Alcalde Adams seguirá peleando en tribunales para reabrir una oficina de ICE en Rikers Island

Un juez de Manhattan anuló la orden ejecutiva del alcalde Eric Adams para reabrir una oficina del Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Rikers Island, la cárcel más grande de Nueva York ubicada en Queens.

El fallo de la jueza de la Corte Suprema del Estado, Mary V. Rosado, fue contundente al declarar que se trata de una orden “nula e inválida”.

Rosado ya había bloqueado la orden temporalmente, solo que ahora la cancela de forma definitiva. Además, anula formalmente la posibilidad que en el futuro el alcalde, pueda firmar cualquier acuerdo con la agencia federal vinculada con este complejo carcelario.

La decisión final surge tras una dura demanda de 29 páginas presentada en abril por la mayoría demócrata del Concejo Municipal, que acusó a Adams de supuestamente orquestar un “pacto con la administración Trump” para que los federales desestimaran su caso de corrupción, a cambio de autorizar el regreso de ICE a Rikers.

Este argumento de una alianza entre la Casa Blanca y mandatario municipal también fue ratificado por Rosado, quien refirió en el fallo un “evidente conflictos de intereses”.

“La apariencia de este conflicto y la falta de recusación del alcalde Adams contaminaron por completo todo el proceso, mediante el cual se emitió esta Orden Ejecutiva N.° 50”, señala el escrito.

Por su parte, en un comunicado compartido por medios locales, el primer vicealcalde Randy Mastro discrepó la decisión de Rosado y confía en la capacidad de Adams para apelar el caso: “Avanzaremos cuando apelemos. Seamos claros: la jueza en ningún momento cuestiona que el contenido de nuestra orden ejecutiva, cumpla plenamente con la legislación local”.

El alcalde defendió su orden ejecutiva el pasado mes de febrero, como parte de una estrategia para que detectives del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) hagan equipo con los federales, para perseguir a pandillas y criminales violentos, para sacarlos no solo de las calles de la Gran Manzana, sino removerlos del país.

“Esta orden ejecutiva restablecerá la capacidad de los agentes del ICE para operar en Rikers Island, como fue hace 20 años. Ahora, se centrarán en ayudar a la oficina de inteligencia penitenciaria en sus investigaciones criminales, en particular las centradas en delincuentes violentos”, explicó Adams previo a la emisión de la anulada orden.

“No es necesario”

Por su parte el Defensor del Pueblo Jumaane Williams, cuya oficina dio soporte a la demanda para bloquear la orden ejecutiva, argumentó que se trataba de una acción que solo buscaba apoyar la “maquinaria de deportaciones masivas”, pues la Ciudad siempre ha tenido la capacidad de trabajar con funcionarios federales cuando ha sido necesario para abordar delitos violentos y proteger la seguridad pública.

“Ya sea en materia de inmigración, leyes de fianza justa o en otras áreas, la administración Adams parece estar más dispuesta a apoyar la narrativa de Trump. Eso puede ser útil para el alcalde en su próximo trabajo, pero no sirve a la gente de la ciudad de Nueva York“, acotó.

“Solo casos penales”

Por muchos años la agencia federal tenía presencia en Rikers para facilitar el traslado de inmigrantes que se encontraban sin permiso en Estados Unidos a custodia federal para su deportación. Sin embargo, la ley de santuario de la Ciudad de 2014 prohibió estas operaciones.

La orden de Adams además abría paso para que otras agencias federales, como el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración para el Control de Drogas y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU., dispongan de oficinas en la cárcel para apoyar las investigaciones relacionadas con pandillas y drogas.

Se aclaró que el enfoque se centraría exclusivamente en las investigaciones penales, no en la aplicación de leyes civiles ni migratorias.