Presentan proyecto en Puerto Rico para que ICE no ingrese a escuelas y hospitales sin orden judicial
La iniciativa impulsada por ACLU también busca asegurar que las autoridades locales no colaboren con las federales en el territorio para arrestar migrantes
Agentes migratorios federales en un arresto en Richmond, Virginia. Crédito: Steve Helber | AP
Nueva York – La Unión Americana de Libertades Civiles, capítulo de Puerto Rico (ACLU-PR), impulsó en la legislatura de la isla la radicación del Proyecto de la Cámara 331 que busca, entre otras cosas, evitar que agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) accedan a lugares “sensibles” como hospitales y escuelas para realizar arrestos migratorios a menos que cuenten con órdenes judiciales.
El trámite legislativo se concretó, a pedido de la ACLU, luego de que a finales del mes pasado, oficiales migratorios federales empezaron a realizar operativos, principalmente en el área metropolitana del territorio, para detener a extranjeros no regularizados en la isla y aquellos con historial criminal como parte del reforzamiento de las política antimigratorias de la Administración Trump.
La iniciativa a nivel local también busca asegurar que las autoridades estatales y municipales no colaboren en la aplicación de leyes de inmigración, evitar detenciones arbitrarias e impedir acciones que puedan ser discriminatorias.
“Con este proyecto, buscamos que las autoridades locales cumplan con su deber de proteger a todos los residentes de Puerto Rico y que las intervenciones de las agencias federales de inmigración se den únicamente en el marco estricto de la ley y con la debida orden judicial. Merecemos un país en el que todos podamos confiar en las instituciones y tener acceso a los servicios esenciales”, indicó mediante un comunicado de prensa la directora de política pública de la ACLU PR, Lorimar Escudero Rodríguez.
En resumen, la legislación, radicada el 13 de febrero, define y amplía los lugares considerados sensibles, al tiempo que establece directrices para que en estos espacios se cumplan con las garantías constitucionales y no se obstaculice el acceso a servicios esenciales.
La pieza legislativa, enviada a El Diario, señala que las autoridades gubernamentales encargadas de identificar y regular estos lugares deben adoptar políticas, protocolos y procedimientos para asegurar que todas las personas ejerzan sus derechos y accedan a los servicios a los que son elegibles de manera segura y libre de discriminación.
La “Ley para la protección de los derechos y acceso a servicios libres de discrimen” busca que se provean los servicios esenciales de manera justa, respetuosa y equitativa a toda persona que resida en la isla, independientemente de su estatus migratorio.
Autoridades no deben recopilar datos sobre estatus migratorio en lugares sensibles
La medida hace particular énfasis en la intervención de agentes migratorios en espacios como escuelas, hospitales o iglesias, o áreas donde se brindan servicios o se realizan actividades esenciales.
En esa dirección, la medida establece que desde las instalaciones de salud y otros lugares sensibles no se recopilará información relacionada con el estatus migratorio de una persona, estatus de ciudadanía, nacimiento, número de Seguro Social o de identificación del contribuyente a menos que sea estrictamente necesario o requerido por ley para evaluar elegibilidad o administrar los servicios.
El proyecto 331 además especifica que las autoridades del orden público o funcionarios no podrán detener, interrogar, arrestar o registrar a ninguna persona con el único fin de determinar su estatus migratorio. También se impondrían prohibiciones al suministro de datos a las autoridades federales migratorias que ayuden a identificar, describir o, razonablemente, vincular a una persona sin que medie una orden judicial de un juez. La pieza legislativa además impediría la utilización de fondos, instalaciones, propiedades, equipos y personal de una agencia para asistir en la investigación o aplicación de leyes migratorias federales.
En el caso específico de las escuelas, el proyecto de ley prevendría que las autoridades escolares soliciten o recopilen información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de los alumnos.
