal de Distrito de Nueva Jersey, donde un juez ordenó su detención en espera de su juicio.
Enfrentan múltiples cargos
Los tres son parte del grupo de once dominicanos que enfrentan 19 cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, además de lavado de dinero, entre otros, informaron las autoridades estadounidenses.
Otras cinco personas también fueron acusadas por ser parte de la supuesta banda de estafadores. Los acusados participaron en una estafa de larga data operada desde un centro de llamadas en República Dominicana que tenían como objetivos a varios abuelitos que residían en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts, según detalló el DOJ en un comunicado.
Mentían a los abuelitos para estafarlos
“Se alega que Parra Arias dirigió una red de centros de llamadas en Santiago, República Dominicana, mientras que Vásquez y Dilone Rodríguez trabajaron en estos centros para reclutar cómplices en Estados Unidos”.
La estafa iniciaba con miembros de la conspiración que nombraban “abridores” y era cuando llamaban a los ancianos haciéndose pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos, pidiendo ayuda económica para salir de un problema a raíz de un accidente automovilístico, decían que habían sido arrestados en relación al accidente y que necesitaba ayuda.
La estafa era hecha desde centros en República Dominicana que usaron tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían de un número telefónico estadounidense.
Los convencían para enviar el dinero
Una vez que los “abridores” lograron convencer a las víctimas, otros supuestos estafadores que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como “cerradores”, supuestamente se hicieron pasar por abogados defensores, agentes de policía o personal judicial y convencieron a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
“El dinero en efectivo generalmente era recuperado por mensajeros, incluidos los reclutados y enviados por Parra Arias, Vásquez y Dilone Rodríguez, de las casas de las víctimas, o enviado por las víctimas por orden de los encargados de cerrar las operaciones”, dijo DOJ en el comunicado.
“Estos tres acusados desempeñaron un papel en un esquema que se basó en el amor y la devoción de las víctimas mayores para engañarlas y robarles millones de dólares”, dijo el fiscal Philip R. Sellinger en el comunicado.
“Estafas de los abuelos”
“La División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y sus socios encargados de hacer cumplir la ley perseguirán enérgicamente a los delincuentes que defraudan a las víctimas a través de las llamadas ‘estafas de los abuelos’”, dijo el Fiscal General Adjunto Principal Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia.
A estos hombres y a sus co-conspiradores se les acusa de robar a innumerables víctimas mayores los ahorros de toda su vida.
“La estafa de los abuelos es un esquema de fraude cruel que se aprovecha deliberadamente de personas mayores y vulnerables dentro de la sociedad. Los perpetradores, que a menudo operan cobardemente en el extranjero, causan un daño emocional y financiero extremo a las personas inocentes a las que atacan al cometer este delito”, dijo el agente especial interino a cargo Bradley Parker.
Si los tres acusados son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de $250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico, y una multa máxima de $500,000 por conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
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