Caso de Jocelyn Nungaray: hispanos acusados podrían enfrentar pena de muerte
Franklin Peña y Johan Martínez Rangel secuestraron, violaron y asfixiaron a Jocelyn Nungaray, según la acusación
Las cámaras de seguridad captaron a los sospechosos siguiendo a la menor Crédito: Houston Police Department | Cortesía
Los venezolanos Franklin Peña y Johan Martínez Rangel podrían ser condenados a la pena de muerte por el homicidio de la adolescente Jocelyn Nungaray, quien tenía apenas 12 años. El futuro de los extranjeros es incierto tras una decisión reciente del Gran Jurado del condado de Harris, en Texas.
El cuerpo de la joven fue encontrado el 17 de junio en un arroyo en el área de Greenspoint. Según los documentos judiciales, la menor fue secuestrada, violada y asfixiada por los acusados.
La fiscal de distrito del condado de Harris, Kim Ogg, señaló que la inclusión de los cargos de agresión sexual permite a los fiscales buscar la pena de muerte.
Ambos sospechosos fueron arrestados pocos días después del crimen y actualmente permanecen en prisión con una fianza de $10 millones de dólares cada uno.
La próxima comparecencia de Peña ante el tribunal está prevista para el 30 de octubre, mientras que Martínez-Rangel se presentará el 11 de noviembre, señala Telemundo.
¿Qué se sabe del asesinato de Jocelyn Nungaray?
Las investigaciones revelaron que Jocelyn fue vista por última vez el 16 de junio, cuando salió de su casa para ir a una tienda cercana. Las cámaras de seguridad captaron a los sospechosos siguiendo a la menor y forzándola a subir a un vehículo.
La policía utilizó estas imágenes para identificar y localizar a Franklin Peña y Johan Martínez Rangel.
Durante los interrogatorios, ambos acusados confesaron su participación en el crimen, proporcionando detalles que coincidían con las pruebas forenses encontradas en la escena del crimen.
Además, se descubrió que los venezolanos tenían antecedentes penales en su país, lo que ha intensificado el debate sobre la política de inmigración en Estados Unidos.
La familia de Jocelyn exige justicia y recibe el apoyo de numerosas organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de las víctimas.
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