Certificación del DRNA confirma que suegros de Jenniffer González construyeron ilegamente en La Parguera
El documento fue emitido ayer por el Departamento de Recursos Naturales en Puerto Rico
La gobernadora Jenniffer González durante su juramentación en Puerto Rico el pasado 2 de enero. Crédito: Alejandro Granadillo | AP
Nueva York – El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en Puerto Rico emitió una certificación que supuestamente confirma que las propiedades de los suegros de la gobernadora Jennifer González se construyeron de manera ilegal en la zona de La Parguera, en Lajas.
El documento trascendió como resultado del litigio del caso en el Tribunal de Mayagüez contra varios manifantes que fueron arrestados, en 2023, por protestar contra las construcciones, que incluyen una casa y un muelle de José del Carmen Vargas e Irma Llavona Rivera, padres del esposo de González, José Yovín Vargas.
La jueza superior Vilmary Rodríguez Pardo del Tribunal de Mayagüez respondió a un pedido del abogado Gabriel Olivieri Miranda que busca utilizar ese contenido como evidencia en el caso.
Olivieri Miranda es el abogado de Sheila Mejía Luciano, esposa del senador electo por nominación directa y activista medioambiental Eliezer Molina.
Mejía Luciano fue una de las arrestadas en las protestas de hace dos años.
El documento que circula en medios en la isla también fue enviado a El Diario este miércoles.
“En cumplimiento con la orden emitida el 8 de enero de 2025 por la Hon. Juez Vilmary Rodríguez Pardo, del Tribunal de Mayagüez, entregada y diligenciada en la Secretaría del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el 13 de enero de 2025, se expide la presente CERTIFICACIÓN declarando que no consta (en negrilla) en los documentos oficiales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que se haya expedido concesión y/o autorización en virtud del reglamento número 4860 del 30 de diciembre del 1992, según enmendado, Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Estas y la Zona Marítimo Terrestre a favor del Sr. José del Carmen Vargas Cortés y/o la Sra. Irma Llavona Rivera, para el uso de aprovechamiento de los bienes de dominio público marítimo terrestre, entiéndase aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo estas y la zona marítimo terrestre, para la construcción, existencia y utilización de una estructura residencial de veraneo, plataforma, terraza y muelle, todo en madera sobre pilotes de ‘PVC’ rellenos de concreto, localizado, según CRIM solar #48, en el inventario del DRNA del 1993 como la estructura #30, Reserva Natural La Parguera, Lajas, Puerto Rico”, lee la certificación.
La certificación se emitió ayer, 15 de enero, en San Juan; el documento lo firman Javier Ramos Ortiz, especialista en Consultas y Endosos de la División de Bienes de Dominio Público Terrestre; y Nelson Velázquez Reyes, director interino del Negociado de Permisos.
La certificación trasciende en plena controversia por la orden administrativa del designado secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, para legalizar las estructuras de los suegros de la gobernadora en la reserva natural.
Cuando González fue abordada por medios de prensa hoy con relación al tema, alegó que la certificación no tenía nada que ver con la investigación que realizaba el DRNA y que no impide que sus suegros ocupen el espacio.
“Esa certificación lo que evidencia es que la propiedad está inscrita en el inventario de propiedades de La Parguera del Departamento de Recursos Naturales, así que eso es una certificación de que está en el registro de ellos”, declaró la primera mandataria según citada por El Nuevo Día.
“Lo segundo, es que el Departamento de Recursos Naturales no otorga títulos de propiedad, ellos no tienen el catastro o el registro de títulos de propiedad, y esa escritura está, es una escritura pública, donde hay un título de propiedad sobre esa, valga la redundancia, propiedad. Así que, para mí, esta certificación no tiene… cuál es el elemento que se toma en consideración, no tiene nada que ver con el caso ni lo que se está hablando”, añadió.
Poco después de que González anunciara el nombramiento de Quiles Pérez, en su primera orden administrativa, este archivó los casos de los cercanos a la gobernadora bajo el argumento de que se habían tornado académicos.
La orden establece el cobro de derechos por el uso de terrenos en aguas de dominio público, además de legalizar estructuras en la zona marítimo-terrestre. También permite la reparación de las mismas y la obtención de permisos a través de la Oficina de Gerencia de Permisos.
Ante las críticas, incluso de algunos miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) que preside, González rechazó que la acción haya sido una de encargo.
“Ningún miembro de mi equipo de trabajo ha tenido tiempo de trabajar con órdenes administrativas en ninguna agencia de gobierno. Estamos en el proceso de nominación…Así que no. La diferencia es que esta orden administrativa alguien la redactó allí y se la pusieron a la pasada secretaria y ella no la quiso firmar por intereses político, pero estaba allí”, expuso a preguntas de la prensa en una conferencia.
Quiles Pérez también planteó que la orden fue redactada y preparada por la administración anterior.
Reportes de varios medios en la isla apuntan a que el trámite del borrador de la Orden Administrativa 2025-01 tuvo un curso irregular, ya que supuestamente se le remitió a la secretaria Anaís Rodríguez Vega poco antes de su salida de la agencia.
Por su parte, la oposición en la legislatura de Puerto Rico ha realizado varias movidas para tratar de dejar sin efecto la orden.
Este lunes, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes radicó la Resolución Conjunta 22, que busca anular la determinación.
“Esta orden plantea serias dudas sobre el compromiso del Gobierno con la protección ambiental y la transparencia, especialmente porque una de las propiedades beneficiadas estaría vinculada a familiares de la gobernadora Jenniffer González Colón. ¿Qué exigimos?, pesquisas”, compartió Héctor Ferrer Santiago, portavoz del PPD en la Cámara, desde su cuenta de Instagram.
Por otro lado, el portavoz del PPD pero en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, pidió a la secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra Mercado, a que investigue y emita una opinión sobre la legalidad de la Orden Administrativa Número 2025-01.
En un mensaje desde el hemiciclo del Senado este jueves, Molina planteó que la lucha por el bien común y en contra de la agresión al medioambiente es un tema que no se puede ignorar.
“El país los está mirando”, alertó en referencia a los que apoyan a la gobernadora en la disputa por las construcciones ilegales.
“Estamos aquí listos para debatir a cada una de las personas que en esa intentona permitan que le roben a nuestro país…”, continuó.
De paso aprovechó para tronar contra el nombramiento por parte de González del juez Raúl Candelario López al Tribunal Supremo, ya que su hermano presuntamente trabajaba para Aníbal Vega Borges, comisionado electoral del PNP.
“¿No han entendido el mensaje? El país está mirando y está atento y sabe que los jueces están votando en función de los políticos que los nombran. Cómo vamos a hablar de democracia y cómo vamos a hablar de sana administración y cómo vamos a hablar en contra de la corrupción si siguen los políticos nombrando a personas que van a pasar juicio sobre sus acciones. Totalmente incestuosos”, argumentó.
