Congresistas no descartan legislar para fiscalizar a beneficiarios de Ley 22 en Puerto Rico
En entrevista con El Diario, la representante de NY, Nydia Velázquez, dijo que debe ser una medida que no atente contra la autodeterminación del gobierno local
La demócrata Nydia Velázquez representa al Distrito 7 de Nueva York en el Congreso. Crédito: Bebeto Matthews | AP
Nueva York – La representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, dijo a El Diario que no ha descartado presentar legislación junto a otros aliados en el Congreso para atender las consecuencias fiscales tanto en Puerto Rico como en el erario federal de la Ley 22, que exime del pago de impuestos a estadounidenses adinerados que se relocalizan en la isla bajo promesa de inversión.
“Te puedo compartir que estamos analizando y estudiando qué soluciones legislativas a nivel del Congreso podemos considerar. Estamos haciendo eso en estos momentos”, dijo la legisladora del Distrito 7 en entrevista con este rotativo.
La congresista añadió que cualquier iniciativa debe ser una que no atente contra la autodeterminación del gobierno local.
“Esta es un área que nos preocupa a los congresistas en el sentido de que, si estas personas favorecidas por esta ley no pagan básicamente contribuciones en Puerto Rico y tampoco en los EE.UU., obviamente esto le está restando al erario público federal, y eso afecta en términos de que vamos a tener menos ingresos para poder proveer los fondos y los recursos para las escuelas públicas en EE.UU., cuidado de menores en comunidades pobres, y eso, obviamente, nos lleva a nosotros a prestar más atención y exigir mayor fiscalización de parte del gobierno federal”, argumentó la representante.
La demócrata se refiere, entre otras cosas, a las alegaciones que investiga el Servicio de Rentas Internas (IRS) desde el 2021 que apuntan a que un centenar de beneficiarios de la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” estaría evadiendo impuestos sobre los ingresos de origen estadounidense al mentir sobre su tiempo de estancia en la isla.
En marzo del año pasado, un equipo de la Oficina del Inspector General (GAO) viajó a Puerto Rico como parte del seguimiento de otra pesquisa que pidió Velázquez junto a los también representantes de origen boricua de NY, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres; así como el de Arizona, Raúl Grijalva, quien falleció el mes pasado.
En julio del 2023, los congresistas le solicitaron al director del GAO, Gene Dodaro, una evaluación del impacto de las exenciones contributivas otorgadas a individuos y empresas bajo la Ley 60 de 2019 o Código de Incentivos de Puerto Rico. La Ley 22 forma parte de la 60 bajo la que se consolidaron todos los incentivos que otorga el gobierno local. La Ley 22, en específico, exime a los beneficiarios de los decretos del pago impuestos sobre los ingresos por intereses, dividendos y ganancias de capital.
El estatuto establece, como parte de los requisitos para la otorgación del beneficio fiscal, que el extranjero no haya vivido en Puerto Rico durante el período de 2006 a 2012; que resida en la isla al menos 183 días al año; que done $10,000 anuales a organizaciones sin fines de lucro, y que adquiera una vivienda en el territorio durante los primeros dos años de haber obtenido el decreto.
En la carta de los congresistas, fechada el 20 de julio de 2023, estos plantearon que, aunque las disposiciones de la ley tenían como objetivo atraer a inversionistas y empresas a la isla, existe la preocupación de que la ha convertido en un paraíso fiscal para ricos, “sin brindar ningún beneficio al pueblo de Puerto Rico”.
“Además de permitir que estas personas y empresas evadan impuestos locales, el estatus territorial de Puerto Rico también exime de impuestos federales sus ingresos provenientes de Puerto Rico. Esto se traduce en beneficios fiscales que los estadounidenses no podrían obtener en ningún otro lugar del mundo”, destaca la misiva.
El documento también hace mención del alegado impacto negativo de la ley en los recaudos del Departamento de Hacienda en la isla.
“Según el Informe de Gastos Tributarios de Puerto Rico para el Año Fiscal 2023, Puerto Rico perdió alrededor de $2,220 millones de dólares en ingresos relacionados con la Ley 22 entre 2017 y 2023. Solo en 2023, se prevé que Puerto Rico pierda unos $342 millones debido a las exenciones fiscales”, expusieron los congresistas.
Además de las pérdidas en ingresos tributarios, la misiva señala que el aumento en la compra de viviendas por parte de extranjeros no beneficia al empresario local.
“La demanda de vivienda puede verse sesgada por la afluencia de personas adineradas que deben comprar residencias en la isla para acceder a la desgravación fiscal. Además, la Ley 60 prioriza la afluencia de empresas existentes a la isla para evadir impuestos, lo que podría desplazar a los empresarios puertorriqueños y obligar a las empresas locales a competir por recursos, como talento, clientes e infraestructura”, alertaron.
Debido a lo anterior, los legisladores pidieron al GAO que examinara detalles sobre la residencia, reubicación e ingresos de los beneficiarios de la Ley 60, los impactos de los beneficios fiscales en la economía de Puerto Rico y los esfuerzos para monitorear el fraude, entre otros aspectos de la ley.
En la entrevista con este medio, Velázquez reiteró su preocupación sobre la falta de vivienda asequible en Puerto Rico, los desplazamientos y cómo la Ley 22 ha agravado el panorama para los menos privilegiados en el territorio.
