60 años después de la Ley de Derecho al Voto, la lucha continúa
Nos enfrentamos a circunstancias que amenazan con socavar sus logros más importantes
Señal de ingreso a junta receptora del voto en la ciudad de Nueva Yoerk. Crédito: C.V. | Impremedia
El derecho a votar sin obstrucciones es uno de los derechos fundamentales que nos da voz en las decisiones que afectan nuestras vidas.
Por eso, la aprobación de la Ley de Derecho al Voto en 1965, y las medidas añadidas cuando se reautorizó diez años después, marcaron un hito para la plena participación cívica de millones de personas en Estados Unidos.
En vísperas del 60.º aniversario de la aprobación de la ley, nos enfrentamos a circunstancias que amenazan con socavar sus logros más importantes. Desde la decisión de la Corte Suprema de 2013 que desmanteló la disposición de preautorización de la ley, que exigía a los estados con un historial de discriminación obtener la aprobación federal antes de realizar cambios en la votación, los estados han aprobado 115 leyes que dificultan el voto, medidas que afectan con mayor dureza a los votantes negros, latinos y otros votantes de color.
Si a esto le sumamos medidas como la depuración de las listas electorales, el cierre de centros de votación en barrios no blancos o la falta de papeletas multilingües, se suma un esfuerzo concertado para dificultar el voto en nuestras comunidades.
Por eso, LatinoJustice PRLDEF se ha unido a numerosas organizaciones comunitarias y de derechos civiles de todo el país para apoyar la aprobación de la Ley de Promoción del Derecho al Voto John R. Lewis, recientemente reintroducida en el Senado de los Estados Unidos. Este proyecto de ley restauraría protecciones clave de la Ley de Derecho al Voto de 1965 y reforzaría disposiciones que abarcan temas como el acceso lingüístico.
Proteger y ampliar el derecho al voto de los latinos y otras comunidades excluidas del proceso democrático ha sido una parte vital del trabajo de LatinoJustice desde sus orígenes como el Fondo Puertorriqueño de Defensa Legal y Educación, fundado tan solo unos años después de la promulgación de la Ley de Derecho al Voto.
Y sabemos que podemos luchar, y ganar, para contrarrestar los intentos de excluir a nuestras comunidades de las urnas. Hemos combatido la redistribución injusta de distritos a lo largo de cinco ciclos decenales y seguimos impulsando con ahínco mapas que permitan a nuestras comunidades elegir a las personas que consideren que representarán sus intereses.
Si bien las protecciones federales se han debilitado, hemos logrado avances reales a nivel estatal, demostrando cómo pueden ser en la práctica leyes electorales sólidas e inclusivas.
Por ejemplo, ayudamos a aprobar la Ley de Derecho al Voto de Nueva York (NYVRA) en 2022. Es una de las leyes de derecho al voto más sólidas del país. Protege contra la discriminación, mejora el acceso para los votantes que no hablan inglés y aumenta la transparencia en la gestión de las elecciones y la delimitación de los distritos. También apoyamos una ley similar aprobada en Connecticut en 2023, y este año luchamos con éxito para asegurar su financiación completa. También estamos trabajando para aprobar leyes similares en varios otros estados.
La Ley John Lewis para el Avance del Derecho al Voto restablecería la preautorización, exigiendo a las jurisdicciones con un historial reciente de violaciones del derecho al voto que demuestren que cualquier nuevo cambio no discriminará. También crearía normas más estrictas para detener las purgas discriminatorias del censo electoral, el cierre de centros de votación y las fallas en el acceso lingüístico.
En LatinoJustice, creemos que votar es más que un derecho; es la forma en que nuestras comunidades construyen poder y generan cambios. Por eso, seguiremos luchando en los tribunales, en las legislaturas y junto a nuestras comunidades para garantizar que todos los votantes elegibles puedan emitir su voto, en cualquier idioma, sin barreras ni temores.
Aprobar la Ley John Lewis para el Avance del Derecho al Voto es una forma de honrar la labor de quienes nos precedieron y de garantizar una democracia más inclusiva para las generaciones futuras.
Ahora es el momento de que el Congreso actúe. Nuestro futuro depende de ello.
Isabelle C. Muhlbauer es la Gerente Nacional de Defensa del Derecho al Voto en LatinoJustice PRLDEF.
