Puerto Rico: Congreso tiene la facultad de citar a la Junta para que explique $2,000 millones en pago a consultores, apunta Espacios Abiertos
La organización independiente recientemente presentó un informe sobre el exorbitante gasto por consultores dentro y fuera del proceso de Título III
Un boricua protesta contra las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal en la isla. Crédito: Carlos Giusti | AP
Nueva York – Aunque en el 2016, la Oficina de Presupuesto Congresional (Congressional Budget Office) estimó que los gastos en los que incurriría Puerto Rico para asesoría legal y financiera como parte del proceso de reestructuración de la deuda bajo la Ley PROMESA no superarían los $370 millones de dólares en 10 años, la cifra alcanza, al momento, los $2,000 millones.
Así lo reveló un estudio de la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos (EA) que examinó y analizó los Informes Anuales de la Junta de Control Fiscal (FOMB) entre el 2017 y el 2024.
“Si tú vienes con un mandato del Congreso a poner en cintura al Gobierno exigiéndole que no gaste más de lo que ingresa, cómo es posible que no prediques con el ejemplo y te hayas gastado cinco veces más lo que el Congreso te recomendó que gastaras”, cuestionó Daniel Santamaría, director de investigación de la entidad independiente con sede en San Juan.
“También hay que preguntarles si ellos (la Junta) consideraron alguna vez alzar la mano para decir que eso de los $370 millones era irreal, ‘que el pueblo de Puerto Rico sepa que esto nos va a costar $2,000 millones’”, añadió el economista.
La Junta fue creada, en el 2016, en virtud de la Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y. Estabilidad Económica de Puerto Rico) aprobada en el Congreso con el fin de administrar la finanzas de Puerto Rico, ayudar en la reestructuración de la deuda pública, y lograr que el territorio acceda nuevamente a los mercados de capital.
Puerto Rico se encuentra desde hace unos nueve años bajo Título III de PROMESA, que es el procedimiento mediante el cual el gobierno de Puerto Rico reestructura su deuda. La Junta viene a ser la entidad que representa a la isla en los casos de quiebra. Al momento, ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico se está viendo el caso por la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El informe divulgado el mes pasado y titulado “El costo de los consultores de la Junta: una cuenta que paga el pueblo y no cesa”, es una actualización de uno publicado en junio de 2023.
De acuerdo con los datos que maneja la organización, enfocada en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación cívica activa, entre 2017 y 2024, los pagos a consultores contratados dentro del proceso de Título III ascendió a $1,702.5 millones; los de consultores contratados fuera del proceso de Título III, a $308.11 millones; y $11.3 millones han sido desembolsados para el Oficial Examinador.
Ese dinero proviene del bolsillo de los puertorriqueños, a pesar de que los residentes de la isla no provocaron la deuda pública, no crearon la Junta ni eligieron a sus miembros.
La falta de transparencia de la Junta
“A mí me parece falta de transparencia que el gasto que paga el gobierno de Puerto Rico y sus ciudadanos y ciudadanas, el más grande, tú no lo divulgues. O sea, los $1,700 millones que han pagado los puertorriqueños y puertorriqueñas de su bolsillo, en qué te lo has gastado y para qué. Sabemos que está en el tribunal, pero no te cuesta nada ser transparente y divulgarlo. Ese trabajo lo tuvimos que hacer nosotros. Si no, la gente lo que ve es, simplemente, los $60 millones que cuesta por año. Eso es el 15% del gasto. El gasto grande no me lo estás divulgando. Me estás refiriendo a una página. Entonces, exigen transparencia al gobierno de Puerto Rico; que la Universidad de Puerto Rico te presente cualquier factura de cualquier gasto; la Junta debe que predicar un poquito más con el ejemplo”, planteó Santamaría sobre el alcance de los hallazgos.
Para explicar la magnitud del gasto de la Junta, el experto contrastó los procesos para reestructurar la deuda de Puerto Rico con los de Argentina, donde el hoy exministro de Economía, Martín Guzmán, tomó las riendas en el 2019.
“Martín Guzmán reestructuró la segunda deuda más alta de la historia en Argentina. Nosotros teníamos una deuda de $72,000 millones; ellos tenían una deuda de $110,000 millones. Su reestructuración en asesores y en gastos legales y financieros no superó los $40 millones, y la nuestra va por $2,000 millones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ellos tienen unas instituciones fuertes; tienen unos funcionarios públicos preparados, no politizados, donde quién entra es porque sabe hacer las cosas; pagan un salario adecuado, pero no es que están facturando miles de dólares la hora como estos bufetes de abogados de Wall Street”, argumentó el también codirector ejecutivo de EA.