“Estos son los datos que nosotros tenemos: la mediana de ingresos en Puerto Rico es de $32,000 dólares al año, mientras que el precio medio de una vivienda es de $220,000 dólares. Lo que eso significa es que una persona que esté interesada en obtener un préstamo hipotecario, solo va a contar con el 61% del ingreso necesario para cualificar. El problema es más acentuado en áreas donde hay mayor desarrollo económico, como lo es San Juan, Dorado, Caguas”, compartió.
La propuesta de Jenniffer González para imponer una tasa contributiva de 4%
En este contexto, para la representante, la propuesta de la gobernadora Jenniffer González para imponer una tasa contributiva de 4% a los recipientes de la Ley 22 a partir del próximo año no es suficiente para atender los problemas que ha traído la exención fiscal.
“No hay duda que los ricos que se han mudado para Puerto Rico, 93%, más o menos, proveniente de los Estados Unidos, han contribuido grandemente a que en Puerto Rico sea prácticamente imposible comprar o rentar una propiedad, por enfocarse en adquirir propiedades para uso personal o de alquiler, ya sea a corto o largo plazo. Eso ha disparado la especulación, y, como consecuencia, sube el valor de las propiedades en Puerto Rico, y la clase media ha sufrido las consecuencias”, consideró.
Para Velázquez, medidas como el aumento en impuestos a propiedades de lujo o tasas impositivas más bajas solo si los inversionistas revitalizan propiedades que están en desuso u abandonadas podrían ser soluciones más efectivas.
“El problema que vamos a ver en Puerto Rico es que una persona de la clase trabajadora no va a tener los fondos necesarios para revitalizar o comprar una vivienda y revitalizarla. Entendemos que esa es un área que podría servir para que se puedan comprar esas propiedades que están en desuso, que están abandonadas. Por otro lado, la propuesta de la gobernadora para reducir la tasa sobre ganancias netas de capital a 4% (a los locales) no hace nada para la clase trabajadora y los pequeños negocios. De hecho, los podría afectar más en el sentido que va a quitarle ingresos al erario”, añadió.
Como parte de su reforma contributiva, la gobernadora anunció, a principios de este mes, que reduciría significativamente la responsabilidad contributiva de todos los contribuyentes sobre las ganancias de capital, dividendos e intereses sin necesidad de obtener un decreto. “Con la aprobación de esta medida, se reducirá la obligación contributiva de entre 18 a 33% (dependiendo de la cantidad del aumento de capital anual) a 4%, equiparando la misma a la obligación contributiva de los beneficiarios de decretos de individuos residentes inversionistas”, dijo la primera ejecutiva.
Por el otro lado, se busca imponer una tasa contributiva de 4% a inversionistas que soliciten participar del programa a partir del 1 de enero de 2026. Al momento, estos individuos pagan cero.
Cabe señalar que los que ya cuentan con un decreto bajo la ley 60 continuarán con la exención del pago de contribuciones sobre las ganancias de capital, intereses y dividendos.
Las propuestas de la Administración González para los nuevos solicitantes también incluyen establecer un requisito de residencia previa para acogerse al programa y extender la Ley 60 hasta el 2055. Actualmente, la vigencia es hasta el 2035.
La Junta de Control Fiscal (FOMBPR), organismo federal que maneja las finanzas de Puerto Rico desde el 2016 en virtud de la Ley PROMESA aprobada en el Congreso, alertó a González y a su equipo sobre el impacto que tendrían las medidas en los ingresos del Gobierno.
Sobre la pesquisa que realiza el IRS a alegados evasores fiscales cobijados bajo la Ley 22, Velázquez adelantó que busca reunirse con el nuevo comisionado del IRS para discutir el estatus de la misma.
“El IRS continúa haciendo investigaciones. Nosotros tuvimos unas cuantas reuniones con el comisionado del IRS (anterior). Obviamente, no podían compartir el estatus de la investigación, porque eso es confidencial. Queremos hacer un acercamiento de nuevo al IRS para ver dónde se encuentra la investigación”,
A pesar de que Velázquez junto a organizaciones sin fines de lucro en el archipiélago presentaron en el 2023 una solicitud de FOIA o bajo la “Ley de Libertad de Información” (Freedom of Information Act) para que se divulgue información, no han sido muchos los detalles que ha provisto el IRS sobre el curso de las indagatorias y los resultados.
Esta semana, el presidente Donald Trump removió a Gary Shapley como comisionado en funciones del IRS, y, en su lugar, colocó al subsecretario del Departamento del Tesoro, Michael Faulkender.
Velázquez concluyó indicando que una de sus preocupaciones mayores es la necesidad de que Puerto Rico diversifique su economía y reduzca la dependencia a incentivos y fondos federales que comprometen su estabilidad fiscal.
“La dependencia en incentivos hace a Puerto Rico vulnerable. Ya vimos nosotros lo que sucedió con la Sección 936. Por otro lado, la dependencia en la asignación de fondos federales. Es sumamente peligroso, sobre todo, ante una Administración como la que tenemos hoy en EE.UU., y esto debe impulsar a los líderes de Puerto Rico a tener una discusión responsable de qué medidas ellos deben promover para poder diversificar la economía”, emplazó.
Esta es la tercera y última parte de la entrevista exclusiva de El Diario a Velázquez.
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