“Migrar no es un crimen”, la nueva campaña de organizaciones en Puerto Rico contra las redadas de ICE y DHS
La campaña multimedia busca hacerle frente a lo que consideran las políticas autoritarias y contra los derechos de los migrantes de la Administración Trump
Mari Mari Narváez es la directora de la organización Kilómetro 0 en Puerto Rico. Crédito: Cortesía
NUEVA YORK – Bajo el lema “Migrar no es un crimen”, un grupo de organizaciones en Puerto Rico anunciaron este martes una campaña multimedia con el fin de hacerle frente a lo que consideran políticas autoritarias y contra los derechos de los migrantes de la Administración Trump en la isla.
“Ya a estas alturas no queda duda alguna, no solo de que el gobierno de Estados Unidos ha adoptado unas políticas autoritarias e incluso neofascistas donde hay campos de concentración donde se encarcelan masivamente a personas por el mero hecho de haber migrado, que, como decimos, no es ningún crimen; donde incluso se están enviado a gente a cárceles como El Salvador (CECOT) donde el gobierno de EE.UU. no puede rendir ningún tipo de cuentas, no tiene ni siquiera control de quién entra y sale de la cárcel…”, denunció Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0, junto a representantes de Amnistía Internacional de Puerto Rico, Comuna Caribe y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Narváez insistió que migrar es un derecho y no un crimen.
“No aceptamos el encarcelamiento masivo, el abuso y las violaciones de derechos a personas inmigrantes a lo largo de todo EE.UU. y de nuestro archipiélago. Resistir esta criminalización es un deber ético y político”, señaló la activista cuya organización se enfoca en el impulso de políticas contra el exceso de fuerza por parte de la instituciones como la Policía.
Para Narváez tampoco queda duda que el gobierno de Puerto Rico, encabezado por Jenniffer González, ha traicionado a las comunidades migrantes al respaldar las órdenes del presidente Donald Trump en el territorio.
“También yo creo que ya está claro que el gobierno de Puerto Rico ha traicionado a la comunidad migrante absolutamente. De explotarlos electoralmente y políticamente, pasaron de un discurso de que esto no va a pasar aquí, ‘esto no es nuestro problema’, y luego, poco a poco, se han ido posicionando con el gobierno de Trump como incondicionales y de sus agencias de ley y orden, entre comillas. Yo creo que no queda duda de que la población (migrante) está abandonada en términos institucionales con la excepción de unos municipios que han sacado la cara por las poblaciones migrantes como son Aguadilla y Hormigueros (que se declararon ciudades santuario)”, sentenció la activista en la conferencia de prensa.
Por su parte, la directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico, Annette M. Martínez Orabona, cuestionó que acciones de la Administración del presidente Donald Trump como la presencia de agente federales en cortes para arrestar a migrantes van en contra de las propias leyes federales que les permiten a estas personas regularizar su estatus.
“Es claro que hay una intención por parte del presidente Trump de no seguir la propia legislación federal de los procesos que están establecidos para que una persona migrante pueda exigir sus derechos. Estamos aquí frente a la corte de migración donde se ha podido documentar en distintas ocasiones que ICE está presente en los pasillos para arrestar personas cuando están aquí precisamente cumpliendo con lo que exige la ley para seguir sus procesos. Por eso, ahora mismo, el gobierno de Trump tiene varias demandas pendientes, una de ellas la presentó ACLU a nivel de EE.UU. incluyendo Puerto Rico, precisamente, para detener de una vez los arrestos que se están realizando aquí porque son ilegales y violentan los derechos de la gente que viene aquí a defenderse según establece la ley federal”, señaló la abogada.
La experta legal recordó que el derecho a migrar se encuentra en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU); está protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. “Estados Unidos es parte de estos convenios y no está exento de cumplir con las obligaciones allí expresadas”, resaltó.
“La propia legislación federal reconoce que las personas migrantes deben tener la oportunidad de ser escuchadas, de solicitar asilo u otras medidas de protección. EE.UU. tiene que proveer alternativas adecuadas y justas, que no pongan en peligro la vida y la dignidad humana de las personas migrantes que se encuentran en su territorio”, sostuvo la abogada.
