Puerto Rico: Trump despidió a cinco de los siete miembros de la Junta de Control Fiscal, reportó Breitbart
El informe señala que un oficial de la Casa Blanca les notificó que Arthur J. González, Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas fueron cesados
Donald Trump visitó Puerto Rico en el 2017 tras el huracán María. Crédito: Manuel Balce Ceneta | AP
NUEVA YORK – Un reporte del medio Breitbart News este lunes afirma que el presidente Donald Trump despidió a cinco de los siete miembros de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico (FOMBPR), organismo federal que lleva administrando las finanzas y manejando la deuda pública del gobierno del territorio desde hace casi una década.
El informe del sitio web sindicado de noticias y opiniones señala que un oficial de la Casa Blanca les notificó que el presidente Arthur J. González, Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas fueron cesados de sus funciones.
En el artículo, que fue publicado en el medio conservador como “exclusiva”, se indica que la Junta no ha sido eficiente en su trabajo y que es necesario reconfigurar el organismo.
“La Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico ha sido dirigida de manera ineficiente e ineficaz por sus miembros gobernantes durante demasiado tiempo, y es hora de restaurar un liderazgo con sentido común”, habría dicho la fuente de la Casa Blanca.
El texto argumenta que, en promedio, los salarios del personal de la (FOMBPR) son un 1065 % superiores al ingreso familiar en Puerto Rico.
El funcionario hace mención de una reseña del Daily Caller de diciembre de 2017 que resalta que la Junta gastó $3 millones de dólares anuales para un total de 14 empleados.
Lo anterior equivalía a una media de $214, 000 dólares por salario de empleado, añade el reporte.
“Este salario promedio de 214, 000 dólares representa el 1065 % del ingreso familiar promedio anual en Puerto Rico, de 20, 078 dólares”, agrega el artículo.
En el texto también se menciona a Robert F. Mujica Jr., director ejecutivo de la Junta, y lo identifica como el anterior “gurú del presupuesto” del exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.
Sobre su salario, Breitbart News hace referencia a un escrito en la revista Jacobin de 2023. Mujica recibe un salario anual de $625,000, lo que representa un aumento considerable en relación con los, aproximadamente, $216,000 que ganaba como jefe de presupuesto del estado.
La recopilación cita parte del reportaje en el que se cataloga a la Junta como una “antidemocrática” que opera en secreto
“Puerto Rico, territorio estadounidense, se encuentra en bancarrota desde 2016 y sujeto a la antidemocrática Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), establecida por la administración de Barack Obama. Considerada durante las décadas de 1950 y 1960 como un modelo de democracia y éxito económico, cuyo inalterable pacto con EE.UU. había vencido al colonialismo, la isla está hoy gobernada en gran medida por unos pocos miembros de la junta continentales y un juez federal de Nueva York que controlan el gobierno local de Puerto Rico”, reseñó Jacobin.
El reciente informe además cita un escrito de The New Yorker del 2017 que apunta a que la Junta desembolsó regularmente millones de dólares a firmas consultoras.
“Durante gran parte de 2017, más de un millón de dólares al mes se destinaron a McKinsey para ‘consultoría estratégica’”, menciona la revista.
“Millones más han ido a parar a otras empresas, muchas de las cuales tienen conexiones políticas, para cubrir costos que incluyen catering y cargos inflados por fotocopias”, añade The New Yorker.
La FOMB, a la que popularmente se le conoce como “La Junta”, había dicho inicialmente que no había recibido notificación de los despidos.
“La JSF cuenta con siete miembros activos y no hemos recibido información de lo contrario”, señalaron.
Sin embargo, en horas de la tarde de hoy, confirmaron los despidos en un comunicado en su sitio web.
“La Junta de Supervisión ha sido informada por la Casa Blanca que el presidente Donald J. Trump
despidió a los siguientes cinco miembros de sus cargos: Arthur J. Gonzalez, Cameron McKenzie, Betty
A. Rosa, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas. La Junta de Supervisión continuará trabajando para cumplir con el mandato de PROMESA y en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, indican las escuetas declaraciones.
En julio pasado, organizaciones de la diáspora tronaron contra los nombramientos de Ubiñas, Rosa, González por parte del presidente Joe Biden, por entender que no representan los intereses del pueblo de Puerto Rico sino de los bonistas.
Las organizaciones, agrupadas bajo la coalición Power4PuertoRico, consideran que las autoridades federales deberían estar desarticulando el organismo en lugar de reorganizándolo.
Las designaciones de Biden se dieron a la par con la salida de David Skeel, como presidente de la Junta, puesto que ocupó por ocho años.
En septiembre, el entonces presidente anunció nombramiento del expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Cameron McKenzie, para formar parte de la Junta. Además reactivó las designaciones de Biggs y Nixon.
Con el nombramiento de McKenzie, se cumplió con el requisito que establece la ley PROMESA de que uno de los miembros de la Junta debe residir en la isla o contar con un negocio.
¿Qué dice PROMESA sobre nombramientos a la Junta?
El estatuto establece que la Junta estará compuesta de siete miembros nombrados por el presidente y uno exoficio nombrado por el gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Uno de esos miembro será seleccionado de una lista de individuos presentada por el presidente de la Cámara de Representantes; otro miembro será seleccionado de una lista separada presentada por el presidente de la Cámara de Representantes que estará compuesta de individuos que mantienen su residencia principal en el territorio o tienen las oficinas centrales de su negocio en el territorio; dos serán seleccionados de una lista presentada por el líder de la mayoría del Senado; uno será seleccionado de una lista presentada por el líder de la minoría de la Cámara de Representantes; un integrante de una lista presentada por el líder de la minoría del Senado; y otro será seleccionado a la entera discreción del presidente.
