Violento asesinato de un interno en una prisión de NY mueve más reformas en el sistema penitenciario

En respuesta a la muerte de Robert Brooks, un individuo encarcelado que en diciembre fue golpeado violentamente y asesinado en el centro correccional Marcy al norte de Nueva York, a manos de 15 empleados del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York (DOCCS), la senadora estatal Julia Salazar, presentó esta semana un paquete de tres proyectos de ley para fortalecer la supervisión sobre el sistema penitenciario del estado.

Además, 30 legisladores estatales enviaron una carta a la gobernadora Kathy Hochul, instándola a utilizar los poderes ejecutivos para cerrar este centro correccional, donde fue asesinado el afroamericano.

Hasta esta semana, ese centro permanece abierto y no se han realizado arrestos en relación con esta fatalidad.

“No podemos tolerar que otra persona sea asesinada en nuestras prisiones estatales, y como legisladores debemos hacer nuestro trabajo aportando transparencia, responsabilidad y seguridad en nuestras prisiones”, enfatizó Salazar.

En resumen, la nueva fórmula traería al sistema penitenciario de Nueva York, nuevos esquemas de supervisión independiente y objetiva, para encarar la conducta de oficiales violentos.

El primer proyecto denominado ‘Disciplina DOCCS’, otorgaría al comisionado de esta agencia municipal, la autoridad para disciplinar a los oficiales que hayan sido acusados ​​de haber incurrido en mala conducta. Actualmente este proceso lo adelanta un árbitro externo.

Con base a un acuerdo que data de 1972, las medidas disciplinarias, que incluyen hasta el despido, están sujetas a la decisión de un árbitro externo, que es co-seleccionado por el sindicato de oficiales. Por lo que a menudo, se le otorga una autoridad de veto esencial al sindicato con respecto a la selección de ese agente externo.

“Un fracaso total”

De acuerdo al argumento de los legisladores, por el hecho de que un sindicato considere que es su obligación lograr el mejor resultado posible, para el oficial que representa, este sistema ha resultado en “un fracaso casi total, a la hora de responsabilizar a los oficiales por mala conducta grave, incluidas las muertes”.

“¿Alguien puede imaginar matar a alguien en el trabajo y pensar que podemos salirnos con la nuestra?”, preguntó la senadora Salazar, al presentar el paquete legislativo “Transparencia y rendición de cuentas” para abordar lo que llamó una “epidemia de violencia” en las prisiones de Nueva York.

El segundo proyecto de ley llamado Defensor del Pueblo del DOCCS, crearía un par de nuevas entidades estatales: una Oficina del Defensor del Pueblo Correccional, supervisada por una Junta de Supervisión Correccional independiente. Estas dos entidades independientes, responsables directamente ante el Gobernador y la Legislatura, recibirían quejas de personas encarceladas, supervisarían su tratamiento de manera continua y tendrían la autoridad de impulsar la acción cuando surgieran problemas.

El tercer proyecto otorgaría a la Asociación Correccional de Nueva York (CANY), una organización independiente, sin fines de lucro, un mandato legislativo para realizar la supervisión de las prisiones de forma más efectiva.

Por ejemplo, esta iniciativa eliminaría el requisito de que CANY, proporcione un aviso de 72 horas antes de realizar una visita a la prisión, elimina las restricciones sobre la cantidad de personal que puede realizar la supervisión de las condiciones de confinamiento solitario y otorga acceso total a los registros.

“Estuve en prisión en Albion. Experimenté violencia a manos de guardias, tanto hombres como mujeres. Sé lo que es ser arrancado de tu comunidad, solo para enfrentar un trauma en el interior.  Y sé por el dolor que he soportado personalmente que la seguridad en prisión es seguridad pública”, dijo Roni Mintner, de Freedom Unshackled Coalition.

Efecto: Robert Brooks

Quince funcionarios penitenciarios y dos enfermeras, fueron suspendidos sin sueldo, tras la incidencia violenta en la cual terminó el interno Robert Brooks muerto. Un funcionario renunció, pero activistas que empujan reformas en el sistema carcelario, dicen que esas medidas son insuficientes.

La versión preliminar indica que Brooks fue golpeado y pateado repetidamente en la ingle, el abdomen, la cara y la espalda cuando se encontraba en el área de enfermería.

Una autopsia realizada el mes pasado por la oficina del médico forense, mostró que Brooks sufrió hematomas extensos, una fractura en el hueso de la nariz y sangrado en los genitales y el cuello, dijeron los policías en un expediente judicial. También mostró signos de asfixia debido a la compresión del cuello, como causa principal de muerte.

En el fragor de esta fatalidad, la senadora de El Bronx, Nathalia Fernández, interpretó que esta tragedia es un recordatorio aleccionador de la urgente necesidad de rendición de cuentas y reforma en nuestro sistema penitenciario.

“La violencia y la mala conducta, no tienen cabida en nuestro estado. Y es nuestra responsabilidad garantizar la seguridad y la dignidad de todos los neoyorquinos”, remató.

El dato:

• 12 años de condena estaba cumpliendo Brooks por agresión en primer grado desde 2017. Llegó al Centro Correccional Marcy horas antes de la paliza, después de ser transferido desde otra prisión estatal cercana, dijeron las autoridades.