Bajo la medida, se vetaría el ingreso de agentes federales a estas instalaciones a menos que cuenten con identificación válida, una declaración escrita sobre el propósito de la visita y una orden judicial.
Por otro lado, el proyecto obligaría a las autoridades gubernamentales a desarrollar planes de respuesta y manejo a través de protocolos que incluyan formación a personal clave ante la eventualidad de un operativo o redada migratoria.
En cuanto a la labor de los municipios, la pieza legislativa detalla que los encargados deben desarrollar un plan de respuesta a operativos y redadas, y un protocolo de gestión que debe incluir las guías para el intercambio de información con los residentes afectados una vez que ocurren estos eventos, incluido el posible establecimiento de una línea directa.
¿Por qué es necesario el proyecto 331?
La exposición de motivos del proyecto afirma que los oficiales de agencias como ICE están procediendo contra personas sin ni siquiera tener la seguridad de si son migrantes o no, y que, supuestamente, llegaron a detener a una puertorriqueña.
“Sin contar con una orden judicial, las autoridades incursionaron en propiedad privada, y detuvieron a varias personas bajo la sospecha de residir en Puerto Rico en violación a las leyes de inmigración. Como resultado de las redadas, se detuvo a personas con estatus migratorio regulado e, incluso, a una mujer puertorriqueña. Todas estas personas coincidían en su perfil étnico o racial y se encontraban en lugares con alta concentración de inmigrantes”, expone el documento.
“Este tipo de operativos, sin el respaldo de una orden judicial que previniera detenciones de personas a base de un perfil étnico o racial, afectó la confianza y el sentido de seguridad del pueblo. Se registraron marcadas ausencias y una baja en la actividad económica, especialmente en áreas con una alta población de inmigrantes”, añade la explicación del proyecto.
De acuerdo con el documento de la Cámara, las órdenes judiciales firmadas por el presidente no tienen mayor poder que disposiciones constitucionales, como el derecho a la no discriminación, igual protección de leyes y ante registros y allanamientos sin orden judicial, por mencionar algunos.
“Las nuevas prioridades en la aplicación de las leyes de inmigración no son un cheque en blanco para la violación del estado de derecho estatal y federal vigente. La misma orden ejecutiva (que declara una emergencia migratoria nacional) expresa con claridad que todo acuerdo de colaboración entre las autoridades federales y locales debe ser en la medida que lo permita la ley y con el consentimiento de estos últimos en la manera que estimen apropiado”, especifica el texto.
“Tampoco cambió el estado de derecho estatal y federal en materia de derechos civiles, salud, educación, protección a la información privada, entre otras…”, se argumenta a través de la pieza legislativa.
Uno de los efectos colaterales de la movilización federal, según la propuesta de ley, es que la población, incluso personas con estatus migratorio regulado, han dejado de buscar servicios y asistencia de las agencias gubernamentales debido al temor de ser sorprendidos por agentes. Esta situación también tendría un impacto en la cooperación de la ciudadanía en casos criminales, incluyendo los de violencia doméstica.
El Diario se comunicó la semana pasada con la oficina en Puerto Rico de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y pidió una entrevista con su directora Rebecca González Ramos para conocer la postura oficial en cuanto al tema y el impacto de los operativos en la isla. Hasta este sábado, no habíamos recibido respuesta definitiva a la solicitud.
¿Qué representantes respaldaron la legislación?
La medida fue presentada por los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Edgardo Feliciano Sánchez, Héctor Ferrer Santiago, Reinaldo Figueroa Acevedo, Angel Fourquet Cordero, Gretchen Hau Irizarry, Sol Higgins Cuadrado, Estrella Martínez Soto, Roberto Rivera Ruiz de Porras, Lilly Rosas Vargas, Ramón Torres Cruz, Domingo Torres García, Conny Varela Fernández y Swanny Enit Vargas Laureano.
Se sumaron a la iniciativa Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Ningún legislador del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) respaldó el proyecto de ley.
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