“Cualquier persona será elegible para nombramiento como miembro de la Junta de Supervisión sólo si tiene conocimiento y pericia en finanzas, mercados de bonos municipales, gerencia, derecho o la organización u operación de negocios o gobiernos; y, previo a su nombramiento, dicho individuo no es un oficial, oficial electo o empleado del gobierno local, un candidato para un puesto electo del gobierno local o un ex-oficial electo del gobierno local”, especifica la ley PROMESA.
Los miembros del organismo prestarán sus servicios sin paga, pero podrán recibir un rembolso de los gastos incurridos en virtud de su servicio en la Junta.
Para tomar decisiones, la Junta requiere un quorum de cinco.
Sin embargo, parte de la laguna en la ley federal es que no especifica un término de tiempo para llenar vacantes.
Otra parte de la ley establece que el presidente de EE.UU. puede remover con justa causa a cualquier miembro de la Junta. Justa causa significa que debe haber una razón válida y fundamentada para la destitución y que no puede ser una decisión arbitraria.
¿Cuándo y por qué se creó la Junta?
La Junta fue creada bajo la Administración Obama de manera bipartidista en el Congreso federal como resultado de la ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) y desde entonces lleva administrando las finanzas de la isla.
La Junta ha estado bajo cuestionamiento desde sus inicios por la imposición de planes de austeridad y por, supuestamente, intentar perpetuarse en la isla al hacer una interpretación acomodaticia de la ley.
PROMESA establece que la Junta abandonará la isla cuando Puerto Rico reestructure la totalidad de su deuda y logre acceso adecuado a los mercados de crédito a corto y largo plazo a tasas de interés razonables para satisfacer las necesidades de préstamo del Gobierno. Actualmente, la Junta lidera la presentación del plan de ajuste para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Adicional, Puerto Rico debe balancear su presupuesto durante al menos cuatro años o presentar cuatro presupuestos balanceados consecutivos para deshacerse de la Junta.
Un presupuesto balanceado incluye la emisión de pagos a la deuda reestructurada.
Audiencia sobre la Junta en comité de la Cámara de Representantes de EE.UU.
El mes pasado, el comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal realizó una audiencia para evaluar el funcionamiento de la Junta.
En el encuentro, entre otras cosas, Mujica fue cuestionado por los $2,000 millones de dólares de la Junta en pagos a consultores y firmas de asesoría legal en casi una década como parte del proceso de reestructuración bajo PROMESA.
El director ejecutiva dijo que la cifra incluye el costo de la Junta per se y su personal.
“Seamos claros. La Junta le ha ahorrado al pueblo de Puerto Rico más de $60,000 millones; $60,000 millones que los oficiales electos han incurrido en 16 años consecutivos, y eso resultó en las reducciones y las cosas que se han tenido que hacer”, añadió Mujica.
Sobre la estancia de la Junta, Mujica argumentó que la entidad ha estado más tiempo del estimado en Puerto Rico porque el Gobierno se ha resistido a las reformas.
“Es la culpa del Gobierno. Las herramientas y los mecanismos para que la Junta se vaya están en las manos del Gobierno”, insistió.
Mujica identificó el primer presupuesto balanceado presentado por el gobierno de Puerto Rico en junio como un buen comienzo para adelantar la salida del organismo.
Legisladores en la isla también se han sumado al llamado contra la Junta.
En junio, senadores aprobaron la Resolución 236 presentada por el presidente Thomas Rivera Schatz. A través del documento legislativo, se expresa el enérgico rechazo a la “permanencia arbitraria de la Junta de Supervisión Fiscal más allá de lo dispuesto en la Ley PROMESA”, y se reclama acción inmediata del Congreso y del presidente de EE.UU. para su disolución.
“La Junta de Control Fiscal no entiende el rol cardinal de los gobiernos municipales, de los servidores públicos, de la necesidad de levantar una infraestructura para que Puerto Rico pueda realmente regresar a una vida normal y entonces ser atractivo para la inversión y ser competitivo a nivel mundial? La Junta tiene que cumplir con dos objetivos que son los cardinales de la Ley PROMESA, arreglar las finanzas y devolvernos al mercado, pero qué ha hecho la Junta de Control Fiscal y eso es lo que aquí no nos ha querido decir”, indicó Rivera Schatz.
Rivera Schatz cuestionó que las exigencias de la Junta vayan mucho más allá de lo establecido por PROMESA.
“En la Resolución del Senado 236, establece lo que la Junta llamó las 50 acciones dentro del plan fiscal. Van mucho más allá de lo que es la Ley PROMESA. Llega hasta el extremo de que se recupere una calificación crediticia de grado de inversión pero la Ley PROMESA no tiene ese requisito. Tampoco figura en la Sección 209… lo que la Junta de Control Fiscal ha procurado es perpetuarse”, agregó el presidente senatorial.
El mes pasado, McKenzie defendió la presencia de la Junta en Puerto Rico bajo el argumento de que se trata de la quiebra más grande en la historia de EE.UU.
Adicional, adelantó que la Junta se enfoca en desarrollar una reforma contributiva “holística”.
Para avanzar en la meta, destacó como necesaria la colaboración del sector privado.
“Nosotros verdaderamente necesitamos que el sector privado grite. Necesitamos que ponga sus dos pies en la tierra y le diga (al gobierno): ‘Miren señores, nosotros estamos aquí, faja’os y necesitamos que nos hagan la vida más fácil para nosotros poder crecer los negocios’”, declaró en un foro auspiciado por Supermercados Econo.
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