La conferencia se realizó en el exterior del edificio que alberga las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Corte de Inmigración en Guaynabo, municipio en la zona metropolitana.
“Como puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos un deber ético y político de sacar la cara y defender a nuestros hermanos y hermanas, especialmente caribeños, pero de 39 naciones distintas por lo menos que estamos representadas en estas banderas (de personas) que han sido arrestados, excarcelados y cuyos derechos están violentándose todos los días por las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos”, añadió Narváez al hacer referencia a las imágenes de la campaña #MigrarNoEsUnCrimen.
La movilización se da en respuesta a lo que consideran un “alarmante incremento de violaciones a los derechos humanos” como resultado de las redadas de agentes federales en el archipiélago desde enero pasado a tono con las órdenes de Trump para incrementar los arrestos y las deportaciones.
La acción se ha traducido en unas 900 detenciones de migrantes que en su mayoría no tienen récord criminal, de acuerdo con los datos que manejan las organizaciones.
Por su parte, Hilda Guerrero cofundadora de Comuna Caribe, resaltó la rica historia migratoria de la isla y su aporte, y la necesidad de que los boricuas se comprometan con la defensa de los derechos humanos sobre cualquier otro interés.
“Puerto Rico tiene una historia migratoria que nos obliga a ser solidarios y solidarias. En vez de alertar a la persecución, al racismo, tenemos que abrazar el compromiso con los derechos humanos”, emplazó.
“(Esta campaña) busca visibilizar y denunciar el autoritarismo en la política federal contra las personas migrantes y la colaboración del gobierno estatal. También persigue identificar la historia migratoria puertorriqueña promoviendo un deber ético de resistencia y solidaridad con quienes buscan refugio”, añadió.
Liza Gallardo, directora ejecutiva en Puerto Rico de Amnistía Internacional, dijo que en la página web que habilitaron, sacalacarapr.com, las personas podrán encontrar recursos de apoyo, herramientas legales y formas de solidarizarse activamente con las personas y comunidades afectadas.
“Desde el inicio de las detenciones, el pueblo de Puerto Rico ha buscado maneras para solidarizarse con sus hermanos y sus hermanas, compañeros y compañeras, familiares y comunidades. Es por eso que lanzamos sacalacarapr.com”, detalló.
“Van a poder conseguir vasta información sobre formas de accionar. Estamos buscando maneras de cuidar, de proteger y de defender a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Algunas de las cosas que van a poder encontrar en esta llamada de acción es compartir recomendaciones a la comunidad sobre espacios seguros y redes de apoyo…”, abundó sobre el alcance de la campaña.
Guerrero agregó que el esfuerzo busca reforzar y construir redes de apoyo en defensa de los derechos que cobijan a todas las personas independientemente de su estatus migratorio.
“Esta campaña, no solo denuncia, también construye. Instamos a las comunidades a organizarse…a acompañarse y a resistir juntas. Estamos sembrando redes de apoyo para defender la vida”, señaló.
En qué consiste la campaña “Migrar no es un crimen”
Además del sitio web ya mencionado, la campaña incluirá la distribución de información en redes sociales, vallas publicitarias, emisoras de radio, carteles callejeros y espacios educativos, entre otros.
A través del llamado, las entidades exigen al Gobierno una política santuario de no cooperación con agencias migratorias federales.
También exigen protecciones legales y humanitarias para las personas migrantes, que incluyan el acceso igualitario a la salud, educación, vivienda y defensa legal sin importar su estatus; la descriminalización de la migración y el cese del encarcelamiento de estas personas.
La campaña incluirá actividades educativas y artísticas en distintas comunidades, talleres para orientar sobre cómo defenderse de intervenciones migratorias federales y jornadas de acompañamiento legal.
Hace poco más de una semana, El Diario entrevistó en exclusiva a Martínez Orabona sobre varios de los asuntos expuestos en la conferencia y más. A continuación, el video del intercambio:
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