Preocupación en Puerto Rico por impacto de memo de Trump para congelar desembolso de fondos federales
Nada más en fondos para desastres, a través de COR3, el territorio, en coordinación con las autoridades federales, maneja más de $39,000 millones
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González. Crédito: J. Scott Applewhite | AP
Nueva York – La dependencia de Puerto Rico en fondos federales ha llevado a la preocupación de que la congelación de dinero a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) bajo la Administración Trump que fue temporalmente paralizada por una jueza ayer a poco para su entrada en vigor afecte los servicios a ciudadanos en la isla y el rumbo de la reconstrucción.
Nada más en fondos para desastres, a través de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), el territorio, en coordinación con las autoridades federales, maneja más de $39,000 millones ($39,815,926,591) desde el huracán María. De esos, $36,641,699,022 han sido obligados y $11,148,725,211 desembolsados, de acuerdo con los datos de COR 3 para el 21 de enero pasado. Lo anterior se traduce en un 92% de los fondos obligados versus 28% desembolsados. Las autoridades en la isla han apostado en estas ayudas para poder adelantar la reconstrucción de Puerto Rico.
COR 3, cuya permanencia bajo la Administración de la gobernadora Jenniffer González no está garantizada, es la oficina encargada de desembolsar los fondos una vez FEMA (Administración Federal para el Manejo de Emergencias) los aprueba u obliga para proyectos de obra permanente ya sea en municipios, corporaciones e iniciativas de organizaciones sin fines de lucro.
En otras áreas como asistencia alimenticia, Puerto Rico recibe una subvención en bloque mediante el Programa de Asistencia Alimentaria (PAN), que viene a ser una versión reducida de SNAP o Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.
El total de recipientes del PAN en Puerto Rico se estima en 1,245, 499. Desde hace meses, grupos de distintos sectores abogan en el Congreso para que la isla transicione del PAN a SNAP, y que reciban la misma cantidad de fondos que los estados. Bajo la asignación en bloque para Puerto Rico, la isla recibe menos beneficios que incluso las Islas Vírgenes y Guam a pesar de los altos niveles de inseguridad alimentaria y pobreza en el territorio.
De darse la transición, se estima que unos 838,000 hogares participarían de SNAP, partiendo de datos del 2019. Esto es aproximadamente 16% más que la participación en el PAN para ese mismo periodo, de acuerdo con información del Departamento de Agricultura federal que en el 2022 divulgó un estudio de viabilidad de SNAP en Puerto Rico.
Los estimados apuntan a que si el cambio se logra, inicialmente a través del Congreso donde la resistencia de los republicanos ha sido uno de los principales escollos, Puerto Rico se beneficiaría con cerca de $4,500 millones al año, en comparación con los $2,900 millones anuales que recibe actualmente bajo el PAN.
Sin embargo, una supuesta lista que la OMB circuló con instrucciones a las agencias federales en relación con el bloqueo de fondos a la que hacen referencia medios señala varios programas de los que se beneficia la isla como el PAN, el WIC (Programa Especial de alimentos suplementarios para Mujeres, Bebés y Niños) y el de Asistencia Temporera para Familias con Necesidades (TANF). Alegadamente, también se hace alusión a las becas Pell (Federal Pell Grants) y el programa Head Start. Fondos de Community Development Block Grants que los administra el Departamento de la Vivienda federal (HUD) también podrían verse impactados. Este dinero se usa, no solo para la reparación, rehabilitación y construcción de hogares, también para infraestructura pública, sistemas de agua y alcantarillados. Fondos del Departamento de Energía (DOE) para impulso de proyectos de energía renovable tampoco estarían garantizados.
En una columna publicada este miércoles en El Nuevo Día, el economista Gustavo Vélez alertó sobre los graves efectos que tendría en Puerto Rico estos recortes de fondos cuando “el gobierno local exhibe el mayor nivel de dependencia para cubrir sus gastos operacionales diarios mientras otros componentes de la economía puertorriqueña dependen de fondos federales para su funcionamiento”.
