Exasesora ambiental de la Casa Blanca pide a clientes de Sunnova en Puerto Rico estar vigilantes tras declaración de quiebra
Los consumidores deben asegurarse de que la nueva empresa que asuma los activos honre los contratos de servicio y sus derechos como consumidores
Paneles solares instalados por la empresa Tesla en el municipio de Las Piedras, en Puerto Rico. Crédito: Dennis M. Rivera | AP
NUEVA YORK – La veterana activista medioambiental y promotora de energía solar en Puerto Rico, Ruth Santiago, recomendó a los clientes de Sunnova Energy International, estar muy alertas ante la reorganización de la compañía luego de que se declarara en quiebra para que eviten ser víctimas de prácticas comerciales usureras.
La también exmiembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca bajo la Administración Biden argumentó que los consumidores que financiaron los sistemas de placas solares con Sunnova deben asegurarse de que la nueva empresa que asuma los activos honre los contratos de servicio y sus derechos como consumidores.
“Yo creo que la gente debe estar bien pendiente, y como son personas de mayor poder adquisitivo, pues tienen capacidad para defenderse un poco mejor, contratar abogados y juntarse…Si bien vimos que Sunnova no atendía, necesariamente, ni las garantías, mantenimiento, etc., con una compañía nueva que no originó estos contratos, muchas veces se ve, que el servicio es aún peor. Aunque el servicio como tal, lo proveen, en la mayoría de los casos, los mismos instaladores, pero si ellos no tienen una buena relación con esa nueva compañía que entra, podría afectarse seriamente el servicio”, señaló Santiago en entrevista con El Diario.
“Tienen que estar muy pendientes de cualquier cambio en la contratación; hablar con el instalador o la persona que le estaba dando el mantenimiento; cuidado con firmar cualquier nuevo documento que no le vaya a restar derechos; unirse como grupo para tratar de garantizar (el buen servicio)”, fueron parte de las recomendaciones de la líder comunitaria que forma parte de la coalición “Queremos Sol”, que impulsa la autosuficiencia energética a través de energía solar distribuida.
El pasado 8 de julio, la compañía con sede en Houston, Texas, se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal ante un tribunal en ese estado. La decisión afectará las operaciones en Puerto Rico.
Para Santiago, la decisión de Sunnova es “difícil de entender” considerando cómo los clientes en la isla han terminado pagando exorbitantes cifras por el alquiler de los equipos.
“Difícil de entender, porque al costo o precio que ellos tienen los sistemas, exorbitantes, que equivalen aquí en Puerto Rico como a una segunda hipoteca, ascienden a decenas de miles de dólares, parecería que es un negocio redondo, lucrativo. Y, de hecho, aquí han proliferado muchos instaladores. Quien domina por mucho el llamado mercado de financiamiento es Sunnova…que redunda en unas ganancias o en un negocio muy lucrativo para las compañías”, expuso.
La activista no descartó que la declaración de bancarrota pudiera ser una estrategia para evitar mayores pérdidas en vista del retiro de fondos federales bajo la Administración Trump para proyectos de energía renovable como “Acceso Solar”, del Departamento de Energía federal (DOE), por ejemplo.
“Una es que sabemos que Sunnova recibió unos beneficios grandísimos de la Administración Biden…Aquí en Puerto Rico han recibido también muchos beneficios. Y sabemos que algunos de los beneficios relacionados con energía renovable van a ir desapareciendo. Por ejemplo, del gobierno federal se han cortado cosas que pueden afectarlos a ellos; así que había cosas que apuntaban a problemas, pero, considerando los beneficios que han recibido en los últimos años, es rápido cuando están declarando esta quiebra”, analizó la abogada.
Un comunicado en la página de Sunnova señala que la declaración facilita un proceso de venta supervisado por el Tribunal de Distrito Sur de Texas.
“El 31 de julio de 2025, el tribunal aprobó la venta de esencialmente todos los activos y operaciones comerciales de Sunnova al Grupo Ad Hoc de prestamistas de financiación de deudores en posesión. En relación con la venta, SunStrong, un experimentado gestor de activos solares y proveedor de servicios, asumirá las obligaciones de servicio para ayudar a garantizar la continuidad operativa. Esta transacción representa un resultado exitoso en los procesos del Capítulo 11 de Sunnova que maximiza el valor de las partes interesadas y preserva la continuidad de las operaciones centrales para una mayoría significativa de los clientes y socios de Sunnova”, añade el mensaje.
En la entrada, Sunnova asegura que continuarán supervisando, gestionando y prestando servicio activo a los sistemas de baterías y de almacenamiento de energía solar de los clientes.
“Estamos comprometidos con la transparencia y tenemos la intención de proporcionar directamente actualizaciones con respecto a cualquier cambio sustancial que pueda afectar el servicio y soporte proporcionados por Sunnova”, añadieron.
