Al menos tres migrantes arrestados por agentes de ICE en corte de Puerto Rico en un día; dos de ellos solicitaban asilo
El tercer migrante está casado con una ciudadana
Agentes federales en el tribunal de inmigración del Edificio Federal Jacob K. Javits en Nueva York, en junio pasado. Crédito: Yuki Iwamura | AP
NUEVA YORK – Al menos tres migrantes fueron detenidos en la corte de Guaynabo, en la zona metropolitana de Puerto Rico, el martes, reportó el periódico El Nuevo Día.
Uno de los casos, según el informe del medio local, fue el de una cubana de 58 años que había sometido una petición de asilo.
A la mujer le faltaban cuatro semanas para poder solicitar la residencia permanente bajo lo que se conoce como Ley de Ajuste Cubano o CAA.
La CAA es una ley federal que permite a cubanos que han estado presentes en el país por al menos un año y cumplen con ciertos requisitos de elegibilidad solicitar la residencia permanente legal.
Sergio Ramos, abogado de la mujer, argumentó que su clienta tenía derecho a continuar con su proceso de asilo porque es un derecho humano.
De acuerdo con la información, poco después de que la jueza Julia Díaz desestimara el pedido, personal de seguridad de la corte la escoltó al exterior donde se le indicó que tenía una orden de deportación.
Así las cosas, la cita judicial a la que la mujer había acudido para avanzar en su trámite de regularización terminó en una detención y la acercó más al país del que salió.
“Hay una situación muy preocupante con todas estas medidas que se están tomando porque afectan seriamente los derechos de los inmigrantes, a tenor con las disposiciones de ley vigentes. La gente va a la corte y no sabe si va a salir para su casa o va a salir para una celda”, planteó Ramos.
Lo mismo ocurrió con el caso de dos dominicanos, de acuerdo con el informe del rotativo. Los fiscales presentaron una moción de desestimación bajo el alegato de que las circunstancias cambiaron y que no estaba en el mejor interés del Gobierno mantener a los migrantes en Puerto Rico. A pesar de las mociones en oposición de los abogados, la jueza concedió la solicitud de los fiscales.
Uno de los extranjeros está casado con una ciudadana estadounidense que estaba en la corte también.
María del Rosario García, abogada del dominicano, cuestionó que el Gobierno no explicó cómo las circunstancias del caso habían cambiado y que no hubo servicio de traducción para su cliente.
“Esto lo que hace es erosionar la confianza en los sistemas de justicia. Sencillamente, si tú no les das a las personas el debido proceso de ley y atentas contra esta comunidad que es vulnerable, la pregunta es: ¿quién es el próximo? ¿Quiénes somos los próximos? No hay confianza en el sistema y, cuando usted no tiene confianza en el sistema, el caos es lo que va a regir”, declaró García.
El tercer arresto fue el de un migrante que estaba solicitando asilo bajo el alegato de que sufrió discriminación en República Dominicana por su origen haitiano.
Rossana de Castro, representante legal del solicitante, dijo que ese fue el tercer cliente detenido en la corte migratoria desde el 17 de junio.
Fermín Arraiza, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) capítulo de Puerto Rico, dijo que, una vez se desestima el caso, el tribunal pierde jurisdicción y el migrante queda desprotegido y a merced de los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
“Es evidente que existe una comunicación directa entre el gobierno, el tribunal y los agentes de ICE. O sea, citan a las personas para que vengan a esta vista diciéndoles que tienen unos derechos, y es toda una mentira”, argumentó el experto legal.
Un reporte previo del periódico, el 17 de junio, apunta a que casi una decena de migrantes que habían acudido ese día a sus citas en la misma corte fueron arrestados por agentes federales.
“Esta es la primera vez. En Puerto Rico, no se había dado. Eran personas en procesos de asilo, por VAWA (Ley sobre la Violencia contra la Mujer), un ajuste de estatus, entre otros remedios. Para ser considerado a quedarse, solamente están dándole tiempo a aquellas personas que tienen cancelaciones de deportaciones”, denunció la abogada Viviana Díaz Saviñón, quien llevó a clientes al tribunal.
En ese caso, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó la información.
Demanda contra la Administración Trump por arresto de migrantes en cortes
La semana pasada, un grupo de inmigrantes y activistas demandó a la Administración Trump en un intento de impedir que oficiales de agencias como ICE acudan a los tribunales para realizar arrestos en medio de audiencias programadas.
En el recurso legal presentado ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia se alega que este tipo de intervención atenta contra los derechos que cobijan a los migrantes y el debido proceso de ley que establece la Constitución.
La demanda, que emplaza a ICE, el DHS y al Departamento de Justicia, se radicó en nombre de 12 migrantes que han sido arrestados en audiencias judiciales con ayuda de las organizaciones Immigrant Advocates Response Collaborative (Immigrant ARC) y American Gateways. Estas entidades brindan servicios a personas que enfrentan un posible arresto y procesos de deportación cuando acuden a una audiencia judicial para cumplir con sus procedimientos de inmigración.
De acuerdo con un comunicado que encabeza la organización Democracy Forward, otro de los grupos que forma parte de la demanda de clase, los denunciantes comparecieron a sus audiencias con la intención de solicitar protección u otro estatus legal, pero inesperadamente, un abogado del gobierno solicitó al juez de inmigración que desestimara los mismos. “Cuando un juez accedió a la desestimación, a menudo a pesar de las objeciones de los demandantes, estos fueron arrestados y detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del DHS que los esperaban en el juzgado”, confirma el escrito.
El parte de prensa resalta que, en las últimas semanas, el DHS ha ordenado a los oficiales de ICE que arresten a personas incluso cuando un juez migratorio se niegue a otorgar la desestimación de inmediato o cuando una persona intenta apelar la misma. Lo anterior, de acuerdo con Democracy Forward, ignora tanto la autoridad de los jueces como la ley que requiere que las personas tengan la oportunidad de una audiencia de deportación completa para determinar si deben ser admitidas o deportadas.
“La administración Trump-Vance está utilizando los tribunales de inmigración como arma al amenazar a quienes cumplen la ley y se presentan a sus audiencias según lo dispuesto por el tribunal. Este plan ilegal inhibirá la participación en el proceso legal y viola los principios fundamentales del debido proceso y la equidad que sustentan nuestro sistema legal”, expuso Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward.
“Las personas que buscan refugio, seguridad o alivio no deben ser arrestadas, detenidas y deportadas sin la oportunidad de ser escuchadas y recibir el debido proceso. Estamos en los tribunales para defender el estado de derecho, detener este abuso de poder y garantizar que la justicia, y no las agendas políticas, guíe el sistema de inmigración”, añadió la portavoz.
Como respuesta a la demanda, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS para asuntos públicos, dijo a The Associated Press que arrestar a personas en cortes migratorias es más seguro para los agentes porque los inmigrantes han pasado por medidas de seguridad, además de que ahorra recursos porque los oficiales ya saben dónde estará un objetivo.
“No somos un reino medieval, no hay santuarios legales donde puedas esconderte y evitar las consecuencias de violar la ley”, argumentó McLaughlin a través de un correo electrónico. “Ninguna parte de la Constitución prohíbe arrestar a un infractor de la ley donde lo encuentres”, añadió la funcionaria.
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