“Sobre 45% del presupuesto consolidado de Puerto Rico descansa en fondos federales, y, a su vez, los fondos federales representan cerca del 35% del Producto Nacional Bruto (PNB) de Puerto Rico. Y, el año que viene, es decir, en el 2026, el Gobierno tendrá que comenzar a negociar los fondos de Medicaid para sufragar el plan Vital. Habrá que ver, entonces, qué medidas introduce el Congreso para lidiar con el Seguro Social y el Medicare, de los cuales la isla recibe unos $17,294 millones de forma combinada”, precisó Vélez.
¿Qué dice el memo de la OMB?
El memo que ampliamente divulgó la OMB el lunes plantea que la medida responde a que los estadounidenses eligieron a Trump y le dieron un mandato de incrementar el impacto del dinero de cada contribuyente.
En el año fiscal 2024, de los casi $10 billones que el gobierno federal gastó, más de $3 billones fue para asistencia financiera federal, como subvenciones y préstamos, plantea el escrito.
De acuerdo con el documento, designados políticos y de carrera tienen el deber de alinearse al gasto y a la acción federal con base en la voluntad de los estadounidenses como ha sido expresado a través de las prioridades presidenciales.
“La asistencia financiera debe ser dedicada a avanzar las prioridades de la Administración enfocando el dinero de los contribuyentes a adelantar un Estados Unidos más fuerte y seguro, eliminando la carga financiera de la inflación para los ciudadanos, soltando la energía de Estados Unidos y la manufactura, acabando con ‘wokeness’ y la instrumentalización del gobierno, promoviendo la eficiencia en el gobierno y haciendo a EE.UU. Saludable Nuevamente”, lee el texto.
“El uso de recursos federales para adelantar la equidad marxista, transgenerismo, las políticas de ingeniería del nuevo acuerdo verde (green deal) es desperdiciar el dinero de los contribuyentes que no mejora el día a día a esos a los que sirve (el gobierno)”, añadieron desde la OMB.
El memo procede a especificar el requerimiento para que las agencias federales identifiquen y revisen todos los programas de asistencia financiera federal y apoyen actividades consistentes con las políticas del presidente que van a tono con las órdenes ejecutivas firmadas por Trump.
La notificación define la asistencia financiera como la que recipientes o subrecipientes reciben o administran en varias formas, pero que no incluyen la asistencia provista directamente a individuos.
El documento detalla que el memo no impactará beneficios del Seguro Social o Medicare.
Según la OMB, a no más tardar del 10 de febrero, las agencias deben someter a esa oficina información detallada sobre cualquier programa, proyectos o actividades sujetos a la pausa que se suponía entrara en vigor este martes antes de que el tribunal la bloqueara.
“Incluso antes de completar el análisis exhaustivo, las agencias federales deben, inmediatamente, identificar cualquier acción legalmente obligatoria o fechas límites que surjan para programas de asistencia mientras la pausa permanezca vigente”, señala otra parte del memo.
El documento además ordena a las agencias a pausar todas las actividades asociadas con “Aviso de Oportunidad de Financiamiento” (NOFO) como la realización de paneles de revisión de méritos.
En un documento de preguntas y respuestas (Q & A) divulgado posteriormente, la Administración Trump indica que no se trata de un congelamiento de toda la asistencia financiera federal y que expresamente se limita a programas, proyectos y actividades que implican las órdenes ejecutivas de Trump como la de acabar con los programas DEI (equidad, diversidad e inclusión), el nuevo pacto verde y el financiamiento de organizaciones no gubernamentales que socavan el interés nacional.
En el caso de Puerto Rico, la orden que declara una “emergencia nacional energética” y que fue firmada poco después de su investidura aguanta fondos para leyes como la Bipartidista de Infraestructura y la de Reducción de Inflación bajo la que se asignaron fondos para Puerto Rico para, entre otras, cosas, adelantar proyectos de reconstrucción y modernización de la red eléctrica, y proyectos de infraestructura sanitaria por mencionar algunos.