Los argumentos de la Junta
El analista además le restó peso a las alegaciones de la Junta en el sentido de que se justifica el gasto con base en el recorte sobre los $35,000 millones de la deuda pública en bonos del gobierno central.
“La Junta dice que se ha gastado $2,000 millones, pero como Puerto Rico tenía que pagar $72,000 millones, y ahora tiene que pagar un poquito más de la mitad, pues le hemos ahorrado la mitad, lo cual ya es bueno. Tú no me puedes ahorrar algo sobre lo que nunca tuve la capacidad de pagar. O sea, si ahora puedo pagar $35,000 millones porque se recortó la deuda en más de un 50%, no es que me estés ahorrando ese 50%, porque ese 50% nunca lo pude pagar; por eso entré en quiebra; por eso intervino una juez. Por eso, ese argumento es bien discutible”, sostuvo sobre la insostenibilidad de la deuda.
Con relación al alegato de que los gastos por consultoría promedian o son equivalentes a los de procesos de quiebra similares como el de Detroit (Michigan), Santamaría refutó: “Detroit costó $178 millones de dólares; a nosotros nos está costando $2,000 millones. Ellos hacen una proporción de $178 millones sobre una deuda de $6,000 millones; eso es un coste proporcional de un 2 y pico por ciento; y Puerto Rico, $2,000 millones entre $70,000 millones, estamos hablando de 2 y pico o 3 por ciento. Pero, lo que pierden de perspectiva, primero, es el nivel absoluto de $178 millones versus $2,000 millones; no el relativo. Y después pierden de vista, también, que hay países que lo están haciendo por mucho menos…”.
Otro ángulo en esta discusión es la falta de fiscalización a los desembolsos de la Junta.
Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal puede citar a miembros de la Junta
En este sentido, el entrevistado argumentó que el Congreso, a través del Comité de Recursos Naturales de la Cámara -con jurisdicción primaria sobre los temas relacionados con Puerto Rico- tiene la facultad de citar a los miembros de la Junta para que expliquen a qué se debe el incremento en pagos de consultoría.
“A nuestro entender, quien tiene la capacidad de fiscalizar es el comité de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos, donde antes estaba Raúl Grijlava; ahora tenemos a un republicano que está liderando ese comité (Bruce Westerman), y ellos tienen la capacidad de sentar al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (Arthur J. Gonzalez) y pedirle explicaciones del gasto para que sean transparentes y digan en qué están gastando, cuánto están gastando, cuánto más van a gastar. Tenemos un comisionado residente (Pablo José Hernández) que también puede ejercer un rol fiscalizador…Pero, fundamentalmente, el Congreso de EE.UU. a través del comité de Recursos Naturales son quizás los que tienen mayor poder de inherencia en estos temas”, emplazó el portavoz de Espacios Abiertos.
Según Santamaría, la organización ya les había sometido el informe a varios congresistas, incluyendo la demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, y el contenido fue mencionado en una de las sesiones del comité.
“Ahora está de su lado pedir explicaciones, porque, que no le quepa ninguna duda a nadie que si esos $2,000 millones los hubiera tenido que pagar el gobierno de EE.UU. y hubiera recomendado que no pagaran más de $370 millones, estoy seguro que, del primer millón que se pasen, sientan a la mesa a la persona para pedirle explicaciones. La cuenta no la está pagando el gobierno federal; la está pagando el gobierno de Puerto Rico, pero creo que eso no es excusa para no pedir explicaciones de este sobregiro de tanto dinero”, insistió.
Durante una reunión del organismo el mes pasado, el tema de la implementación de PROMESA fue central. Sin embargo, aparentemente, no hay interés de fiscalizar a la Junta.
En el encuentro, una de las enmiendas que fue derrotada fue la de Velázquez. La demócrata de Nueva York pedía acciones relacionadas con la sección 209 de la ley que es la que establece los criterios para la salida de la Junta.
“Aunque la Junta se vaya, sus políticas se quedan”
En este contexto, Santamaría planteó que más importante que agilizar la salida de la Junta es cambiar las condiciones que hicieron que se impusiera el organismo en Puerto Rico.
El economista añadió que, bajo PROMESA, no hay disposición que establezca que la entidad no pueda seguir ejerciendo influencia en las decisiones fiscales del territorio aún cuando, en teoría, se haya disuelto.
“Aunque la Junta se vaya, sus políticas se quedan. Llevamos ocho o nueve planes certificados con unas medidas muy concretas de la Junta…Eso es fundamental para llevar a cabo el proceso de PROMESA, tal y como lo concibe la Junta. La gente está muy preocupada de cuándo se va a ir la Junta; yo creo que debemos estar preocupados de cambiar las condiciones que hicieron que tuviéramos una Junta. Aunque la Junta se vaya, sus políticas se quedan; y, aunque la Junta se vaya, hay muchas cuestiones que se quedan latentes o medio activas”, afirmó.
