Juez federal cuestiona autoridad de Trump para deportar migrantes sin el debido proceso

Un juez federal interrogó a los abogados del gobierno del presidente Donald Trump sobre la deportación de venezolanos a El Salvador, pese a una orden judicial previa que bloqueaba explícitamente la medida, disputa legal que podría llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

James Boasberg, juez de distrito de EE.UU., interrogó al fiscal general adjunto, Drew Ensign, sobre porque la administración republicana no cumplió con una orden judicial de emergencia que bloqueó temporalmente su uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a ciudadanos originarios de Venezuela, incluyendo a supuestos integrantes de la megabanda criminal del Tren de Aragua, de suelo estadounidenses por 14 días.

Al menos 261 migrantes fueron deportados el sábado desde Estados Unidos a El Salvador, incluidos más de 100 venezolanos que estaban sujetos a ser deportados “únicamente con base” en la ley bloqueada temporalmente por la corte.

El juez usó la primera parte de la audiencia para presionar a Ensign para obtener detalles sobre los vuelos de deportación de la administración estadounidense a El Salvador.

“¿Por qué se firmó esta proclamación a oscuras el viernes, la madrugada del sábado, y luego estas personas se apresuraron a subir a los aviones?”, preguntó Boasberg a los abogados del Departamento de Justicia (DOJ).

“Para mí, la única razón para hacerlo es si se conoce el problema y se quiere sacarlos del país antes de que se presente una demanda“.

El fiscal general también fue presionado ampliamente sobre lo que sabía sobre las deportaciones durante la audiencia de la semana pasada, cuando Boasberg ordenó al actual gobierno detener cualquier remoción planificada de inmigrantes venezolanos sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros.

Asimismo, el juez emitió un fallo judicial el sábado, ordenando la devolución inmediata de cualquier avión que deporte ciudadanos venezolanos objeto de deportación bajo la mencionada ley.

“¿Puedo preguntarle ahora cómo interpretó esa declaración cuando conversamos el sábado?”, le preguntó a Ensign. “¿No entendió lo que dije durante la audiencia?

“Me dijo que no tenía detalles sobre los vuelos. Luego hicimos un receso de 38 minutos para que los buscara”, le recordó el juez al fiscal. “Y luego, cuando regresó, y aunque los vuelos ya estaban en el aire, ¿afirmó que no tenía detalles de los vuelos?”

“Correcto”, respondió Ensign, afirmando ante al juez que nadie le daría la información que buscaba sobre los vuelos de deportación. “No sabía que estaban en el aire”.

Boasberg ordenó a los funcionarios del gobierno de Trump que expliquen antes del martes por qué no cumplieron con su orden que exige que los vuelos de deportación regresen y si desafiaron a sabiendas su dictamen.

Si bien el juez reconoció que la administración republicana tiene “amplia libertad” para hacer cumplir la ley de inmigración, ha manifestado en diferentes ocasiones su frustración con el gobierno y su fracaso en responder preguntas fundamentales sobre los vuelos.

En este sentido, reafirmó las preocupaciones y planteó nuevas preocupaciones sobre el aparente desafío de la administración a los jueces federales, informó Fox News.

“Las hipótesis son aterradoras”, declaró Boasberg a Ensign. “Si los tribunales no pueden revisar” el uso que la administración hizo de la ley de deportación de la época de la guerra, “entonces el presidente podría decir que cualquiera está invadiendo. Si un pescador extranjero entra en aguas estadounidenses, el presidente podría decir que eso es una invasión”.

“Incluso tú dirías que eso es alarmante”.

“Eso depende del Congreso”, respondió Ensign.

En una orden judicial del jueves, Boasberg castigó a los abogados del DOJ por no responder a sus preguntas sobre los vuelos de deportación, incluso después de permitirles hacerlo bajo secreto, e indicó que el gobierno había “evadido nuevamente sus obligaciones”.

Todavía no está claro si el gobierno de Trump invocará el privilegio del secreto de Estado en la querella judicial, lo que podría permitirle retener cierta información para fines de seguridad nacional.

En una declaración judicial presentada el viernes en la mañana, el fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche, le señaló al juez que está al tanto de las discusiones a nivel de gabinete que invoca el mencionado privilegio. La administración podría presentar ese alegato en una audiencia ante el tribunal de apelaciones la semana que viene.

Invocar ese privilegio “es un asunto serio que requiere una cuidadosa consideración de la seguridad nacional y las relaciones exteriores, y no puede tomarse adecuadamente en solo 24 horas”, explicó Blanche al tribunal el viernes. 

Por su parte, Trump, exigió el viernes en una publicación en redes sociales que la Corte Suprema tome medidas para detener a los jueces federales que han bloqueado más de 300 de sus órdenes y acciones ejecutivas.

Trump imploró por medio de Truth Social a la Corte Suprema que “DETENGA LOS MANDAMIENTOS NACIONALES AHORA, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”.

“Si el juez Roberts y la Corte Suprema de Estados Unidos no solucionan esta situación tóxica y sin precedentes INMEDIATAMENTE, nuestro país estará en serios problemas”, añadió.

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