Puerto Rico: Center for Popular Democracy recibe documentos del IRS sobre pesquisa a beneficiarios de Ley 22 por evasión de impuestos
La organización demandó al IRS por negarse a divulgar los archivos bajo FOIA y ya ha comenzado a recibir información de las auditorías por orden del tribunal
Una calle del Viejo San Juan, zona colonial de Puerto Rico. Crédito: Ricardo Arduengo | AP
Nueva York – Activistas de The Center for Popular Democracy (CPD) están recibiendo información sobre la pesquisa que realiza desde el 2021 el Servicio de Rentas Internas (IRS) a beneficiarios de la Ley 22 en Puerto Rico por alegada evasión de impuestos federales.
“Estamos en un litigio (en el tribunal) con el IRS, y, como parte de ese proceso de litigio con el IRS, están pasando cierto número de páginas cada mes”, reveló a preguntas de El Diario Iris Figueroa, estratega sénior de políticas de la organización y de la campaña “PR No Se Vende / Not Your Tax Haven”.
El grupo examina unos 700 documentos de los, aproxidamente, 3,000 que solicitaron, y que, al momento, representan la totalidad de los archivos de las auditorías.
Figueroa explicó que el suministro de información, que inició este año, se dio luego de que llevaran su reclamo ante un tribunal federal a finales del pasado.
“Hicimos una apelación (ante el IRS). Ahora estamos en el tribunal, pero, como parte de ese litigio, se ha llegado a un acuerdo temporero sobre qué documentos nos van a ir entregando. O sea, quedan algunas partes redactadas, por eso sigue el caso, pero sí nos han empezado a dar algo”, precisó.
La entrevistada añadió que se encuentran analizando y verificando la información suministrada, pero que han detectado ciertos patrones.
Sin embargo, debido al hecho de que aún falta por recibir datos, Figueroa no quiso ahondar en el contenido. Especificó que, cada mes, el IRS les está enviando documentación.
“Vamos a estar viendo lo que está ahí adentro…Vamos a ver dentro de los próximos meses lo que recibimos. Si pensamos que estamos satisfechos con lo que recibimos o si queremos retar algunas de las redacciones, y ahí seguiría el caso (en el tribunal)”, anticipó.
“No siento que tenemos suficientemente clara la información como para dar alguna conclusión”, agregó.
A preguntas sobre si entiende que la investigación está adelantada o no, respondió: “Todavía no nos queda claro; hemos visto diferentes números de personas que estaban investigando, y no hemos podido descifrar cuál es el número exacto y en qué estado de la investigación están”.
La demanda ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia fue presentada por la organización el 17 de octubre del año pasado, luego de que IRS rechazara la apelación que radicaron ante la negativa a la solicitud inicial de FOIA.
El intercambio con el IRS sobre la campaña de auditorías inició el 28 de marzo de 2023 cuando la organización sometió un requerimiento a la agencia bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), que, entre otras cosas, pedía la divulgación de todos los registros entre el IRS y personas, organizaciones, asociaciones, entidades gubernamentales u otros grupos o afiliaciones que comentan o hacen referencia a la campaña de cumplimiento de la Ley 22.
La investigación del IRS a beneficiarios de Ley 22 en Puerto Rico
El IRS investiga a unos 100 beneficiarios de la Ley 22 que habrían reclamado beneficios en Puerto Rico sin cumplir con las reglas de residencia y fuentes relacionadas con las posesiones de los EE. UU.
“Estas personas adineradas están tratando de evitar los impuestos de los EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense, y esperamos que muchos de estos casos procedan a una investigación penal”, lee una entrada en la página web del IRS en julio de 2023.
La Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” forma parte del Código de Incentivos de Puerto Rico o Ley 60 aprobada en el 2019. El estatuto exime del pago de impuestos por dividendos, intereses y ganancias de capital a los extranjeros que se instalen en la isla.
Como parte de los requisitos para ser acreedor de los decretos que otorga el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), los beneficiarios deben residir en la isla al menos 183 días al año.
La intención detrás de la ley era que los inversionistas relocalizados en la isla crearan empleos e impulsaran el desarrollo económico. Los opositores consideran que el estatuto no ha producido las ganancias prometidas a nivel local, y, en su lugar, ha llevado a que la isla se convierta en un paraíso fiscal para extranjeros adinerados, principalmente estadounidenses. Además denuncian que la ley ha agravado la crisis de vivienda y los desplazamientos de puertorriqueños al facilitar la adquisición de propiedades por parte de estos inversionistas.
En mayo del año pasado, medios como el New York Times reseñaron que un informante del IRS reveló a funcionarios en el Congreso que la investigación que realiza el IRS para identificar a estadounidenses que puedan estar abusando de las exenciones fiscales otorgadas baja la Ley 22 apenas se había traducido en, aproximadamente, un 1 % de recipientes auditados.
A raíz de la solicitud de FOIA del CPD, 13 representantes demócratas encabezados por la boricua de Nueva York, Nydia Velázquez, enviaron una carta en noviembre pasado al IRS en la que emplazaban a la oficina recaudadora de impuestos a que agilizara la divulgación de información relevante que haya resultado de la auditoría.