SNAP y préstamos estudiantiles
En el texto de aclaración, el gobierno de Trump además rechaza que fondos para SNAP o préstamos estudiantiles se vean afectados.
“Cualquier programa que provea beneficios directos a los estadounidenses está explícitamente excluido de la pausa y exento del proceso de revisión. Adicional al Seguro Social y Medicare, los que ya han sido explícitamente excluidos de la guía, programas mandatorios como Medicaid y SNAP continuarán sin pausa”, aseguraron.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una conferencia de prensa reafirmó lo anterior.
“Asistencia individual, y eso incluye, y no estoy nombrando todo lo que está incluido, es para darles algunos ejemplos rápidos, beneficios de Seguro Social, beneficios de Medicare, cupones de alimentos, prestaciones sociales, la asistencia que va directamente a los individuos no será impactada por esta pausa”, expuso Leavitt.
“Si usted está recibieron asistencia individual a través del gobierno federal, usted la va a continuar recibiendo…”, insistió la portavoz de prensa.
En respuesta a la controversia por el impacto en Puerto Rico de las intenciones de Trump, la gobernadora Jenniffer González dijo que buscará darle continuidad al uso de fondos federales esenciales en la isla, aunque no precisó las herramientas a su alcance para lograrlo.
“Estamos revisando el potencial alcance que estas órdenes puedan llevar a las agencias en Puerto Rico”, indicó González mediante declaraciones escritas.
“Ha sido nuestra prioridad el uso de los fondos federales que hemos asegurado en el Congreso durante los pasados 8 años y me aseguraré de que Puerto Rico cumpla con los requisitos aplicables y su buen uso para que esos fondos que nuestra gente necesita no se pierdan”, añadió la primera mandataria quien respaldó la candidatura de Trump y votó por el republicano.
En esa dirección, informó que pidió a las agencias locales revisar los programas que dependen de fondos federales para saber si serían impactados y poder hacer las revisiones o las solicitudes de consideración caso por caso a la OMB.
Ayer, poco antes de que las disposiciones del memo entraran en vigor a las 5 p.m., la jueza del Distrito de Columbia, Loren AliKhan, ordenó una pausa de los mismos hasta el lunes próximo a menos que decida otorgar una orden de restricción temporal, como solicitaron las organizaciones que demandaron.
Durante la próxima audiencia, la jueza escuchará los argumentos relacionados con el recurso.
Cabe señalar que el fallo de AliKhan solo afecta los desembolsos de fondos gubernamentales que ya han sido autorizados.
Organizaciones no gubernamentales y de pequeños negocios demandaron a la OMB en la corte federal el martes con el fin de paralizar lo contenido en el memo.
Jessica Morton, un abogada de los demandantes, manifestó a la jueza en la audiencia de ayer que, si la orden entra en efecto finalmente, causará un daño inequívoco al menos a algunos de los programas de subvenciones que administran sus clientes. Añadió que el caos causado por la complejidad de la orden amerita un retraso en su implementación.
Morton además cuestionó que la culpa de la confusión es de la OMB por publicar el memo menos de 24 horas antes de que entrara en efecto.
Administración Trump deja sin efecto memo de la OMB
Temprano la tarde de este miércoles, ante la confusión provocada por el memo, la Administración Trump informó que el Gobierno rescindió de la orden que habría impedido el desembolso de billones de fondos para préstamos, subvenciones y otros tipos de asistencia federal.
“Se rescinde del memorandum M-25-13 de la OMB“, lee un nuevo memo emitido por Matthew Vaeth, el director en funciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB). “Si usted tiene preguntas sobre cómo implementar las órdenes ejecutivas del presidente, por favor contacte el concejo general de su agencia”, añade el escueto escrito que citan medios como ABC News.
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