UPR de Río Piedras descarta baños inclusivos para evitar pérdida de fondos federales por parte de Administración Trump
La rectora del recinto informó, mediante una carta circular, que el centro docente se ajustará al memo emitido en julio por el Departamento de Justicia federal
Los baños inclusivos o sin distinción de género se utilizan en distintos espacios. Crédito: Toby Talbot | AP
NUEVA YORK – Para alinearse con la política de la Administración Trump y evitar la pérdida de fondos federales, la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, descartó la aplicación de las reglas que permitían los baños inclusivos o sin distinción de género en el campus.
La rectora Angélica Varela Llavona informó el domingo a la comunidad universitaria mediante una carta circular que el principal centro docente del país se ajustará al memo emitido en julio por el Departamento de Justicia federal.
Como paso para descartar las reglas de baños de todo género, los encargados de la universidad básicamente dejaron sin efecto varias cartas circulares. Una de estas era la 14 del 15 de febrero de 2019, emitida por el entonces rector Dr. Luis A. Ferrao, y las del 11 de marzo y 4 de abril de 2024, relacionadas con la designación de baños inclusivos.
La notificación emitida por Ferrao, por ejemplo, señalaba que 10 edificios estarían identificados bajo esa categoría.
La decisión se tomó con base en la “Política Contra la Discriminación en la Universidad de Puerto Rico”, Certificación Núm. 58 2004-2005, que prohíbe toda discriminación en la educación, el empleo y en la prestación de servicios por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ascendencia, estado civil, ideas o creencias religiosas o políticas, género, preferencia sexual, entre otros.
Los cambios implicaron una fase de adiestramiento a empleados de la División de Seguridad y Manejo de Riesgos (DSMR), al personal docente y administrativo, así como a los estudiantes y toda la comunidad universitaria.
La Carta Circular NUM. 26-4 especifica que el descarte de los baños unisex responde al memo nombrado “Guía para beneficiarios de fondos federales sobre discriminación ilegal” del 29 de julio pasado emitido por la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi.
Parte del argumento de Varela Llavona es que se busca garantizar la estabilidad financiera de la institución ante la amenaza del presidente Donald Trump de que, si no se cumple con la indicación, podrían perder fondos federales.
“Esta determinación se toma con el propósito de garantizar el cumplimiento normativo, preservar la estabilidad financiera ante la posible pérdida de fondos federales esenciales y proteger los intereses de nuestra comunidad universitaria”, especificó el aviso público.
“Nuestro Recinto reafirma su compromiso con el respeto y la dignidad de toda su comunidad universitaria, fomentando un ambiente de respeto para todos sus estudiantes, personal docente y administrativo”, añadió la rectora.
En declaraciones a El Nuevo Día, la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, indicó que la institución velará por el bienestar de estudiantes que puedan ser víctimas de acoso debido a los cambios.
La funcionaria argumentó que atenderán cualquier evento relacionado con discriminación por género, según la ley federal conocida Título IX, que protege contra la discriminación y abarca acoso y violencia sexual por razón de sexo, entre otras situaciones.
“Le agradezco a la rectora por tomar las decisiones que corresponden dado las instrucciones que hemos recibido del gobierno federal, por una parte. Por otra parte, nosotros nos aseguraremos de proveer y, vamos a estar haciendo comunicaciones en esa dirección, de proveer los medios para que los estudiantes se sientan atendidos en todas sus preocupaciones”, indicó Jordán Conde al periódico.
El memo de la Administración Trump señala que se le retirarán fondos a entidades que incurran en “trato preferencial ilegal”.
“El trato preferencial ocurre cuando una entidad financiada con fondos federales brinda oportunidades, beneficios o ventajas a personas o grupos basándose en características protegidas de una manera que perjudica a otras personas cualificadas, incluyendo prácticas que se presentan como “preferenciales” para ciertos grupos. Dichas prácticas violan la ley federal a menos que cumplan con muy pocas excepciones”, afirman en el documento de nueve páginas.
El gobierno federal liga directamente estas prácticas con los programas DEI (Diversidad, equidad e inclusión)
En este contexto, el documento pone como ejemplo becas o programas basados en la raza.
“El programa DEI de una universidad establece un fondo de becas exclusivamente para estudiantes de un grupo racial específico (por ejemplo, la “Beca de Excelencia para Estudiantes Afroamericanos”) y excluye a solicitantes de otras razas que, de otro modo, cumplirían los requisitos, incluso si cumplen con los criterios académicos o financieros. Esto se extiende a cualquier oportunidad exclusiva para grupos raciales, como pasantías, programas de mentoría o iniciativas de liderazgo que reservan plazas para grupos raciales específicos, independientemente de su intención de promover la diversidad”, lee el memo.
Según la lectura que hace la Administración Trump, estos programas exclusivos para grupos raciales violan la ley federal de derechos civiles al discriminar contra otros grupos.
El memo también menciona la “segregación ilegal”, que la Administración afirma que ocurre cuando una entidad financiada por el gobierno federal organiza programas, actividades o recursos, como sesiones de capacitación, “de manera que separa o restringe el acceso por motivos de raza, sexo u otras características protegidas. Estas prácticas generalmente violan la ley federal al generar un trato desigual o reforzar estereotipos, independientemente del objetivo declarado (por ejemplo, promover la inclusión o abordar desigualdades históricas)”.
Cabe señalar que muchos de los programas o iniciativas que se mencionan en el documentos fueron creadas precisamente para responder a necesidades de poblaciones que históricamente han sido discriminadas y desventajadas o que enfrentan mayores retos de movilidad, educativa, económica y social en general.
En abril pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), bajo el señalamiento de propaganda DEI, dejó sin efectividad varias partidas para investigaciones en la UPR.
En el recinto de Río Piedras, unos $7 millones para programas RISE (“Research Initiative for Scientific Enhancement”) asociados a carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), fueron removidos.
Ese mismo mes, el Departamento Educación de Puerto Rico fue el primero en comprometerse a descartar iniciativas DEI.
Fue el subsecretario interino de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación federal, Craig Trainor, quien divulgó la información a una publicación estadounidense conservadora.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció la semana pasada la aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de ley que prohíbe los baños inclusivos en las agencias del Gobierno.
Aunque la medida fue aprobada a viva voz, no llegó a votación final.
“Es inaudito y un atropello a la democracia que la Cámara de Representantes apruebe por la vía del descargue una medida que no tuvo una vista donde se incluyeran todas las entidades que se oponen a la misma. No nos permitieron participar para explicar los peligros y la cacería que se pretende perpetuar con este proyecto de ley. El Proyecto de la Cámara 165 no es ni tan siquiera parte del programa de gobierno del PNP que tanto alardean para justificar sus atropellos”, aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación, según reportó Metro PR.
La medida presentada por la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, es avalada por la gobernadora.
Según el texto de la legislación, todas las dependencias gubernamentales deberán contar con un baño exclusivo para mujeres y otro para hombres con el fin de proteger la integridad física de todas las personas en igualdad de condiciones.