La carta fue contestada en marzo del año pasado. Sin embargo, el IRS no divulgó detalles del estatus de la pesquisa y se limitó a decir que los archivos estaban bajo revisión.
La oficina recaudadora de impuestos añadió que estaba utilizando algunos fondos provistos a través de la Ley de Reducción de Inflación (IRA) de la Administración Biden para mejorar sus análisis de datos y ayudarlos a identificar devoluciones y reclamos fraudulentos.
La ley IRA fue una de las que paralizó la Administración Trump hasta tanto se determine si cumplen con la política pública que busca establecer el presidente.
En vista del panorama anterior, Figueroa duda de cuánto se pueda avanzar en las indagaciones.
“A nivel federal, ahora mismo, el IRS está en la defensiva, porque, como todas las agencias federales, están cortando trabajo, especialmente ese tipo de investigación; así que no sé cómo eso va a impactar lo que puedan hacer con la información que tienen”, expuso.
“El comisionado del IRS (Danny Werfel) dijo el verano pasado que parte de la razón por la que no se habían movido las investigaciones de Ley 22 tan rápido como querían era porque no tenían los recursos; que con la nueva ley (IRA) le habían dado más recursos y que se iban a mover mejor. Entonces a mí eso me preocupa que, si se le están quitando recursos al IRS, si las personas que habían sido asignadas para esta investigación, las mueven a algún otro lugar, por prioridades…pues, obviamente, eso también va a afectar”, añadió.
¿Qué dice la demanda de CPD contra el IRS?
El texto de la demanda presentada por CPD en Washington, que fue suministrada a El Diario, solicita la divulgación de cualquier informe o actualización sobre el estado de la campaña de cumplimiento de la Ley 22 compartida con miembros del Congreso o agencias gubernamentales; cualquier comunicación entre el IRS y las agencias del gobierno puertorriqueño con respecto a la campaña; cualquier resumen, presentación o datos disponibles sobre la cantidad de cartas blandas (‘soft letters’) emitidas durante la campaña; y todas las comunicaciones internas del IRS relacionadas con los procesos.
El 27 de marzo pasado, el IRS emitió una respuesta final a la solicitud de FOIA que presentó la entidad.
“El IRS declaró que había localizado 3,306 páginas de registros de respuesta y que estaba reteniendo la totalidad de las 3,306 páginas en virtud de las exenciones de la FOIA”, detalla el recurso legal.
La oficina federal también declaró que concedió la solicitud de CPD de exención de tarifas.
El 21 de junio, CPD apeló la negativa del IRS para proveer mediante FOIA los archivos.
El 2 de agosto, el IRS denegó la apelación.
Fue entonces que la organización presentó una solicitud de alivio al tribunal bajo el argumento de que el IRS no tiene base legal para oponerse a divulgar el contenido que pidió el CPD, por lo que estaría violando la ley FOIA.
El grupo le pidió al tribunal que declare que la omisión del IRS de proporcionar los registros en respuesta a la solicitud de la FOIA es ilegal; que ordene al IRS poner a disposición de CPD los registros solicitados; que costee razonablemente a la CPD por honorarios de abogados, y que conceda cualquier otra ayuda adecuada.
Este martes, Velázquez anunció que, junto a las también representantes demócratas, Alexandria Ocasio- Cortez (Nueva York) y Delia Ramírez (Illinois), presentaron un proyecto de ley para enmendar el Código de Rentas Internas con el fin de modificar la aplicación de las reglas de procedencia de los ingresos por activos digitales de los residentes en el territorio.
La legislación busca que inversionistas de la industria de las criptomonedas que se relocalizan en Puerto Rico bajo la Ley 22 tengan que pagar contribuciones de ingresos federales.
En esa dirección, Figueroa dijo a El Diario que cualquier medida radicada a nivel federal debe establecer claramente los límites de acción del gobierno local versus el de EE.UU.
“Yo creo que se puede hacer si cada uno permanece en su carril (“Stay in your lane”). El rol que sí tiene el gobierno federal es asegurarse que lo que se esté generando en un estado de Estados Unidos no se esté reclamando como algo que se generó en Puerto Rico, y que se esté pagando ese dinero o la tasa contributivo que se supone que la persona esté pagando. Tratar de evitar que se salgan con la suya en términos de tratar de reclamar algo en Puerto Rico. Pero la responsabilidad al fin y al cabo es del gobierno de Puerto Rico”, planteó.
“Yo lo veo como cualquier otra jurisdicción. Sea Suiza, sean Gran Caimán, sea Singapur, si hay un individuo de Estados Unidos que está reclamando que vive en Singapur por seis meses y generó ese dinero, pero en realidad estaba en Miami, es propio que el gobierno de EE.UU., le diga pues no”, puntualizó.
La activista recalcó, sin embargo, que el IRS tiene un departamento encargado de fiscalizar situaciones como esta y debería estar agilizando el paso.
“Ellos ya tienen las herramientas para fiscalizar eso; tienen un departamento entero del IRS. Yo creo que no es cuestión de legislar, tanto a nivel federal como estatal. No es cuestión de crear nuevas leyes, es cuestión de implementar las leyes que ya están escritas que no se están cumpliendo, y de ponerle recursos a las agencias para que hagan las investigaciones que tienen la autoridad para hacer”, reiteró.
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