Representante Delia Ramírez: nuevo Congreso podría legislar contra evasores de impuestos federales bajo Ley 22 en Puerto Rico
La demócrata encabeza una resolución que pide al Congreso actuar para atender la laguna fiscal que le permite a estos millonarios evadir impuestos en EE.UU.
La representante federal de Illinois encabezó una conferencia de prensa desde Chicago contra la Ley 22 en Puerto Rico. Crédito: Elias Carmona Rivera / National Museum for Puerto Rican Arts and Culture | Cortesía
Nueva York – Líderes demócratas en la Cámara de Representantes esperan que el Servicio de Rentas Internas (IRS) les provea un reporte en las próximas semanas sobre el estatus de las auditorías contra presuntos evasores de impuestos federales cobijados bajo la Ley 22 en Puerto Rico, adelantó a El Diario Delia Ramírez, quien representa a Illinois.
En entrevista con este periódico antes de una conferencia de prensa hoy en el Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña en Chicago para anunciar oficialmente una resolución en el Congreso contra los beneficiarios que abusan de la Ley 22, Ramírez argumentó que, una vez se tenga el informe del IRS, se evaluará la posibilidad de presentar legislación para atender la laguna fiscal que facilita que estos supuestos inversionistas incumplan con el fisco en EE.UU.
“En estos momentos, estamos esperando un reporte que vamos a recibir, si Dios quiere, en las próximas semanas. Y ese reporte para nosotros va a ser bien importante…Ese reporte va a darnos una lista de cuánto dinero se ha estado evadiendo y los estadounidenses que no están pagando impuestos en EE.UU. por usar ese lujo de la Ley 22; quiénes son ellos y el impacto que eso tiene en el presupuesto. Una vez esa información sea recibida, nosotros vamos a trabajar para determinar cuál es el proyecto de legislación que nosotros tenemos que presentar en el nuevo Congreso para asegurarnos que esos evasores de impuestos no puedan seguir haciendo eso. Pero, para mí, es muy importante tener ese reporte”, declaró la congresista que representa al Distrito 3 de Illinois que incluye vecindarios como Humboldt Park en Chicago con una amplia presencia boricua.
“Yo quiero estar bien clara. ¿Cuáles serían las opciones que tendrían el Congreso y los legisladores en términos de medidas?, ¿qué pudieran presentar para atajar directamente esa laguna fiscal?”, indagó El Diario.
Ramírez respondió: “Es difícil que yo te diga a ti directamente en este momento, porque estamos tratando de negociar un poquito qué es lo que va a salir del reporte que tengamos. Pero, cuando nosotros estamos hablando de qué se puede hacer, esta resolución, que es un récord oficial del Congreso, va a ser muy importante porque nos ayuda a tener conversaciones que no hemos podido tener o no hemos tenido de la manera profunda y necesaria con las organizaciones, congresistas y el IRS más directamente, para poder tener un plan de trabajo y que esa legislación tenga un impacto más grande una vez la presentemos”.
Según la demócrata, lo ideal es que cualquier proyecto de ley se presente de manera bipartidista en el próximo Congreso.
“Todo el mundo debería estar molesto de que tenemos gente estadounidense que se va para Puerto Rico y no quieren pagar los impuestos que legalmente deben estar pagando”, sostuvo.
La representante añadió que, al momento, el IRS continúa trabajando en el reporte, pero la expectativa es que sea liberado antes que finalice el año.
“Lo que nosotros sabemos es que, en las próximas semanas, antes que el año termine, estamos esperando tener un borrador inicial de ese reporte”, precisó a preguntas de El Diario.
Las congresistas de Nueva York de origen boricua, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, respaldaron la resolución, aunque no estuvieron presentes en la conferencia que inició a las 10:30 a.m. hora del Este.
La resolución “Unidos con los Puertorriqueños Opuestos a los Riesgos de la Ley 22 (UPROAR)”, directamente emplaza al Congreso a que tome una “acción responsable y a tiempo” para atender la laguna fiscal que le permite a los beneficiarios de la ley evadir impuestos federales.