¿Qué más revela el informe sobre los gastos de la Junta?
En el informe inicial de Espacios Abiertos, el gasto para consultores se cuantificó en poco más de $1,500 millones de dólares entre lo reportado en los informes anuales y mensuales de la Junta, lo publicado por el tribunal federal y los gastos reportados por el Oficial Examinador. Los nuevos datos recopilados apuntan a que la cifra ha ascendido a $2,021,957,705.
Dividido por renglones de gasto, esto se traduce en un aumento de $297,774,055 a $308,111,005 para aquellos consultores y representantes legales contratados fuera del proceso de Título III; de $9,780,502.15 a $11,329,555.08 para el Oficial Examinador; y de $1,006,718,638 a $1,702,517,144 en el caso de los consultores dentro de los procesos de Título III.
“Esto representa un aumento de 34.77% desde el 18 de junio de 2023 hasta ahora”, destacó la organización creada en el 2014 bajo una propuesta competitiva (Open Places Initiative) entre 16 jurisdicciones de EE.UU.
En cuanto al gasto dividido entre los cinco principales pleitos, el examen arrojó que el del Gobierno de Puerto Rico encabeza la lista con $1,109,013,249, seguido por el de la AEE con $438,803,487; COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) con $62,816,103; la Autoridad de Carreteras con $51,165,166; el Sistema de Retiro con $39,758,739, y $960,400 en el caso de Edificios Públicos.
Referente a los principales consultores y abogados pagados en el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, el análisis señala que Proskauer Rose LLP lidera la lista con $355,826,874; seguido por McKinsey & Company con $307,318,840, y Ankura Consulting Group, LLC con $180,947,374.
A estas le suceden Ernst & Young LLP ($179,445,657), CITI Group Global Markets Inc. ($126,565,344), O’Melveny & Myers ($115,828,094), PJT Partners LP ($115,000,000), Paul Hastings LLP ($86,841,542), Deloitte ($55,497,713) y Alvarez & Marsal North America, LLC ($35,727,382).
“Comparado con el informe anterior, las firmas que han reportado el mayor aumento en pagos en el período más reciente son Ankura Consulting Group, LLC, con un incremento de $137.59 millones, lo que representa un 317.38% de aumento en 14 meses, seguida por Proskauer Rose LLP, que recibió $131.32 millones adicionales, reflejando un 58.50% de crecimiento en el mismo periodo. También destacan CITI Group Global Markets Inc., con un aumento de $46.50 millones (58.08%), Ernst & Young LLP, con $45.62 millones(34.09%), y PJT Partners LP, que duplicó sus pagos con un incremento de $57.50 millones, representando un 100% de aumento en 14 meses”, lee el documento.
Santamaría dijo que, tras la divulgación del reporte, seguirán insistiendo en el reclamo de transparencia y rendición de cuentas armados con estos y otros datos.
El catalán consideró que, gracias al trabajo de organizaciones como la que representa, los puertorriqueños ahora entienden más el impacto de la deuda y la crisis fiscal en su cotidianidad.
“Ha habido un proceso de aprendizaje general de la sociedad puertorriqueña para entender que una crisis fiscal financiera que puede sonar como muy teórica, y, ‘esto a mí pues no me afecta porque el Gobierno es el gobierno y no va conmigo’; cuando luego esas decisiones de materializan y ves que por los próximos 30 años te van a subir los peajes; que para pagar la deuda hay que subirte la factura de luz, etc., las personas empiezan a atar los puntos…. Yo creo que ya hay un sentir general de que estas cosas me afectan”, expuso.
En contraste, a juicio del economista, la exclusión de las autoridades gubernamentales en los procesos de discusión de la reestructuración de la deuda pone en desventaja a las instituciones públicas, y, por ende, a los ciudadanos.
“Otra cosa es entender si este proceso, que ya sabemos que me afecta; si hemos aprendido institucionalmente, la Asamblea Legislativa, las agencias y corporaciones públicas, de ese proceso. Y de ahí es muy importante entender que la Junta, que ha liderado el proceso de reestructuración y que ha pagado a unos consultores para que hagan el trabajo, no sienta a las instituciones públicas a la mesa…Eso nos deja mucho que decir; que la ciudadanía de Puerto Rico está pagando la factura, pero el conocimiento y el aprendizaje y las soluciones al problema no lo está aprendiendo nuestros pocos elementos democráticos que tenemos, que son nuestras instituciones, porque no están sentadas en la mesa, y no hay transferencia de conocimiento de estas consultoras tan cara al gobierno de Puerto Rico”, planteó el también graduado de administración pública en Columbia University.
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