Casa Blanca estudia enviar a estadounidenses a la megacárcel de El Salvador

La Casa Blanca anunció este martes que está examinando la viabilidad legal de deportar a ciudadanos estadounidenses que hayan cometido crímenes graves al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, una medida sin precedentes que fue sugerida públicamente por el presidente Donald Trump.

La portavoz Karoline Leavitt explicó que la propuesta aún se encuentra en fase de revisión legal y subrayó que solo se consideraría en casos extremos.

“Es una cuestión legal que el presidente está analizando. Solo lo consideraría, si fuera legal, para los estadounidenses más violentos, atroces y reincidentes, a quienes nadie quiere que vivan en sus comunidades”, declaró Leavitt en rueda de prensa citada por la agencia de noticias Efe.

Las declaraciones se producen un día después de que Donald Trump expresó su intención de ir “un paso más allá” durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

En ese encuentro, el mandatario estadounidense expresó abiertamente su interés en trasladar no solo a migrantes acusados de delitos, sino también a ciudadanos locales a la megacárcel construida por el gobierno de Bukele.

“No sé cuáles son las leyes, pero también tenemos criminales locales y me gustaría incluirlos en el grupo de gente que sacamos de este país”, dijo Trump, sin ofrecer detalles sobre el mecanismo legal para aplicar dicha medida.

La idea de utilizar el Cecot como destino para criminales estadounidenses no es nueva.

Fue Bukele quien la propuso inicialmente en febrero pasado, durante una visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a El Salvador. En ese momento, el presidente salvadoreño ofreció utilizar las instalaciones de la polémica prisión para albergar tanto a extranjeros como a estadounidenses acusados de delitos graves.

El Cecot, inaugurado en 2023, ha sido ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones extremas de encierro, falta de acceso a defensa legal adecuada y denuncias de malos tratos. A pesar de estas críticas, el centro penitenciario ha sido promocionado por el gobierno salvadoreño como un modelo de mano dura contra las pandillas y el crimen organizado.

El pasado 15 de marzo, la administración Trump envió a 238 venezolanos y 23 salvadoreños a esa prisión, acusados de pertenecer a organizaciones criminales como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. La medida generó controversia porque se llevó a cabo sin proceso judicial previo, lo que provocó duras críticas por parte de defensores de derechos civiles.

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