“Yo creo que es importante, particularmente, en este momento cuando vemos tanto puertorriqueño que continúa hablando de las dificultades que hay para comprar vivienda, y al mismo tiempo, estadounidenses usan nuestras leyes de impuestos y la ley de Puerto Rico para no pagarlos. Eso es injusto. Cuando miras la inestabilidad de la isla y ves la cantidad de personas en EE.UU. que compran propiedad y pueden decir que viven ahí; eso tiene un impacto, no solamente en la isla, pero en EE.UU. Yo creo que es muy importante que esa resolución sea presentada en este momento para poder mostrar que hay una coalición de congresistas, organizaciones comunitarias en EE.UU. y en Puerto Rico que dicen que hay urgencia. EE.UU. tiene que asegurarse que su gente no esté evadiendo el pago de impuestos”, sostuvo Ramírez.
El caso de Humboldt Park versus Puerto Rico
De acuerdo con la política del ala más progresista del Partido Demócrata, lo que viven los puertorriqueños en la isla en cuanto a desplazamiento y falta de vivienda asequible no es ajeno a lo que experimentan los boricuas en las zonas que representa como Humboldt Park.
“¿Cómo es que nosotros no estamos trabajando en un sistema justo donde la gente puertorriqueña pueda quedarse en sus comunidades? Yo como alguien que ha estado trabajando en el tema de los desplazamientos en Chicago en Humboldt Park, una comunidad puertorriqueña, entiendo que la resolución en contra de la Ley 22 tiene mucho que ver con la misma clase de trabajo que estamos haciendo en Humboldt Park, peleando en contra del desplazamiento de la comunidad puertorriqueña, porque hay gente que está comprando vivienda al doble del costo para sacar a la comunidad”, expuso la representante de origen guatemalteco.
A juicio de Ramírez, la resolución sirve para presionar, no solo al IRS para que avance con sus esfuerzos y divulgue los resultados de las auditorías a presuntos evasores fiscales bajo la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, sino a los republicanos en el Congreso que no le han dado la importancia necesaria a este tema.
“Yo creo que algunos republicanos están conscientes (de la importancia de este tema). A algunos no les importa porque se están beneficiando porque son sus amigos en las corporaciones; son inversionistas donantes de ellos…Pero, para mí, cuando ellos fueron elegidos como congresistas, no fue por los inversionistas, fue por la gente que los representa a ellos, y la gente que ellos representan tienen que pagar impuestos como cualquier otra persona en la comunidad. Así que por eso es que esta resolución es tan importante para traer a la luz la importancia que esto tiene y la injusticia que hay”, planteó.
Por su parte, la concejal de Chicago, Jessie Fuentes, contrastó que los estadounidenses en Puerto Rico se están volviendo más millonarios por una pieza legislativa que, al mismo tiempo, retrasa el desarrollo económico para la gente de la isla.
“Mientras tanto, la gente de Puerto Rico está siendo desplazada y sacada por la gentrificación; refugiados por el desorden económico, y ellos vienen aquí a Humboldt Park”, afirmó durante el encuentro con los medios.
“Lo que es claro es que nadie abandona la hermosa isla porque quiere. Ellos lo hacen porque no tienen otra alternativa. Estos individuos tienen playas privadas, construyen resorts en los lugares de las casas, construyen mansiones en lugares de escuelas. La Ley 22 solo ha beneficiado a un muy pequeño por ciento de gente que, ni siquiera, son de Puerto Rico”, agregó.
¿Qué exactamente investiga el IRS?
Las auditorías encabezadas por el IRS iniciaron en el 2021.
En ese año, personal de esa oficina recaudadora de impuestos despegó con las indagatorias a unos 100 beneficiarios de la ley. Tres años después, aún se desconocen los resultados de las mismas.
Una entrada en la página web del IRS en julio pasado señala que la agencia identificó a estadounidenses de altos ingresos que reclaman beneficios en Puerto Rico sin cumplir con las reglas de residencia y fuentes relacionadas con las posesiones de los EE. UU.
