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Sentencian a hombre de Maryland por plan para defraudar 28 tribunales federales

Osakwe Ismael Osagbue, intentó solicitar ilegalmente más de $1.8 millones de dólares en fondos no reclamados

Osagbue falsificó firmas y suplantó identidades.

Osagbue falsificó firmas y suplantó identidades. Crédito: Matt Slocum | AP

Un residente de Maryland, ha sido sentenciado a siete años y seis meses de prisión por perpetrar un elaborado plan de fraude postal y electrónico, falsificación de registros de quiebra y robo de identidad agravado, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.

La Fiscalía Federal en Puerto Rico reveló que el acusado, identificado como Osakwe Ismael Osagbue, intentó defraudar a 28 tribunales de quiebra en Estados Unidos, solicitando ilegalmente más de $1.8 millones de dólares en fondos no reclamados, informó EFE.

De acuerdo con la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Osagbue ideó un esquema para aprovecharse del sistema judicial estadounidense entre 2022 y 2024. Utilizando información personal auténtica, el hombre presentó solicitudes fraudulentas ante tribunales en distritos como Puerto Rico, Florida, Nueva York y Washington, con la intención de obtener dinero que no le correspondía. Solicitó más de $1.8 millones de dólares mediante documentos falsificados que simulaban ser reclamaciones legítimas.

El fiscal W. Stephen Muldrow explicó que “esta sentencia refleja el compromiso continuo de la Fiscalía de Estados Unidos de enjuiciar a los estafadores sofisticados que abusan del sistema”. La investigación reveló que Osagbue utilizaba registros públicos electrónicos para identificar casos con fondos no reclamados y enviaba solicitudes fraudulentas por correo y correo electrónico a los tribunales correspondientes.

¿Cómo actuaba Osagbue?

De acuerdo con informes, Osagbue se hizo pasar por personas reales utilizando nombres, números de seguro social y firmas falsificadas para solicitar pagos a cuentas controladas por él mismo o sus cómplices.

Además, enviaba comunicaciones electrónicas desde cuentas fraudulentas a los empleados judiciales para facilitar la aprobación ilícita. Una vez recibidos los fondos, retiraba el dinero en cajeros automáticos o lo depositaba en su cuenta bancaria personal.

Este esquema criminal no solo afectó la integridad del sistema judicial, sino también las finanzas públicas y las víctimas reales, cuyos datos fueron utilizados sin autorización. La denuncia fue presentada por el Tribunal de Quiebras del Distrito de Puerto Rico tras detectar irregularidades en las solicitudes presentadas por Osagbue.

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Puerto Rico Departamento de Justicia
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