Sin embargo, el historial leonino de Sunnova ha generado preocupación y dudas sobre el impacto de la bancarrota en los servicios y en las garantías.
En el 2019, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) declaró ilegales los contratos de alquiler de paneles solares residenciales de la empresa en la isla.
La entidad, encargada de reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética del gobierno de Puerto Rico, determinó que la empresa incurría en prácticas ilícitas en detrimento de los intereses de los clientes.
Por ejemplo, la compañía usaba la firma de verificación de crédito de los consumidores para incluirla en contratos que las personas no habían autorizado.
Lo anterior llevó a que boricuas quedaran atrapados en acuerdos por 25 años que ni siquiera habían visto.
Por otro lado, la evaluación, según el reporte del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), arrojó que Sunnova les indicó a los interesados en sus servicios que pagarían $3 mensuales por conectarse a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) más la mensualidad por el alquiler del equipo, o un equivalente de 30% en ahorros en su factura. Lo anterior era falso.
Para impugnar los contratos, los defraudados tenían la opción de iniciar un proceso de arbitraje.
El NEPR determinó que Sunnova incurrió en violaciones a la Ley 57-2014 o “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”.
En respuesta a los hallazgos, el NEPR ordenó a Sunnova a enmendar los contratos y divulgar la información completa sobre los servicios que ofrece y sobre las maneras en que los clientes podían impugnar las facturas.
Cuatro años después, todavía no se les había hecho justicia a los clientes timados por Sunnova, según un informe del mismo medio. Parte del problema, es que la resolución del NEPR solo cobijaba a quienes alquilaron los equipos de la empresa tras la decisión y no en el caso de recipientes con contratos ya adquiridos.
Para Santiago, la acción del Negociado deja ver el patrón de falta de imposición de medidas reparatorias una vez sus miembros llegan a una resolución contra una empresa.
“Uno lee las resoluciones del Negociado y señalan que Sunnova ponía a la gente a firmar en blanco o no le dijeron a la gente que era solamente placas y que no había baterías, y que no les iba a funcionar cuando no hubiera sistema de la red…Enumeran (violaciones), pero realmente no dan remedio para las personas que incurrieron en estos contratos desfavorables o leoninos que favorecen solamente a una parte, en este caso Sunnova, y pienso que eso es un patrón que vemos en el Negociado de Energía que, reconoce, no solo en el caso de Sunnova sino de otras compañías, como New Fortress, LUMA Energy, AES, que han infringido la ley, pero la medida no es reparadora”, cuestionó.
La experta comparó el proceder del NEPR en el caso de Sunnova con la situación con LUMA Energy, compañía privada que desde el 2020 maneja los activos de distribución y transmisión de la AEE en medio de constantes cuestionamientos sobre su pobre y deficiente servicio, y la recurrencia de los apagones.
“Por ejemplo, con LUMA, el Negociado tiene la autoridad de imponerle penalidades, pero nunca opta por hacerlo. En el caso de lo que se llama métricas de desempeño, teniendo toda la autoridad el Negociado para imponer penalidades, optó solamente por incentivos, y no se empoderó a sí misma para imponer penalidades que pudieran proteger al público”, mencionó Santiago quien ha sido una asidua crítica del contrato mediante alianza público privada.
Por otro lado, la entrevistada consideró importante que el ente tome medidas para garantizar el acceso universal en Puerto Rico a la energía solar.
“Es importante que se proteja el interés público, y más allá de estos sistemas y de la medición neta (registrar el exceso de energía de una instalación de energía solar y descontarlo de la factura del cliente), el Negociado necesita ver cómo promueve que todas las personas, negocios, las instituciones, tengan acceso a una seguridad energética, porque aquí, por muchas razones, todo el mundo necesita tener energía renovable distribuida muy cercana al punto de consumo, porque la red no funciona y los huracanes son frecuentes; hay mucho impacto de vegetación”, expuso.
Santiago insistió en que la solución está en utilizar para esos fines los miles de fondos asignados a través de agencias como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) en lugar de para la red eléctrica.
“Ese poder concentrado u oligopolio que tienen Sunnova y Sunrun (la otra compañía en Puerto Rico para financiamiento de paneles solares), particularmente aquí, no es beneficioso al interés público…Pero, lo que sucede es que, aunque hubiese una diversidad de financiadores de estos equipos, hay mucha gente que no puede acceder, y, por eso, es la propuesta de varias organizaciones para que los fondos que están asignados para el sistema eléctrico de Puerto Rico, esa cantidad histórica de más de $20,000 millones que, interesantemente, la primera mitad (alrededor de $10,000 millones) la asignó el presidente Trump en septiembre de 2020…esa cantidad que está asignada a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como subrecipiente…la Autoridad podría, para las personas que no pueden acceder, que no tienen el crédito, pero son abonados y pagan su factura de luz, podría proveerle los sistemas y seguir cobrándole la factura de luz a una tarifa con menor costo, porque los sistemas han bajado mucho de costo…”, emplazó.
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