“Estas personas adineradas están tratando de evitar los impuestos de los EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense, y esperamos que muchos de estos casos procedan a una investigación penal”, especificó el IRS bajo el subtema “Estrategia de fraude en Puerto Rico”.
Se suponía que a finales de junio pasado, el comité de Finanzas del Senado, dirigido por el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, realizara un ‘staff briefing’ para discutir el estatus de la campaña para identificar a estadounidenses que puedan estar abusando de las exenciones fiscales otorgadas baja la Ley 22. No está claro cuál fue el desenlace de la iniciativa.
Ramírez no ha mantenido comunicación con el senador o miembros del comité al respecto.
Por su parte, el mes pasado, en entrevista con El Diario, Velázquez reveló que, junto a otros líderes del Caucus Progresista, se reunió con el subsecretario del Departamento del Tesoro, Wally Adeyemo. En el encuentro, lo emplazó para que la agencia agilice el paso y ofrezca una actualización de los procesos relacionados con las auditorías.
Bajo la Ley 22, aprobada en la legislatura de Puerto Rico en el 2012, estos individuos están exentos del pago de impuestos por dividendos, intereses y ganancias de capital si se relocalizan en la isla y permanecen al menos 183 días al año. El fin de los decretos contributivos era que estos millonarios, muchos ligados a la industria de las criptomonedas, invirtieran en el territorio, crearan empleos e incentivaran la economía. Sin embargo, esto no es lo que precisamente se está viendo. En lugar de lo anterior, los privilegios contributivos otorgados a este grupo selecto han llevado a P.R. a convertirse en una especie de paraíso fiscal y han agravado el problema de desplazamiento de locales que no pueden competir con los extranjeros en la adquisición de vivienda.
¿Qué dice la resolución en la Cámara contra los beneficiarios de Ley 22 en Puerto Rico?
Precisamente, este argumento es el que destaca en la resolución introducida por las demócratas.
“Puerto Rico, actualmente, enfrenta una crisis de desplazamientos, evasión fiscal, y falta de vivienda asequible, exacerbada por los estadounidenses adinerados que están gentrificando la isla”, lee el documento.
La declaración además señala que la población de Puerto Rico se ha reducido en 11.8% entre el 2010 al 2020, “periodo en el que estadounidenses pudientes se han relocalizado en la isla para aprovecharse de las exenciones de impuestos, incentivando el desplazamiento”.
Lo anterior se ha traducido en especulación en el mercado e incrementos en el precio de la vivienda en la isla.
“La entrada de estadounidenses adinerados buscando las exenciones contributivas ha sobresaturado el mercado de vivienda, aumentando los precios de las casas y reduciendo la habilidad de los residentes de mucho tiempo, evidenciado por el hecho de que un espacio de dos habitaciones en un condominio costaba, en promedio, $130,000 más en 2022 que en el 2017”, especifica el texto.
También se refieren a las estadísticas de Intelligent Economics que apuntan a un incremento de 600% en los precios de renta de vivienda en la isla entre julio de 2022 y septiembre 2023.
“La Ley 22 ha hecho a Puerto Rico el único lugar en el que un estadounidense adinerado sin vínculos con la isla se puede mudar y evadir el pago de impuestos federales”, añade la resolución.
El escrito además cuestiona que la Ley 22 no le requiere a estos individuos invertir en la economía de Puerto Rico.
“Ha habido instancias en las que beneficiarios de la Ley 22 han creado sus propias organizaciones sin fines de lucro para dirigir su contribución anual de $10,000, demostrando un comportamiento dudoso y apatía hacia la gente de Puerto Rico”, menciona el documento.
La resolución concluye con un llamado para que la Cámara de Representantes actúe rápidamente para minimizar la pérdida de ingresos de los gobiernos federal, estatal y territorial, y el uso ilícito de los régimenes de impuestos paralelos, federal y en Puerto Rico, para evadir impuestos de EE.UU.
Al encuentro, además se sumó la representante estatal Lilian Jiménez. Portavoces de organizaciones y entidades como Puerto Rican Cultural Center, Power 4 Puerto Rico, Hispanic Housing Coalition y The Puerto Rican Agenda también estuvieron presentes en la actividad.
